Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en México revelaron el domingo las recomendaciones que hicieron a la fiscalía mexicana, entre ellas la de «cambiar la narrativa del caso».
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) divulgaron en un comunicado las sugerencias que entregaron el pasado 29 de abril a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, «para dar continuidad al trabajo de investigación del caso».
En el documento, el GIEI señala que sus investigaciones han mostrado «numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada ‘verdad histórica'» proclamada en enero de 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo.
De acuerdo con esa versión, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, las pesquisas del GIEI, cuya labor en el país terminó en abril al cabo de 14 meses, indicaron que no había evidencias científicas que confirmaran que los 43 jóvenes fueron quemados en el basurero.
Esa conclusión fue secundada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también colaboró en la investigación a solicitud de los familiares de las víctimas.
«En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto las motivaciones de los normalistas como el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino» de los estudiantes, indicó el GIEI en sus recomendaciones.
De acuerdo con el Grupo, «la narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo los que señalan que no puede responderse a esa pregunta (el destino de los estudiantes) y que señalan que se necesitarían nuevos estudios experimentales».
Asimismo, consideró necesario «investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales».
Entre tales delitos citó desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.
También indicó que las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. «Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar», apuntó el GIEI.
«La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales», enfatizó.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, recomendaron igualmente mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares de las víctimas y garantizar su seguridad.
«El Grupo espera que los hallazgos y líneas de investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas, fortalezcan el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad», indicaron.
Finalmente el Grupo, cuyas relaciones con el Gobierno cayeron en picada por las numerosas inconsistencias en la versión oficial señaladas por los expertos, agradeció «al Estado, a los representantes de las víctimas, a los familiares y a México la posibilidad de haber llevado a cabo su trabajo a pesar de las dificultades».
«Sobre todo, agradece también el apoyo, la atención y el monitoreo continuo de su trabajo por parte de numerosos sectores de la sociedad mexicana e internacional», acotó.
