ITAIH entrega informe de actividades al Congreso del estado y destaca su compromiso con la transparencia
Pachuca de Soto, Hidalgo; 30 de enero de 2025.– Myrna Rocío Moncada Mahuem, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), entregó el informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2024 ante el Congreso del estado, en cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y el artículo 51, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez indicó que este ejercicio es una manifestación del compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, principios fundamentales de la cuarta transformación y su segundo piso.
“En este movimiento encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hemos demostrado que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. La transparencia no es una opción, es una obligación de quienes asumimos la responsabilidad de representar y gobernar. Sin información clara y accesible no hay verdadera democracia. Sin revisión de cuentas no hay justicia social. El pueblo de Hidalgo exige y merece instituciones que actúen con honestidad, transparencia y que impulsen los principios del segundo piso de la cuarta transformación, el compromiso con el pueblo”, manifestó el diputado.
También mencionó que la lucha contra la corrupción, el abuso de poder y la opacidad es una tarea constante y este informe “es una muestra clara de que avanzamos en la dirección correcta. Desde la Legislatura de la Transformación, refrendamos nuestro compromiso con la transparencia como un pilar de la transformación que vive México”.
Indicó que desde el Congreso del estado, seguirán legislando para fortalecer los mecanismos de acceso a la información, mejorar la protección de los datos personales y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a conocer sobre las acciones, las actividades y el manejo de los recursos.
Mientras que la comisionada Myrna Rocío Moncada Mahuem explicó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, el cual gozan las personas como un derecho clave que brinda el acceso a más derechos, contribuye a una adecuada toma de decisiones informadas, mejora la calidad de vida de la sociedad y coadyuva en el combate a la corrupción.
La funcionaria indicó que durante 2024 el Consejo General del instituto celebró 24 sesiones ordinarias y 16 extraordinarias, todas públicas, en las cuales se resolvieron mil 204 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 13 en materia de protección de datos personales.
“Con estas determinaciones garantizamos a la población que la información solicitada fue brindada de acuerdo con los principios de certeza, eficiencia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia”, aseguró.
Con el objetivo de regular y determinar la eficiencia y racionalidad del gasto de operación del instituto, continuó la comisionada, el Consejo General aprobó la actualización de los lineamientos del gasto de operación y la modificación de los lineamientos de administración, el cual establece las bases, reglas y buenas prácticas en la aplicación de los recursos.
La funcionaria indicó que el padrón de sujetos obligados se conformó por un total de 140, los cuales recibieron 13 mil 297 solicitudes de acceso a la información, lo que representó un incremento del 5 por ciento en comparación del año 2023, de éstas 8 mil 223 fueron recibidas por los ayuntamientos, 3 mil 411 por los tres poderes del estado, mil 84 por los organismos públicos autónomos, 225 por los partidos políticos, 256 por sindicatos y 68 por el Teletón.
En cuanto a solicitudes de derechos, el instituto recibió 201, de las cuales 166 corresponden a acceso, 28 a rectificación, dos a cancelación y cinco a la oposición de los datos personales. De éstas, 117 fueron interpuestas a los ayuntamientos, 62 a los tres poderes, 21 organismos autónomos y uno al Teletón.
Por otro lado, el instituto recibió mil 346 recursos de revisión en materia de acceso a la información en contra de los sujetos obligados, dicha cantidad representó un incremento del 11.3 por ciento respecto al 2023, teniendo a la Plataforma Nacional de Transparencia como el medio mayormente utilizado.
De los recursos de revisión interpuestos, 581 fueron recibidos por los ayuntamientos, 718 por los poderes, 35 por los organismos autónomos, ocho por los partidos políticos y cuatro por los sindicatos.
Tambien se resolvieron mil 204 recursos de revisión, con las siguientes determinaciones: en 134 se ordenó modificar, 87 revocar, en 38 se confirmó la respuesta y 880 fueron sobreseídos porque fueron contestados de manera adecuada. Finalmente, 65 fueron desechados por no cumplir con los requisitos que estipula la ley.
En el tema de la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia, la funcionaria recordó que toda la información que generen los sujetos obligados debe publicarse en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que indicó que en el primer semestre del 2024 realizaron 347 verificaciones a 139 sujetos obligados, teniendo como resultado 95 cumplimientos y 43 incumplimientos. Durante el segundo semestre del 2024 se llevó a cabo el segundo proceso, con 124 verificaciones a 45 sujetos obligados, de los cuales 24 tuvieron cumplimiento y 21 incumplimiento.
En materia de transparencia, prosiguió, durante el ejercicio 2024 se interpusieron 98 denuncias ante el incumplimiento a la carga de obligaciones.
Moncada Mahuem indicó que el instituto aprobó dos medidas de apremio, una amonestación y una multa. En cuanto a las medidas de apremio por incumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia, se aplicaron 225 amonestaciones públicas. Referente a las medidas de apremio consistentes en una multa por incumplir los requerimientos del instituto, se impusieron siete. Al persistir la omisión a la carga de información de las obligaciones de transparencia, se impusieron 103 multas a servidores públicos responsables de la carga de información, incluyendo a ocho presidentes municipales de administraciones salientes.
Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda del estado, se obtuvo el pago de multas impuestas a servidores públicos por un importe de 611 mil 226 pesos, de los cuales 305 mil 613 fueron transferidas al instituto.
Para finalizar, la funcionaria indicó que el derecho de acceso a la información pública es una herramienta valiosa que permite contribuir a que las personas tomen decisiones mejor informadas para acceder a más derechos, a prevenir y combatir la corrupción, a promover medios de protección del medio ambiente y a favorecer el desarrollo económico, entre otros, demostrando que cuando este derecho se difunde, enseña, transmite y ejerce estratégicamente con un enfoque de aprovechamiento, incrementa las posibilidades de que las personas puedan incidir positivamente en su entorno.
Después, los diputados Diana Rangel Zúñiga, Miguel Ángel Moreno Zamora, Alma Rosa Elías Paso, Lizbeth Ordaz Islas, Alhely Medina Hernández, Johana Montcerrat Hernández Pérez y Yarabi González Martínez participaron en una sesión de preguntas y respuestas con la comisionada presidenta del ITAIH para enriquecer este ejercicio democrático.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Jorge Argüelles Salazar reafirmó el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la democracia. “Agradecemos la entrega del informe de actividades del 2024 y las valiosas intervenciones de cada una y uno de ustedes que nos han permitido reflexionar acerca del progreso y los retos de acceso a la información y la salvaguarda de los datos personales en nuestra entidad. Es nuestro deber, como representantes del pueblo, seguir impulsando acciones que fortalezcan la cultura de la transparencia, garanticen el derecho a la información y promuevan la participación ciudadana en la vida pública”.