Pachuca de Soto, Hidalgo; 24 de febrero de 2025.- En sesión ordinaria, diputados y diputadas avalaron con 25 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el dictamen que aprueba con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución Política estatal, en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
Mónica Leanett Reyes Martínez, diputada de Nueva Alianza, explicó que la reforma propuesta para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema judicial del estado de Hidalgo. Al promover la participación ciudadana, la lucidez y la rendición de cuentas, esta reforma no solo fortalecerá la democracia, también garantizará un acceso más justo y equitativo a la justicia.
Uno de los principales objetivos de la reforma judicial, continuó, es garantizar el acceso real a la justicia para todas y todos los ciudadanos. La falta de recursos, la complejidad de los procedimientos y la escasez de información suelen constituir barreras que dificultan la participación efectiva de las personas en el sistema judicial. Por lo tanto, una reforma debe abordar estos aspectos, promoviendo mecanismos que faciliten un acceso equitativo y efectivo a la justicia, en especial para los grupos vulnerables y marginados.
Además, es fundamental erradicar las prácticas corruptas que plagan a muchos sistemas judiciales. La corrupción no solo socava la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, también genera un ambiente propicio para la impunidad.
De acuerdo con el dictamen, la eficiencia de la administración de justicia es otro aspecto crítico que debe ser abordado. Los tribunales abarrotados y los tiempos de espera excesivos para la resolución de casos son síntomas de un sistema que necesita una revisión profunda. La reforma judicial debe contemplar la modernización de los procedimientos, la utilización de tecnología para la gestión de casos y la capacitación continua de los jueces y el personal judicial, con el fin de agilizar los procesos y mejorar la calidad de los fallos.
El documento establece que la transparencia es otro pilar básico en la búsqueda de una justicia efectiva, ya que la falta de información y la opacidad de las decisiones judiciales pueden generar desconfianza y alimentar la percepción de injusticia. Por ello, es esencial promover la difusión de información sobre procesos, sentencias y funcionamiento del sistema judicial, creando canales claros y accesibles para que la ciudadanía pueda conocer y entender las decisiones que les afectan.
Esta reforma busca devolver a los ciudadanos el control sobre uno de los pilares más importantes de la democracia: la administración de justicia. Al establecer un proceso de elección popular para juezas, jueces, magistradas y magistrados, buscamos fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones judiciales, garantizar su independencia y asegurar que quienes administran justicia lo hagan con un claro compromiso con los intereses y derechos del pueblo y no con intereses ajenos.
La reforma propuesta que plantea la elección popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados refuerza directamente el ejercicio de este derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al permitir que la ciudadanía elija a quienes administran justicia, dando una mayor influencia en la conformación de las instituciones del Estado, comentando una participación más activa y representativa en la vida política del país.
En su pronunciamiento a favor, el diputado de Morena, Andrés Velázquez Vázquez aseguró que con esta reforma se da un paso decisivo hacia un Poder Judicial más legítimo, humano y cercano al pueblo. “Cumplir con el mandato de la Constitución federal no solo es un trámite administrativo, es un acto de justicia social, es un paso más en la transformación de la vida pública de México. Un nuevo sistema judicial garantizará que todas las personas, sin importar su origen y condición, tengan acceso a un juicio justo, a una defensa efectiva, porque en la Cuarta Transformación no hay ciudadanos de primera ni de segunda. La justicia debe ser pareja para todas y todos. La democratización del Poder Judicial es un mandato del pueblo. Las personas juzgadoras y magistraturas serán electas por la ciudadanía, con lo que garantizamos que sean auténticos representantes del pueblo y responsables ante él”.
En contraste, la representante del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, consideró necesaria la reforma a nivel federal y estatal, “pero las cosas no se hacen al vapor. Hubo una reunión en la cual nos expusieron cuál era el proyecto de reforma del gobernador, en donde se explicó y se pidió que deberíamos hacer un parlamento abierto para escuchar las opiniones de quienes están en este ámbito”.
Mientras que Lizbeth Ordaz Islas, diputada de Morena, defendió la reforma ya que tiene un propósito claro: fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia sea real y efectivo para todas y todos. Además, “esta transformación va más allá de una lucha local. Con esta iniciativa, Hidalgo se suma al esfuerzo nacional por construir un Poder Judicial transparente y cercano a la gente. La reforma que hoy discutimos está alineada a los principios de la Cuarta Transformación y con los estándares internacionales, que han demostrado que la elección democrática de jueces fortalece la independencia del Poder Judicial”.
En su turno, Marco Antonio Mendoza Bustamante, legislador del PRI, solicitó revisar estructuralmente también al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública y al primer respondiente, que son las policías municipales. “No podemos plantear que esta reforma va a mejorar el sistema de justicia si únicamente toca aspectos administrativos como la elección de las y los juzgadores”.
Tania Eréndira Meza Escorza, diputada de Morena, mencionó que la reforma al Poder Judicial permitirá que los grupos históricamente marginados tengan representantes impartiendo justicia. “La presidenta Claudia Sheinbaum animó a los pueblos originarios a que se inscribieran masivamente en este proceso de elección para que puedan contar con jueces y juezas que ayuden a llevar justicia a sus pueblos y comunidades con perspectiva lingüística y cultural”.
Mientras que el legislador de Movimiento Ciudadano, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal indicó que la metodología utilizada para crear esta reforma puede caer en errores que podrían poner al país y sobre todo a la ciudadanía, en riesgo. “Entiendo la importancia de esta reforma que estamos a punto de aprobar y que tiene que ver con la vida y la justicia de Hidalgo, pero que desafortunadamente no ha sido lo suficientemente analizada”.
En su oportunidad, Julián Nochebuena Hernández, representante de Morena, celebró que “hoy vamos a dar un paso trascendental, no solo para fortalecer nuestra democracia, sino para que las y los hidalguenses cuenten por fin con un sistema de justicia que sea verdaderamente accesible, imparcial, transparente y sobre todo, efectivo”.
Francisco Téllez Sánchez, representante del PT, explicó que la reforma no es un simple ajuste técnico ni una medida superficial, es una reestructuración profunda que parte del principio rector de que la justicia debe estar al servicio del pueblo, no de intereses políticos ni de grupos privilegiados. “Buscamos democratizar el Poder Judicial al proponer que juezas, jueces, magistradas y magistrados sean elegidos por el voto popular. Este cambio busca garantizar que quienes administren justicia lo hagan con un mandato directo de la ciudadanía, obligándolos a actuar con rectitud, imparcialidad y siempre en beneficio de la sociedad”.
Por su parte, la legisladora de Morena, Cynthia Delgado Mendoza recordó que durante años, las personas juzgadoras han sido elegidas bajo criterios de discrecionalidad, negociaciones y cuotas de poder. “Y el resultado ha sido claro: un sistema de justicia que ha respondido más a intereses políticos y económicos que a las legítimas demandas del pueblo. Por eso hoy reivindicamos una de las banderas más importantes de la Cuarta Transformación, devolverle el poder al pueblo. La elección directa de juezas, jueces, magistradas y magistrados es el mecanismo más democrático y transparente que podemos establecer para garantizar que quienes imparten justicia sean personas con legitimidad popular y un compromiso real con la sociedad”.
En su turno, Avelino Tovar Iglesias, legislador del PVEM, detalló que la reforma tiene un objetivo claro: garantizar que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, eficiente y accesible para todos los mexicanos. “Este cambio busca transformar el sistema judicial en una institución más moderna, con menos burocracia y mayor transparencia”.
Hilda Miranda Miranda, diputada de Morena, manifestó que desde su grupo parlamentario “escuchamos todas las voces en diferentes foros de participación ciudadana del pueblo de Hidalgo en los diferentes distritos. Por supuesto que compartimos el sentir de los ciudadanos. No queremos más jueces a modo, queremos que la justicia se pueda aplicar con democracia, transparencia y equidad”.
Además, Yarabi González Martínez, legisladora del mismo grupo parlamentario, lamentó que el país atraviese una crisis judicial sin precedentes. Por ello, “la mayoría de las personas afectadas por un delito ha tenido que recurrir a esos arreglos extraoficiales y se ha fomentado la corrupción. Por eso en Morena tenemos claro que debemos continuar con la lucha que inició nuestro ex presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y los conflictos de interés que tanto daño han hecho a nuestro país”.
Mientras que la representante del PRI, Johana Montcerrat Hernández Pérez aseguró que “hoy no levantamos la voz de manera improvisada, llevamos meses diciendo lo preocupante que es esta reforma. Y en respuesta prometieron parlamentos abiertos, diálogos para escuchar a estudiantes y barras de abogados, pero hoy no tenemos ninguna de estas participaciones”.
Por su parte el diputado de Morena, José Luis Rodríguez Higareda aseguró que en campaña, la gente va a crear un vínculo muy especial y un compromiso social con los futuros jueces. “El juez no va a tener derecho a fallar, porque se contempla que si un juez falla, se va a quitar”.
Diana Rangel Zúñiga, representante del mismo grupo parlamentario, aseguró que la reforma judicial en el país y en el estado es “la madre de todas las reformas”, porque de ella depende la implementación de otros cambios institucionales. “Es un acto que va más allá de un cambio administrativo, es un acto de dignidad, una respuesta a décadas de corrupción, despilfarro y abuso de poder”.
Otros dictámenes
Las diputadas y los diputados avalaron por unanimidad el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 63 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, en materia de planes y programas de estudio con perspectiva de género, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
La diputada de Nueva Alianza, Juana Olivia Alarcón Rivera precisó que el proyecto tiene como objetivo fortalecer la Ley de Educación mediante la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio para promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que fomenta la igualdad de derechos, contribuye a la prevención de la violencia y promueve una educación inclusiva. Recordó que este enfoque fortalece la formación integral desde preescolar hasta la educación media superior.
De acuerdo con el decreto, se refuerza el compromiso del estado de Hidalgo con la igualdad de género y la calidad educativa; además, garantizar la inclusión de la perspectiva de género es un paso crucial para construir una sociedad más equitativa. La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales, el marco constitucional y las leyes federales y estatales.
Asimismo, se establece que el incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio no solo responde a obligaciones jurídicas, también a necesidades sociales, como reducir la brecha de género y garantizar un acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales.
Por otro lado, los legisladores votaron a favor del dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, en materia de municipalización de fraccionamientos, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
En la exposición de motivos, Juan Pablo Escalante Urban, diputado de Morena, recordó que el objetivo de la iniciativa es establecer los lineamientos para que se realice la entrega y recepción de fraccionamientos (municipalización) de una o más etapas y las sanciones en caso de su incumplimiento, lo cual busca reducir la incertidumbre para que la población hidalguense acceda a servicios públicos básicos al momento de adquirir una vivienda.
Con esta reforma, las personas fraccionadoras deberán asegurar que cumplen con los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos y de obras de urbanización requeridas por las distintas leyes, para que el municipio pueda proveer a los colonos los servicios públicos necesarios para una habitabilidad digna.
“Con esto estaremos aportando a nuestro marco normativo mayor certidumbre para promover entornos más sostenibles, inclusivos y que cuenten con la infraestructura mínima requerida para contribuir al desarrollo social. Este fue parte de mis compromisos como diputado del distrito 16 de Tizayuca, por lo cual reafirmo mi preocupación al ofrecer soluciones y propuestas desde esta tribuna”, finalizó.
Por último, integrantes de la LXVI Legislatura avalaron por unanimidad el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo en materia de educación financiera, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
El diputado del PVEM, Avelino Tovar Iglesias recordó que el objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la educación financiera desde la niñez, con el propósito de que los educandos entiendan, comprendan y apliquen conceptos económicos y financieros básicos durante su infancia y adolescencia, lo que busca sentar las bases para la formación de una generación de personas financieramente responsables.
Dicha reforma indica que es fundamental la necesidad de contribuir a la formación de individuos para que puedan tomar mejores decisiones financieras, por lo que la educación financiera se ha convertido en una prioridad para las instituciones públicas.
Iniciativas
La legisladora del PT, Orquídea Larragoiti Osorio propuso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del Estado de Hidalgo, con el fin de crear un programa estatal de atención psicológica gratuita en escuelas y comunidades, el cual deberá contará con personal capacitado en la intervención y prevención de problemas específicos de salud mental, como el bullying, la depresión y los trastornos de ansiedad.
La diputada indicó que este programa deberá tener un enfoque preventivo, orientado a identificar de manera temprana casos de riesgo, proporcionando atención oportuna y brindando a los menores herramientas para desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan enfrentar de manera sana las dificultades de su entorno.
El programa también debe garantizar que todas las escuelas y comunidades del estado cuenten con profesionales en salud mental, quienes ofrecerán consultas psicológicas regulares a los menores y estarán preparados para actuar de manera inmediata en situaciones de crisis emocional. De igual manera, los profesionales estarán capacitados para intervenir en casos de acoso escolar y en la identificación de señales tempranas de depresión y ansiedad, implementando estrategias que promuevan ambientes escolares sanos y libres de violencia.
Yarabi González Martínez, diputada de Morena, detalló la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, en materia de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.
La legisladora indicó que retomando como premisa del reconocimiento de la diversidad lingüística de la nación y del estado de Hidalgo, así como del deterioro actual de las lenguas maternas y la necesidad de impulsar acciones legislativas para promover el uso funcional, desarrollo y preservación en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas y considerando como base la Acción 28 contenida en el Plan de Acción de México, la cual señala que se deben impulsar acuerdos con autoridades municipales a fin de integrar el uso oral y escrito de las lenguas indígenas en los procedimientos administrativos y de gobierno en los municipios con presencia significativa de hablantes de alguna lengua indígena, la iniciativa tiene por objetivo incorporar disposiciones para que todas las normas, actos y resoluciones de los ayuntamientos con poblaciones indígenas sean traducidas y difundidas.
Así las personas hablantes de la lengua indígena podrán comprender el marco jurídico municipal en su lengua, acceder de forma plena a la justicia y ejerzan sus derechos lingüísticos individuales y colectivos. Aunado a ello, acorde con las últimas reformas constitucionales en la materia, esta iniciativa contempla cambios en la denominación de la Secretaría de Desarrollo para Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de que se reconozca la existencia de comunidades afromexicanas en el estado de Hidalgo, mencionó la legisladora.
Las representantes de Morena, Diana Rangel Zúñiga y Tania Eréndira Meza Escorza presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con el fin de armonizarla con la Carta Magna en lo relativo a las reformas en materia de igualdad sustantiva.
La diputada Diana Rangel indicó que se destaca que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, la actuación de las instituciones de seguridad pública regida por el principio de perspectiva de género, así como que los nombramientos de las personas titulares en la administración pública deberán observar el principio de paridad de género, contar con las fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres y establecer los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género.
Indicó que al asegurar la congruencia entre ambas normativas, se fortalecen los mecanismos de protección de los derechos humanos, garantizando que las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad accedan de manera real y efectiva a sus derechos.
En tribuna, respaldada por todas las diputadas del Congreso local, Tania Meza mencionó que la igualdad sustantiva no se logrará de la noche a la mañana, “pero hoy estamos sentando las bases para un futuro distinto, un futuro donde las mujeres no tengan que pedir permiso para ser libres, donde nuestros derechos no sean una concesión sino una garantía, donde las víctimas de violencia accedan a la justicia sin las barreras del patriarcado, donde las mujeres ganemos lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo, donde seamos criticadas por nuestro desempeño y no por nuestra apariencia o nuestra vida personal”.
