El órgano electoral perfiló recursos para una eventual Consulta Popular por más de 4,000 millones de pesos. Los consejeros solicitaron que se integre el tema al orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General.
A contrarreloj, las y los integrantes del Consejo General del INE avalaron dos acuerdos sobre los recursos que solicitarán para 2025; entre ellos, un presupuesto “precautorio” de 13,205 millones 143,620 pesos para la elección extraordinaria de jueces, magistrado y ministros, así como otros 4,620 millones 764,137 pesos para una posible consulta popular.
Además, también solicitaron 15,295 millones 882,494 pesos para los trabajos y proyectos ordinarios del INE, tales como la organización de Procesos Electorales Locales y el gasto corriente del instituto. Asimismo, se deberán sumar los cerca de 7,354 millones de pesos que por ley les corresponden a los seis partidos políticos nacionales, como parte de sus prerrogativas.
Cabe señalar que estas cifras, que debían ser aprobadas antes del 5 de noviembre para que la Secretaría de Hacienda los pudiera incorporar al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, fueron avaladas pese a la incertidumbre jurídica en la que se encuentra la elección judicial.
Comicios para jueces
Sobre este tema, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que el INE está al tanto de las condiciones jurídicas en las que se encuentra la elección de los juzgadores del Poder Judicial, en específico sobre que la Suprema Corte de Justicia habrá de decidir.
Sin embargo, defendió que “independientemente de eso, también en lo que coincidimos todos los consejeros y consejeras, es que hay una responsabilidad de este Instituto Nacional Electoral de cumplir con la materia presupuestal, entendiendo que (…) la Consulta Popular y la elección del Poder Judicial y de todos sus juzgadores tiene el carácter de precautorio, tal cual ha venido declarando la Suprema Corte de Justicia”.
Y es que destacó que cuando se hace referencia al presupuesto precautorio, es con el fin de que la decisión que se tome, al final en términos jurídicos no afectará los trabajos de este Instituto en materia presupuestal.
Además de que explicó que para llegar a esta cifra, se tomó como referencia el margen presupuestario de los procesos electorales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo por lo que, dijo, “si partimos de la base de que tenemos la referencia de la instalación de las más de 170,000 casillas, a partir de ahí empezamos a definir”.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez, señaló que el INE se encuentra ante la organización de un Proceso Electoral Extraordinario, cuya realización es un tanto incierta pues, sostuvo, “es un hecho público y notorio que las normas que lo regulan se encuentran controvertidas a través de diversos medios de control constitucional tales como, muchas suspensiones judiciales, controversias constitucionales, que están pendientes de resolución todavía”.
Por ello, en un inicio solicitó que dicho presupuesto no fuera aprobado en este momento, pues argumentó que lo más conveniente sería que hubiera ya una sentencia de la Suprema Corte y así hubiera certidumbre jurídica.
Sobre el tema, la consejera Carla Humphrey destacó que “los proyectos institucionales referidos en una probable Consulta Popular y a la renovación parcial, mediante elección popular, de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. Ambos esfuerzos de previsión presupuestal les hemos llamado precautorios, pues, existen condiciones normativas y/o jurisdiccionales que nos obligan a un ejercicio prudencial de responsabilidad hacendaria”.
