08 de Abril de 2016

CIDH: nos atacan; es falso dice la SRE La confrontación entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) vivió un capítulo más ayer, cuando el organismo pidió cuentas a la Federación por los “ataques” a su secretario general, Emilio Álvarez Icaza, al grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa y a su reciente informe sobre derechos humanos en el país. Durante la audiencia pública que solicitó el Estado mexicano y que se realizó ayer en Washington, el comisionado Paulo Vannuchi denunció “los fuertes ataques de las autoridades públicas de México” al trabajo de la CIDH y el “daño irreparable” provocado a Álvarez Icaza por la acusación penal que presentó en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega. “Eso fue un poco cobarde, porque debía de haber sido un ataque a la comisión, todo el trabajo de Emilio fue en nombre de la CIDH”, sostuvo el comisionado ante los representantes del Estado mexicano y de las organizaciones de la sociedad civil. En representación del Estado mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, contestó a las acusaciones que “no hay nadie del gobierno de México involucrado en ninguna campaña de desprestigio ni contra las organizaciones civiles, ni contra la CIDH, ni contra el secretario ejecutivo ni contra el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”. Vannuchi señaló que “el problema fundamental” de los derechos humanos en México es que las leyes incorporan “avances considerables” que “muchas veces están lejos de los hechos, como en el caso del grupo de expertos” de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. “El GIEI fue una operación conjunta que nos costó tiempo de discusión; vamos a hablar en los próximos días”, señaló Vannuchi.</p> <p>En la audiencia —la primera de las cuatro sobre México que celebró ayer la CIDH— ni gobierno ni comisión hicieron referencia al anuncio que el miércoles hizo el GIEI de que rompía la colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) por el nuevo peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula.

Sufre Tepoztlán En uno de los principales destinos turísticos de fin de semana para los habitantes de la Ciudad de México se registra un incendio desde hace tres días. Luego de 72 horas, el fuego está sin control y han sido afectadas más de 244 hectáreas de bosque protegido en Tepoztlán. Anoche, al cierre de esta edición, las autoridades informaron que sólo se había controlado el 40 por ciento de toda la zona del incendio. El fuego inició el martes por la tarde producto de una quema agrícola realizada por campesinos, la cual se salió de control. Más de 200 brigadistas, más de 100 elementos del Ejército y 5 helicópteros de la Marina y de los gobiernos del Edomex y la Ciudad de México combatían por tierra y aire el incendio. El miércoles se había controlado 80 por ciento del incendio, pero, por la noche y la madrugada de ayer, el viento avivó el fuego y tomó gran fuerza. «El miércoles logramos controlar tres frentes del incendio: el frente norte, el oriente y el sur», informó Topiltzin Contreras McBeath, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. «Sin embargo, por los vientos de hasta 15 kilómetros por hora, el incendio saltó las brechas, zanjas (cortafuegos) que habíamos hecho, y avivó el fuego y se nos salió de control». La zona incendiada se ubica entre las comunidades de Santo Domingo y San Juan Tlacotenco, en un área de riscos a la que es prácticamente imposible llegar por tierra. En la zona, la vegetación está compuesta en su mayoría por oyameles, pinos y encinos. Y en la fauna destacan los conejos, tlacuaches, víboras de cascabel y ardillas. Ante la contingencia, las autoridades ambientales de Morelos solicitaron al INAH el cierre temporal de la zona arqueológica de El Tepozteco. Los dos primeros días, el incendio consumió unas 40 hectáreas. Sin embargo, a las 18:00 horas de ayer, la afectación era de 244 hectáreas, extensión similar a la primera sección de Chapultepec. El Alcalde de Tepoztlán, Humberto Rubén Villamil, y pobladores de este Municipio acusaron al Gobierno de Morelos de reaccionar tardíamente para combatir el fuego.

Vocero de Peña, PGR y SRE: el 30, adiós al GIEI El gobierno de México rechazó que exista una ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, descartó una ampliación de mandato luego del próximo 30 de abril. En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, descartó que exista una ampliación de plazo para que el grupo de expertos permanezca en el país más allá de la fecha que se estableció para concluir las actividades que se acordaron entre México y la CIDH. “El gobierno mexicano no ha hecho rompimiento (con el GIEI), al contrario, ayer un destacado miembro de este grupo de expertos tuvo una reunión con el subprocurador de la PGR (…) el trabajo de este grupo terminará el próximo 30 de abril, tal cual se había estipulado”, afirmó. En Washington, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, aclaró que el acuerdo firmado entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y la CIDH establece que deberá hacerse una consulta entre todas las partes para definir la permanencia del grupo de expertos. Ruiz enfatizó que el Estado Mexicano “no considera necesario extender una vez más este (plazo)”, luego de que se cumplió la prórroga de seis meses que establecieron los propios expertos para continuar las investigaciones sobre el caso.

Pide fiscal juicio contra Macri por papeles de Panamá El presidente de Argentina, el derechista Mauricio Macri, manifestó la tarde de este jueves que se mantiene tranquilo porque cumplió con la ley, que no riene nada que ocultar y está dispuesto a responder ante un juez, en momentos en que el fiscal federal, Federico Delgado, anunció una acción penal contra el mandatario por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada, ante la revelación de su participación en dos empresas offshore en Panamá y Bahamas. Macri salió a responder cuatro días después de que apareció involucrado en los documentos de los llamados papeles de Panamá, en los que figura al frente de dos empresas offshore: Fleg Trading y Kagemusha, así como en otras donde aparece junto a su hermano Mariano. El fiscal Delgado envió un requerimiento al juez Sebastián Casanello para que revise una serie de medidas de prueba, y planteó que se investigue si se pudieron haber cometido otros delitos. El miércoles, el diputado Darío Martínez, del opositor Frente para la Victoria, presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Delgado sostuvo que como primer paso había que determinar si Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada y, en entrevista con una estación de radio local, sugirió que se soliciten los textos investigados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que difundió el pasado domingo Los papeles de Panamá. También se solicitarán a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri, y se pedirá al titular del organismo, Alberto Abad, un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore.

Inició la portabilidad de atención médica en el país Al atestiguar la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que México está dando un paso trascendente en la evolución del Sistema Nacional de Salud, ya que con este acuerdo, se crea un marco de cooperación que conducirá gradualmente a la universalización y portabilidad de la atención médica. Durante la ceremonia conmemorativa por el Día Mundial de la Salud, que en esta edición está dedicada a la diabetes, el mandatario afirmó que es el primer gran paso para que un paciente tenga acceso a los servicios médicos que requiere, independientemente de la institución de salud o de seguridad social a la que pertenezca. El mandatario se pronunció a favor de que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud al tiempo que señaló la importancia de hacer un uso más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por su esposa Angélica Rivera, el secretario de Salud, José Narro Robles, la comunidad médica así como los gobernadores de Baja California Sur, Oaxaca y Estado de México. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, el presidente Peña Nieto refirió que con la suscripción de ese Acuerdo se «crea una nueva forma de coordinación entre la Secretaría de Salud, las instituciones federales de seguridad social y los prestadores de servicios de salud en las entidades federativas con un enfoque de transversalidad y de derechos humanos».

Guerreros Unidos se los llevó El abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseveró que el crimen organizado, en particular el grupo de los Guerreros Unidos, es el responsable de la desaparición de los estudiantes. En entrevista con el noticiero Contraportada, enfatizó que los familiares de los normalistas desaparecidos exigen que se aplique todo el peso de la ley a dicho grupo delictivo. “Nosotros lo que más queremos es que se castigue a Guerreros Unidos, nuestra preocupación es que sigue estando intacto en Iguala, desde nuestro punto de vista no ha sufrido un desmantelamiento. No tenemos por qué proteger a criminales y menos a quienes junto con la policía desaparecieron a nuestros compañeros, eso lo tenemos claro”, expresó. Sobre la presunta entrega de dinero de Guerreros Unidos a los padres de los normalistas, expuso que no se recibió dinero alguno. “No se ha recibido, ni pactamos con ese tipo de grupos, lo que sí se recibió fue esa llamada, ese mensaje que recibió el señor Mario César y bueno es un poco extraño porque se recibe en el marco y contexto de un conflicto interno que se dio entre los padres de familia por un apoyo económico que dieron los compañeros del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia” (INAH). Rosales señaló que por lo rápido de la llamada, ocurrida el pasado 3 de marzo a las 15:00 horas, no se tuvo el tiempo “para clarificar la misma”, pero fue una llamada muy desafortunada y quedaron en aclarar el asunto cara a cara, afirmó.

Se tensa la relación con la CIDH México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) chocaron por el tema de los derechos humanos en Washington. El comisionado Enrique Gil Botero calificó de “esquizofrénico” al gobierno mexicano por desconocer la grave situación de derechos humanos que esa instancia señaló en su más reciente informe. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, lamentó las expresiones de Gil Botero y dijo que el informe presentado en marzo es parcial, incompleto y no objetivo. “No estamos de acuerdo con el diagnóstico por una razón: porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales las que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido responder haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición”, apuntó el funcionario. Asimismo, rechazó que haya una campaña de desprestigio en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o la CIDH y su secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza. El subprocurador Eber Omar Betanzos dijo que la PGR tiene ya los resultados de las pruebas enviadas a forenses de Innsbruck, y en breve serán dados a conocer.

Se acabó el trato: México da las gracias a expertos de CIDH El Gobierno mexicano reiteró en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que su grupo de expertos que indaga el caso Iguala concluye su encomienda el último día de este mes y no habrá un nuevo periodo. El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, indicó que “el plazo lo pidieron ellos mismos y el Estado estuvo de acuerdo. Nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones”. Mencionó: “No se considera necesario extender el mandato porque ese fue el plazo que pidieron los expertos y la responsabilidad de la investigación es de la Procuraduría”. Por su parte, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, destacó que es innecesario ampliar el periodo para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este lunes los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acordaron reiniciar sus movilizaciones para exigir la ampliación del mandato de Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes han servido como coadyuvantes en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala desde hace más de un año. El vocero de las familias de los jóvenes, Felipe de la Cruz, señalo que “no confiamos en el gobierno. Nuestra confianza está en el GIEI”. El pasado 29 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, destacó que el trabajo de los especialistas de la CIDH finaliza el próximo 30 de abril y descartó que un nuevo periodo de seis meses para ese grupo.

Pide Congreso a NL cumplir con KIA El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, resolver la problemática del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal (durante la gestión de Rodrigo Medina) y la compañía KIA Motors. En un Punto de Acuerdo, avalado por mayoría y en votación económica, destaca en sus consideraciones que “el panorama económico de la industria automotriz, favorable para el país, parece no quedarle claro al actual gobernador”. Señala que “en ocho meses de su administración, el mandatario ha sido incapaz de resolver un problema que aparentemente es local, pero que tiene repercusiones de índole nacional e internacional”. “Se trata de la incapacidad del gobierno estatal de brindar la certeza jurídica necesaria para cumplir los acuerdos firmados con la empresa KIA Motors”, se anota. Se plantea “evitar repercusiones económicas nacionales e internacionales, así como la vulneración del principio de certeza jurídica”. Este planteamiento figura en el Punto de Acuerdo, que el pleno aprobó por mayoría y como de “urgente y obvia resolución”, propuesto por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del PAN. En tribuna, el PRD y MC se manifestaron en contra y Morena se abstuvo.

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