15 de Abril de 2016

El 30 acaba tarea del GIEI por los 43 normalistas: EPN El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, concluirá su mandato el 30 de abril. En conferencia conjunta con el primer ministro de esta nación europea, Lars Lokke Rasmussen, subrayó que el gobierno federal ha definido claramente su posición sobre un acuerdo que se está cumpliendo. “Es un mandato que además está convenido como tal, con un tiempo determinado, incluso ampliado a lo que originalmente el grupo de expertos había solicitado de extender su presencia cuatro meses y, sin embargo, se prolongó hasta seis meses. “Creo que lo que las instancias encargadas del tema de derechos humanos han fijado y han definido es justamente la posición que hoy tiene el gobierno en este tema”, puntualizó el presidente Peña Nieto. Señaló que el propósito de la disposición del gobierno para con el GIEI, “sobre esta apertura”, fue para generar un espacio de observancia internacional, de coadyuvancia al proceso de investigación que tiene la Procuraduría General de la República (PGR). “Es de esperarse el informe final que rinda este grupo de expertos que coadyuve a la investigación exhaustiva y profunda que ha realizado la Procuraduría”, declaró. El mandatario expuso que esta posición del gobierno se da a partir de un acuerdo “tomado con las partes en lo que hace al alcance de la participación de este grupo, que es a la coadyuvancia en el proceso de investigación, con elementos que enriquezcan el análisis de la autoridad constituida para tal propósito, que es la Procuraduría General de la República”.

Detecta EU cártel… en Cuernavaca Un nuevo cártel de la droga, responsable del tráfico de heroína a Estados Unidos, opera desde Cuernavaca, Morelos. El Departamento del Tesoro de EU reveló ayer la existencia del grupo, al que identificó como el Cártel de los Laredo, y lo integró como parte de su lista negra de organizaciones transnacionales del narcotráfico. Tres hermanos afincados en la capital morelense encabezan la organización criminal, a la que se acusa de exportar más de una tonelada de heroína hasta la costa este de Estados Unidos. «La organización de tráfico de drogas de Los Laredo es responsable de contribuir a la epidemia de drogas y al problemático aumento en el abuso de heroína en todo el país», advirtió ayer John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia identificó a los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo, originarios de la región de Tierra Caliente, Guerrero, como los cabecillas del nuevo cártel. Job es conocido como «El Gordo» y habría nacido en 1968 en el Municipio de San Miguel Totolapan; Rubén, en Heliodoro García (sic), en 1974, e Ismael, en Acapulco, en 1983. Junto a la identificación de los tres hermanos, que permite la confiscación de los bienes que tengan bajo jurisdicción de EU, el Departamento del Tesoro también señaló a otros cinco individuos que los apoyan, entre ellas las esposas de Job e Ismael, Mercedes Barrios Hernández y Daniela Gómez Velázquez, respectivamente. Según una acusación sellada en la Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania, en Filadelfia, en la que están acusados 37 individuos en México y Estados Unidos, los hermanos Job e Ismael serían los responsables de traficar más de mil kilogramos de heroína entre 2008 y 2014. De acuerdo con el mismo documento, los distribuidores de heroína afiliados al Cártel de los Laredo estarían presentes en Chicago, Illinois; Filadelfia, Pensilvania; Camden, Nueva Jersey, y Nueva York.

Implica la CNDH a 2 de la PF en Iguala La declaración de un chofer de la empresa Estrella de Oro motivó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitara a la Procuraduría General de la República indagar una nueva línea sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se presume que policías del municipio de Huitzuco, Guerrero, y dos elementos de la Policía Federal, pudieron haber participado en estos sucesos. Se supo que el testigo, con identidad reservada con las iniciales G.J.R., ya había declarado ante el Ministerio Público federal, pero después de un año cambió su versión. La PGR informó que ya investiga esa línea y “profundizará” en ésta, y en su momento dará a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que realizó la CNDH. La petición del organismo se realizó en marzo de este año. Tras la petición del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, la Policía Federal respondió que esa línea de investigación, en la que se implica a los agentes federales, no es nueva y tampoco aporta elementos adicionales a la investigación del caso Iguala. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había solicitado a la Policía Federal y a la PGR investigar a la policía de Huitzuco, “por si hubiese participado en los hechos”, pero los expertos nunca mencionaron la participación de agentes federales.

En la desaparición de los 43 hay otros cuerpos policiacos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló el contenido de declaraciones de un ‘‘testigo clave’’ que señala que en la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, también participaron al menos dos agentes de la Policía Federal (PF) y elementos policiacos del municipio de Huitzuco. Estos elementos habrían participado en la retención del autobús 1531 de la línea Estrella de Oro bajo el Puente del Chipote, en Iguala, Guerrero, donde viajaban entre 15 y 20 estudiantes normalistas que están desaparecidos. De acuerdo con el testimonio, los jóvenes habrían sido subidos a cuatro patrullas –una de la policía de Iguala y las tres restantes de Huitzuco– rumbo a este último municipio, por lo que la CNDH recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar ‘‘acciones urgentes de búsqueda’’ en esa localidad. En conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el titular de la oficina especial de dicho organismo para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, informaron sobre el avance de sus investigaciones sobre el caso.

CNDH: policías federales implicados en caso Iguala Dos agentes de la Policía Federal habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 2 6 de septiembre de 2014, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, dio a conocer el testimonio de un testigo contactado por el organismo, que presenció los hechos ocurridos en el llamado Puente del Chipote, ubicado sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, y donde presuntamente se derivó una segunda ruta de desaparición en la que pudieron haber tomado parte elementos federales de la Policía Municipal de Huitzuco. «Si bien, la determinación final sobre la veracidad y pertinencia de los testimonios recabados por la CNDH corresponderá a las instancias ministeriales y judiciales competentes, en opinión del organismo nacional las características de los mismos justifican que sean tomadas en consideración en las investigaciones correspondientes», afirmó González Pérez. Por su parte, el director de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larreta, leyó la declaración del testigo en la que relató que la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro con número económico 1531, que salió de la terminal de Iguala pasadas las 9 de la noche con entre 15 y 20 estudiantes abordo, fue forzado a detenerse en el Puente del Chipote por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, tras haber sido perseguidos por dos patrullas a balazos.

Los acuerdos se cumplen, dice Peña Nieto al GIEI Tras ratificar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes saldrán del territorio nacional el 30 de abril, previa entrega de su reporte final, porque “los acuerdos se cumplen”, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a que la investigación seguirá “esté o no esté el GIEI”. El propio Ejecutivo, durante su visita oficial a Dinamarca, recordó que si se pidió ayuda a estos investigadores fue para “generar un espacio de observancia internacional, pero sobre todo de coadyuvancia en el proceso de investigación”. En México, el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián hizo ver que en lo que va de la investigación del caso Ayotzinapa, el país ha realizado más de 650 tareas de búsqueda, muchas con el propio GIEI. La severa controversia que ha generado este organismo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extendió a las cámaras Alta y Baja. En la primera, su presidente Roberto Gil, se pronunció porque las diferencias entre la CIDH y el gobierno de Peña Nieto se resuelva y que el GIEI informe “qué encontraron en su investigación, qué no encontraron; cuáles son los principales retos institucionales que tenemos en a investigación, cuáles son los obstáculos, hacia dónde se puede encaminar una investigación profunda para obtener la verdad material de los hechos y sobre todo, para que los culpables paguen sus consecuencias”. Allá en San Lázaro, el responsable de los diputados, Jesús Zambrano, afirmó que más allá de la discusión de que si se va o se quedan los multicitados expertos, lo importante es conocer la “verdadera verdad” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

El Bordo, sin inspección en 4 años Desde su cierre, el 19 de diciembre de 2011, autoridades ambientales no han realizado ninguna inspección al Bordo Poniente, pese a que es un foco de contaminación por el dióxido de carbono y el metano que emite a la atmósfera, además de la fuga de líquidos tóxicos que produce la basura y que van a parar al subsuelo. De acuerdo con documentos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente visitó el tiradero en diciembre de 2011 y enero, abril y agosto de 2012 para verificar las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México relacionadas con el cierre de la cuarta etapa. Tras la última inspección se advirtió que eran necesarias medidas urgentes para detener la fuga de lixiviados, al representar riesgos de contaminación a acuíferos como el río Churubusco y el Canal de la Compañía y los drenes de Xochiaca y general del Valle. Se recomendó reemplazar las geomembranas porque estaban rotas o en mal estado. Pese a su cierre, el Bordo recibe diariamente cuatro mil toneladas de basura orgánica, está plagado de garzas que antes pasaban de largo, tiene fauna nociva y genera olores nauseabundos que llegan hasta el aeropuerto capitalino.

Expertos del GIEI sólo pidieron cuatro meses y se quedaron un año El Presidente de la República, Enrique Peña respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —quien se atribuyó la decisión de ampliar la estancia de sus expertos para el caso Iguala— que no se ampliará el plazo para su estancia en México y, dijo que a partir del 30 de abril será solamente la Procuraduría General de la República la única instancia que continúe con dicha investigación. “No iría más allá de lo que el gobierno ha decidido claramente, sin duda es un acuerdo que se está cumpliendo en un mandato que está convenido como tal, con un tiempo determinado e incluso, ampliado a lo que originalmente el grupo de expertos había solicitado. “Primero dijeron que harían presencia cuatro meses y se amplió hasta seis meses y luego otros seis; yo reitero lo que ya el gobierno ha fijado a través de las instancias correspondientes dedicadas al tema de derechos humanos”, indicó. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro danés, Lars Lokke; Peña Nieto fue cuestionado sobre el desafío que lanzó ayer al gobierno mexicano el presidente de la CIDH, James Cavallaro de que ellos deciden si se amplía o no el plazo para continuar con la investigación, a lo que respondió: “Está claramente señalado que hay un acuerdo tomado, que su participación culmina el 30 de abril”. El primer mandatario resaltó que su gobierno siempre se abrió y tuvo la disposición de apertura a la “observancia internacional” en ese caso para enriquecer la investigación, sin embargo, precisó, corresponde a la PGR continuarla.

Ven insuficiente alivio para Pemex Aún con el alivio en la carga fiscal para Pemex anunciado este miércoles, la petrolera está en desventaja frente a sus competidores. Aunque se le liberen 50 mil millones de pesos en sus obligaciones para 2016 y que Pemex opte por elevar su límite de deducciones a entre 6.1 y 8.3 dólares por barril -lo que representa cerca del 25 por ciento en promedio de sus costos- sus pares petroleros pueden deducir casi el doble en México o en el extranjero. En las primeras dos rondas de aguas someras, por ejemplo, los ganadores como la mexicana Sierra Oil o la argentina E&P Hidrocarburos pueden recuperar hasta el 60 por ciento de sus costos, es decir más del doble de lo que tiene permitido Pemex. El cambio anunciado regresa a Pemex a los estándares previos a la reforma cuando podía deducir 6.5 dólares por barril, con lo que fracasó el objetivo de la reforma energética de disminuir su carga fiscal, de acuerdo con expertos. Alejandra León, analista de IHS Cera, señaló que la diferencia es muy amplia entre el esquema que tienen los operadores de las Rondas 1.1 y 1.2 contra los que tiene Pemex, pese a operar en campos similares. Para Fluvio Ruiz, exconsejero profesional de Pemex, no solo se fracasó, sino que se afectó a Pemex, pues en los peores momentos de sus finanzas no lo dejaron deducir una mayor proporción de sus costos.

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