Ciudad de México, 19 de octubre del 2024.- Ante la resolución de un juzgado que le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial sobre la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró: no vamos a bajar la publicación, porque no tiene sustento jurídico. Dijo que aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no sancione a los jueces, vamos a presentar una queja, porque está fuera de sus funciones. Un juez también debe cumplir la ley, la Carta Magna; esa es su función primordial.
Consideró que la decisión de la jueza Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, es una ocurrencia sin fundamento legal. Por ello, ratificó que la enmienda judicial no se detendrá, porque ningún juez ni ocho ministros pueden echar atrás la voluntad del pueblo: la reforma va. Criticó que el CJF no cumpla su responsabilidad de verificar el desempeño de los jueces, a pesar de lo cual promoverán la queja para que haya un antecedente y no quede en la impunidad. En la conferencia, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que en el marco jurídico, no hay disposición alguna que permita otorgar amparos contra una reforma constitucional, y con ello eliminar la capacidad del Congreso de modificar la Constitución. La norma prevé expresamente la improcedencia de los amparos y demás contra las enmiendas a la Carta Magna, la actuación de estos jueces usurpa atribuciones conferidas al poder reformador.
Señaló que un juzgado no puede asumir facultades para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional porque, más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano. Con ello se instituiría en instancia desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, no en un juzgador de distrito. Sheinbaum anunció que ya preparan un paquete complementario de la reforma judicial, que incluye cambios a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la regulación del nuevo Tribunal de Disciplina en el Poder Judicial, que sustituirá al CJF para que su funcionamiento tenga reglas muy claras. Subrayó que la enmienda también fija plazos para los juicios mercantiles que involucren adeudos fiscales: ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años, amparos y amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en seis meses el Poder Judicial de la Federación (PJF) va a tener que resolver.
Se pretende que cuando los jueces, magistrados y ministros electos asuman sus cargos ya esté vigente el nuevo entramado legal para iniciar una nueva era de la justicia en México. De nuevo, consideró que quienes mantienen protestas en el PJF no tienen razón, porque no hay que preocuparse, ya que sus condiciones de trabajo no van a cambiar, pues conservarán todos sus ingresos, e incluso tienen un seguro de gastos médicos mayores, sobre el cual yo no estoy de acuerdo, pero está en su contrato colectivo y se debe respetar. Sobre la pausa en el proceso que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que en realidad lo que hizo la presidenta del INE fue pedir al Tribunal Electoral que se manifieste en torno a lo que se debe hacer frente a las suspensiones judiciales.
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