Ciudad de México, 18 de septiembre del 2024.- Frente a la próxima renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles pidieron al Senado de la República -encargado de emitir la convocatoria correspondiente- que garantice un proceso transparente, conforme a la ley y que privilegie una designación “con un perfil independiente, autónomo y con amplia experiencia”. Recordaron que el 15 de noviembre culminará el mandato de Rosario Piedra Ibarra, quien llegó a la CNDH en 2019 y en enero pasado manifestó su interés por reelegirse. La convocatoria tendría que ser emitida a más tardar el 4 de octubre, de acuerdo con el artículo 102 constitucional y la Ley de la Comisión Nacional.
En conferencia de prensa, Fundación para la Justicia, Elementa DDHH, los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, consideraron que la administración actual “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país”. Isaías Pablo, de Elementa DDHH, indicó que las recomendaciones que emitió la CNDH han estado orientadas a investigar violencias que sobre todo fueron perpetradas en gobiernos anteriores, y “no atienden al sexenio actual». Explicó que de las 164 recomendaciones que la CNDH realizó hasta 2021, 110 fueron de administraciones pasadas y 54 del periodo actual. Además, dijo que mientras las emitidas antes de 2018 se centran en temas de seguridad y justicia, las concernientes al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que ver más con cuestiones de violaciones al derecho a la salud.
Hay una tendencia, dijo, “de no revisar violaciones de derechos humanos ejercidas por cuerpos de seguridad». Ejemplificó que únicamente el 13 por ciento de las recomendaciones son dirigidas a las secretarias de Marina, de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Ésta última, «sólo tiene 22 recomendaciones a pesar de que la CNDH ha recibido más de mil 600 quejas sobre su actuar en terreno», apuntó. Laurence Patin, de Fundación para la Justicia, se refirió también a los problemas internos que han sucedido en la gestión de Piedra Ibarra. Entre ellos, la renuncia de sus consejeros consultivos, en octubre del 2023, al asegurar que su voz no era escuchada por la titular del organismo
. Las organizaciones consideraron que el país vive un momento crítico en cuanto a derechos humanos, por ello resaltaron la importancia de tener un titular en la Comisión que responda a las demandas de la sociedad civil y sea un contrapeso efectivo. “Instamos al Senado a que brinde las garantías para un proceso de designación abierto y participativo, conforme a los estándares internacionales en la materia; que dialogue con las víctimas”, y con organizaciones de la sociedad civil, activistas, colectivos, entre otros, enfatizaron.
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