Ciudad de México, 13 de abril de 2016.- La Comisión de Educación Pública aprobó el dictamen de la minuta por el que se establece en la Ley General en la materia la obligación del Estado de privilegiar el interés superior de niños y adolescentes en su derecho a la enseñanza.
Ello, por encima de cualquier otro que imposibilite su acceso y permanencia en los servicios del Sistema Educativo Nacional.
Plantea que la instrucción impartida en dicho sistema deberá basarse en los derechos humanos y de igualdad sustantiva, para garantizar el respeto a la dignidad de las personas, el desarrollo de sus potencialidades y personalidad, y que se fortalezcan la protección, el ejercicio y el respeto a las garantías y libertades fundamentales.
El documento, avalado en el Senado de la República el 8 de abril pasado, precisa que aunque a nivel internacional existe un amplio consenso de que la protección de la niñez no se debe obviar, “el principio del interés superior de la niñez no se encuentra consignado en el texto de la Ley General de Educación”.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que el principio del interés superior de la niñez “implica que el desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
En un comunicado la instancia legislativa, señala que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, menciona que velar por sus garantías tiene como objetivo lograr su desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
“Sin embargo, la realidad demuestra que tanto el derecho a recibir educación como el interés superior de la niñez, se encuentran afectados por factores que limitan, anulan o menoscaban su progresividad”, subraya.
Advierte que la deserción escolar, el bullying, la discriminación, el cierre de escuelas por la intolerancia religiosa, usos y costumbres o las marchas y huelgas de maestros donde miles de niñas y niños están siendo afectados por la suspensión de clases, son algunos de los factores que afectan estos derechos.
Esta modificación legal tiene como objetivo consignar el interés superior de la niñez como principio rector fundamental que oriente la política y los servicios educativos, y que, partiendo de éste, no pueda estar cualquier otro interés por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
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