18 de abril de 2016.- La congruencia programática de una plataforma electoral, debe establecer vínculos de identidad con los votantes, porque incide en la estabilidad del sistema político y le otorga certidumbre y dirección a la gobernanza y gobernabilidad democrática.
Un sistema político que tiene estructuras gubernamentales dinámicas y fuertes, es resultado de agendas programáticas ciudadanizadas, que trazan corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno e imprimen desde las campañas electorales, compromisos claros de institucionalidad, al guardar una estrecha relación de gobernanza activa y de calidad democrática con los ciudadanos.
A la inversa, un sistema político “hidropónico” es débil e inestable. Su corta raigambre de vinculación entre partidos y electores, refleja la frágil relación política que suelen sustentar en una plataforma programática ilusoria y en la promesa de soluciones distantes que generan anomias sociales al no escuchar, ni atender, ni entender las problemáticas de la sociedad.
El efecto y costo de esta precaria raigambre política, es el abstencionismo, el rechazo o el castigo del voto ciudadano, ante la inconcreción de las tareas del ejercicio de gobierno del partido en cuestión.
En este escenario también se dan casos de ignorancia velada de “votantes frágiles”, en los que el apoyo a partidos políticos con precaria congruencia programática en sus plataformas electorales, logra posicionar candidatos que ganan la contienda, y aun peor, resulta paradójico e inaceptable que en el ejercicio de gobierno, ignoran a estos electores que les brindaron su confianza.
Asimismo, resulta absolutamente cuestionable la “cultura política parroquiana o de súbdito”, donde los electores basan su lealtad y preferencia partidista en la empatía, agrado o desagrado, pero no en el pleno conocimiento del escenario político o de su rol histórico.
¿Qué hacer para construir una democracia capaz, no sólo de organizar elecciones, sino de erigir instituciones sólidamente funcionales, que en la inclusión irrestricta de la sociedad, genere oportunidades y un desarrollo integral?
La respuesta es contundente: horizontalizar el espectro político y privilegiar la participación corresponsable de la ciudadanía en la toma de decisiones del ejercicio de gobierno, con una dinámica que responda a las demandas del tejido social, y marque el fin de los partidos hidropónicos en el sistema político, así como la extinción de los votantes frágiles y la cultura política parroquiana y de súbdito.
¿Cómo hacerlo?
Es necesario asegurar el irrestricto cumplimiento del Contrato Social, que establece la planeación democrática como guía y prescripción de la ingeniería constitucional, que hace operativa con acciones la voluntad del pueblo, que es directamente proporcional al respeto del Estado de Derecho, e implica que la concreción de una tarea gubernamental, no puede marginar ni la voluntad ciudadana, ni construirse al margen de su participación.
El principio de democracia de calidad se funda en una sociedad abierta, donde la coexistencia política, admite la pluralidad de los actores y los incorpora en la congruencia del sentido unitario de la Nación.
Los preceptos políticos en la congruencia programática de las plataformas electorales, son claras. Una sola fuerza política debe sobresalir: la ciudadanía.
El ciudadano es génesis y razón política del Estado, por lo que el proceso electoral es, en esencia el escenario donde las ofertas políticas deben encausar una vez dirimida la contienda, un proyecto político común.
Las prescripciones hacia el ejercicio de gobierno ya están trazadas por las necesidades histórico-sociales, y los partidos políticos y candidatos no las pueden obviar.
Las oportunidades sociales se construyen en la praxis política cotidiana, y se fortalecen en una sociedad ampliamente politizada, que toma partido de la institucionalización y la hace suya.
La agenda ciudadana es clara. Se deben construir desde la gestión pública los instrumentos y mecanismos que garanticen la operatividad de planes y programas en materia de desarrollo social, desarrollo económico, gestión ambiental y desarrollo sustentable, seguridad y justicia, gobernabilidad y gobernanza, agenda internacional y proyectos estratégicos.
Esta debe ser la base de sustentación programática de las plataformas electorales, pero mucho más importante, el punto de partida de la cohesión social, que necesita el ejercicio del quehacer público.
La relevancia de la congruencia programática en las plataformas electorales, exige que la contienda política constituya una oportunidad para que partidos y candidatos dejen de proyectar acciones demagógicas o actos políticos circenses.
No se trata de descubrir el hilo negro, es preciso que la oferta programática constituya la capacidad de respuesta activa y corresponsable que demanda el pueblo. Quienes aspiran a ser representantes populares deben ampliar los cauces de interlocución y diálogo que requieren los ciudadanos, y abandonar el marasmo que ha traído la noche al país.
La contienda electoral no es una arena de gladiadores, donde predomina la ley del más fuerte. Partidos y candidatos deben entender que el proceso electoral marca la tendencia del ejercicio futuro de gobierno. Cuando el proceso es precario, demagógico e incongruente con la corresponsabilidad en la toma de decisiones y en su encausamiento social, también lo será el ejercicio de gobierno.
Hoy que la clase política vive aquejada por el descrédito y el ostracismo ciudadano, ¿no es acaso el momento de perfilar una nueva conducta política que estabilice el orden sistémico?
Este desafío requiere probidad, honorabilidad, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y ciudadano. En ello se funda el principio irrestricto del quehacer público y no en la relación distante a la cual nos enfrentamos. En este sentido es razonable admitir que no se gobierna a espaldas de la ciudadanía y que no se necesitan recetas, ni pócimas para garantizar la prevalencia de la voz ciudadana.
La raíz de los males endémicos del país, está en el anquilosamiento de la clase política. Se requiere volver a la revolución que encauzó la justicia social, como principio de estabilidad política, pero también humanitaria de la Nación.
No se puede olvidar ni tener una memoria laxa sobre los flagelos que hoy vulneran a nuestra sociedad, donde los contubernios tácitos y expresos de quienes tienen la obligación de proceder, han negado el derecho humano a la justicia.
El espacio político es la sustancia civilizatoria de la que emana el ejercicio de gobierno, que debe dignificar al pueblo. Partidos y candidatos no pueden extraviar la brújula. Sólo se requiere posicionar a la ciudadanía como el actor protagónico de la contienda electoral.
Agenda
- Ante el vencimiento del plazo constitucional, la Comisionada Presidente del INAI Ximena Puente, demandó de los congresos locales, la armonización de sus legislaciones en torno a la Ley General de Transparencia.
- El hecho de tortura hecho público la semana pasada, constituye un llamado para fortalecer el respeto a los derechos humanos y el debido proceso; y para prevenir y actuar con energía para castigar y no tolerar esta lamentable práctica.
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