Ciudad de México, 27 de agosto del 2024.- ¿Se puede resumir el horror? La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo hizo en una pieza de un minuto que difunde en redes sociales: “Conocida fuera de México como la masacre de Tamaulipas, fue un crimen atroz cometido contra personas migrantes entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el Ejido del Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando.
“A las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sudamérica, se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron posteriormente apilados y abandonados a la intemperie.
“De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por delincuentes y llevadas a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo. Al negarse, los asesinaron. Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano, quien fingió estar muerto
para que no lo remataran.
“Para las familias de las víctimas, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de los hechos es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que la CNDH ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes”.
La pieza de la CNDH es acompañada por imágenes como la colocación de un memorial en el Paseo de la Reforma: un monumento con el número 72, por el número de víctimas.
A 14 años de la masacre, familiares de las víctimas y organismos civiles que les han apoyado recordaron que está pendiente la reparación integral a las víctimas y que en tres sexenios -incluyendo el actual- sólo ha habido “promesas incumplidas”.
Las principales conclusiones fueron resumidas así por Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia: “No estamos en el mismo lugar (que hace 14 años), estamos peor. La política migratoria nos está llevando a situaciones donde no solamente se siguen repitiendo hechos tan atroces como las masacres, sino también (sigue) el constante riesgo” para los migrantes que cruzan México.
Valdez agregó que el caso sigue impune, no sólo porque no existen sentencias condenatorias sino por las “deficientes” investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que evidencian su falta de autonomía e independencia.
Fabienne Cabaret, también de la Fundación, destacó que la vida de los familiares de las víctimas dio un vuelco completo tras los hechos, ya que no sólo han padecido el dolor de la pérdida sino incluso en sus precarias economías, pues existen casos en que tuvieron que hacerse cargo de las deudas contraídas por sus seres queridos para poder emigrar.
Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, hizo un recuento de las medidas previstas en la ley de víctimas y su falta de correspondencia con la actuación de las autoridades.
Donde todo mundo ve dolor, dijo, las autoridades ven a personas que “quieren sacar ventaja” de su condición de víctimas. Cano alertó sobre la “normalización de la violencia”. A 14 años de la Masacre
de san Fernando, dijo, “estamos muy lejos de haber logrado una medida de reparación, por ejemplo la no repetición, porque ha habido otras masacres después. Las personas migrantes siguen padeciendo este paso por México, que cada vez es más caro y violento. Ahora, además se sumó la Guardia Nacional
para contener migrantes de manera criminalizante”.
En la mesa también participó Gustavo, quien tenía apenas cuatro años cuando su madre, Maira Isabel Cifuentes, fue asesinada en México. El joven creció al cuidado de su abuela, quien falleció en 2012, y hace poco decidió seguir los pasos de su mamá y emigró a Estados Unidos.
“Ya pasó mucho tiempo y no se miran nada claras las cosas…”, alcanzó a decir en la transmisión, antes de que las lágrimas le impidieran seguir hablando.
Lorena Cano, que puso varios puntos sobre las íes, recordó que la ley de víctimas se aprobó en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” y que “pretendió ser exhaustiva” y por lo tanto considera muchos elementos a favor de las personas que han sufrido violaciones a sus derechos. “Pero como
muchas otras leyes en México, le hace falta presupuesto”.
con información de https://www.jornada.com.mx/
