Pachuca de Soto, Hgo; a 23 de agosto de 2024. “Incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, pudiendo usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos”, consideró Juan Manuel Batres Campos, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Hidalgo.
Indicó que a través de un pronunciamiento la Coparmex ha señalado su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa,
La propuesta presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del Presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
“Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión y se incorporó una reserva para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas”.
Lo anterior, dijo, genera preocupación entre esta Confederación por el impacto potencial que tendría, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
“Consideramos que ampliación del catálogo de delitos sujetos a la Prisión Preventiva Oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos y la adición de la norma a
literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas”.
El Presidente de Coparmex en Hidalgo expuso que esta reforma no solo vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la figura sin el debido análisis de cada caso concreto.
“Reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático, concluyó.
