17 de Abril de 2016

PRI infla militancia con prsos y muertos En 2014 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que para enero de 2015 superaría la cifra de 9 millones de militantes, por lo que se dio a la tarea de buscar simpatizantes para afiliarlos. Sin embargo, entre las personas que logró registrar, se encuentran desaparecidos, asesinados y hasta detenidos, y todos tienen la coincidencia de que ingresaron al registro tricolor el 1 de enero de 2014. Es el caso de las primas Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron desaparecidas en Chihuahua, aparentemente por el Ejército, y cuyo caso revisa la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nitza Paola está afiliada como priísta. Rodolfo Porras González, ex regidor en el poblado de La Concepción, en Chihuahua, fue asesinado en 2012 y afiliado al PRI el 1 de enero de 2014. Esta situación fue denunciada por la organización Mexicanos en el Exilio, con sede en El Paso, Texas, que comenzó a documentar casos de personas que fueron afiliadas por el PRI, pero que actualmente están desaparecidas, muertas o que están exiliados en Estados Unidos. “Mexicanos en el Exilio se fundó en 2008 como respuesta a la ola de mexicanos en Chihuahua que comenzaron a huir de la violencia en marzo de ese año, cuando el Ejército llegó al estado. Ahora no solamente se tiene que hacer frente a los abusos de las autoridades mexicanas, sino que también nos enteramos que el Partido Revolucionario Institucional se ha dedicado a afiliar a personas que ni siquiera viven en el país y a otras que están desaparecidas”, comentó el abogado Carlos Specter, representante de la organización. Todo comenzó cuando integrantes de esta organización se enteraron, a través de medios de comunicación, que personas asesinadas en Chihuahua habían sido afiliadas al PRI. “Nos dimos a la tarea de comenzar a buscarnos en las listas del PRI en Chihuahua y la sorpresa fue que encontramos un gran número de exiliados afiliados”, señaló. La mayor inconformidad, comentó Carlos Specter, fue cuando se dieron cuenta que en la lista de personas afiliadas el 1 de enero de 2014 hay nombres de intregrantes de grupos de la delincuencia organizada, quienes ya fueron detenidos e incluso extraditados.

Compra ‘maestro’ depas VIP en Miami A Bernardo Quezada Salas, actual diputado federal del Panal, formar parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le resultó muy redituable. Pese a contar con un salario no mayor a los 30 mil pesos mensuales, entre 2004 y 2008, el entonces líder de la sección 60 del SNTE y su familia adquirieron 13 propiedades inmobiliarias en Miami con un valor de 8.2 millones de dólares, de acuerdo con una investigación del diario Miami Herald. Once de las propiedades, condominios en el desarrollo de lujo Brickell Arch, fueron compradas en un solo día -el 1 de junio de 2005- por 6.3 millones de dólares. La adquisición, detalla el rotativo, fue de contado a través de compañías basadas en Florida a nombre de Quezada y sus familiares, cuando aquél estaba al frente de la sección sindical 60, que representa a docentes y administrativos del IPN. Un año antes, Jessica Peredo Rincón, esposa de Quezada, ya había desembolsado 1.1 millones de dólares por un condominio de lujo en el edificio Setai, en South Beach. Y, cuatro años después, la pareja adquirió otro departamento de tres habitaciones en Sunny Isles Beach, también en Miami, por 848 mil dólares. El legislador mantiene privada su declaración patrimonial, pero el Miami Herald encontró que los registros de los condominios pertenecen a compañías como Xiber, Cache e Ilcati. Éstas se encuentran a nombre del mismo Quezada, su esposa o sus cuñados Héctor Manuel y Claudia Peredo Rincón. De los 13 departamentos adquiridos por la familia, 2 fueron vendidos en 2012, cuando Quezada continuaba a cargo de la sección 60 del SNTE. Una de las unidades de Brickell Arch fue vendida por 550 mil dólares, unos 83 mil dólares menos de lo que costó originalmente, según el rotativo. Quezada también vendió el departamento de lujo en Sunny Isles, éste por 800 mil dólares, una pérdida frente a los 848 mil que pagó por él. No obstante, el condominio de Setai ahora está valuado en 2.6 millones de dólares, más del doble de lo que costó en 2004.

Cienfuegos se disculpa por la tortura a mujer En un hecho inédito, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ofreció ante casi 30 mil efectivos del Ejército y Fuerza Aérea, una «sentida disculpa» por el caso de dos militares que aparecen en un video difundido en redes sociales, y que los muestra torturando a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, junto con una policía federal, el 4 de febrero de 2015. Flanqueado por el subsecretario Noé Sandoval Alcázar y el jefe del Estado Mayor, Roble Arturo Granados, Cienfuegos afirmó que se trata de un suceso aislado, pero repugnante y deplorable, que daña de manera muy importante la imagen y prestigio que ha ganado dignamente el Ejército durante más de 100 años de lealtad a las instituciones y a los mexicanos. El mensaje del general reunió a elementos de tropa, clases, oficiales, jefes y generales en el Campo Militar número Uno, sede del Primer Cuerpo del Ejército Cuartel General, donde advirtió que no tolerará que se enfrente la ilegalidad con más ilegalidad. «La delincuencia se contiene con la ley en la mano», puntualizó. Su discurso de 12 minutos se transmitió vía satelital a todas las regiones, zonas militares y guarniciones del país, con el propósito de elevar la moral de las fuerzas armadas y advertir que no se permitirán actos que atenten contra la vida, dignidad, seguridad, integridad y patrimonio de la ciudadanía. Desde un templete en la explanada Damián Carmona, el secretario reiteró a los más de 170 mil elementos que integran el Ejército y Fuerza Aérea, la orden de reforzar el respeto a los derechos humanos durante todas sus misiones.

Sedena se disculpa por tortura de dos soldados a mujer Ante 30 mil soldados congregados en la plaza Damián Carmona del Campo Militar número 1, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que quienes actúan como delincuentes no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas; lo anterior tras ofrecer una disculpa pública a la sociedad por los actos de tortura que cometieron dos miembros del Ejército en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015. Al referirse a las imágenes que aparecen en un video donde dos militares y una agente federal torturan a una mujer, el secretario dijo que en él se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar. Sin embargo, dijo que se trató de casos aislados. Aseguró que estos sucesos repugnantes, aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad. En ese contexto, reconoció el esfuerzo aportado por alrededor de 50 mil compañeros, todos los días, en todo el país, hasta los rincones más apartados, en las sierras, costas, en áreas urbanas y rurales, altamente conflictivas. Cienfuegos Zepeda lamentó la pérdida de vidas de jóvenes militares, también mexicanos con sueños y aspiraciones que fueron truncados, así como de otros lesionados en cumplimiento de su deber, y los que han quedado incapacitados. Pero, sobre todo, de sus familias, destruidas moralmente; ¡también ellas son víctimas de la delincuencia!

Empresas ocultaron información sobre caso Ayotzinapa: CNDH El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, denunció que empresas obstaculizaron investigaciones que la CNDH y la PGR realizaron en el “Puente del Chipote”, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. González Pérez aseguró que dichas empresas no aportaron la información que les fue solicitada por las autoridades, por lo que encubrieron a probables responsables de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Sin embargo, el ombudsman nacional no dio nombres ni el giro de las empresas involucradas. “No podemos revelar datos porque incurriríamos en alguna responsabilidad, pero la información la tiene la Procuraduría General de la República en los documentos que entregamos”, argumentó. Reiteró que no se puede revelar información que pueda identificar a las empresas, ya que se pondría en riesgo la seguridad del testigo que presenció los hechos en el “Puente del Chipote”, en los que ligó a policías federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. González Pérez recordó que la CNDH formuló 17 observaciones a la PGR relacionadas con los hechos de desaparición de los normalistas en el “Puente del Chipote”. “Se suman a las 26 formuladas a la PGR el 23 de julio de 2015, contenidas en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala”, indicó.

La CIDH no sustituye a la CNDH: González Pérez Cuando la noche del 26 de septiembre de 2014 se conoció la noticia de que en Iguala habían sido secuestrados 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, conocida como “Ayotzinapa”, se prendieron los focos de alerta. Se hablaba de un enfrentamiento entre criminales. Se decía que los jóvenes acudían para “reventar” el informe de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca. Corrían las versiones: la Policía Municipal detuvo por “órdenes del alcalde”. Confusión total. Al día siguiente, el 27 de septiembre, se comprobaba el hecho: 43 jóvenes fueron sustraídos de los autobuses que secuestraron en Chilpancingo por municipales tanto de Iguala como de Cocula. El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, abría la averiguación previa y el cinco de octubre rendía su informe: los 43 jóvenes fueron asesinados por el grupo criminal “Guerreros Unidos”. ¿Qué ha pasado desde entonces? Diferentes versiones. Desde la “verdad histórica” hasta las marchas, protestas, exigencias, denuncias, detenciones de cuando menos 120 presuntamente involucrados y el caso sigue igual: sin cuerpos encontrados, sin pruebas que demuestren su muerte, sin elementos para cerrar el caso. Llegaron los expertos forenses argentinos. Más tarde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Fin de sus trabajos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedaron incompletos. Los del GIEI querían otra prórroga para seguir sus investigaciones. Nunca aceptaron lo que la Procuraduría General de la República establecía. Nunca aceptaron los otros peritajes. Por primera ocasión, el Ombudsman nacional insiste en el tema: Ningún grupo, ninguna institución foránea, sustituye a las nacionales. “Con independencia de la continuidad o no del GIEI, yo sí quiero señalar que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una institución sólida”. JMN: No puede ser sustituida… LRGP: No.

Urge Mancera a atender Bordo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió que se inicien ya los trabajos para extraer el biogás que se encuentra en el relleno sanitario del Bordo Poniente y con ello disminuir la contaminación que genera este vertedero. Recordó que el sitio de disposición de desechos orgánicos se licitó y se entregó a una empresa con ese fin, pero los trabajos no han comenzado. El 1 de noviembre de 2012, la empresa Servicios Eléctricos Metropolitanos ganó la licitación para extraer el biogás del Bordo Poniente y generar energía eléctrica, pero hasta la fecha el proyecto no ha avanzado más allá de la etapa de documentación. Mancera puntualizó que Hacienda podría facilitar recursos para concretar ese proyecto que sanearía uno de los principales focos de contaminación. Parece ser que ya está solucionado el problema del financiamiento, añadió el jefe de Gobierno.

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