Pueblos Originarios

Con hechos, el Gobierno de México avanza con el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

  • La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas: Claudia Olivia Morales.

Guachochi, Chihuahua, a 22 de julio de 2024. En Guachochi, corazón de la Sierra Madre Occidental, autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, representantes del Gobierno de Chihuahua y del Gobierno de México se reunieron para evaluar los avances y compromisos del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en los temas de tierra, territorio y medio ambiente; gobierno y sistemas normativos indígenas y bienestar integral.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una herramienta de política pública, impulsada por las autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, a través de sus demandas hacia el Gobierno de México.

Resaltó que estar en las regiones es un método que principalmente aplica el presidente de la República y esa ha sido desde entonces la instrucción seguida por las distintas instituciones.

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Además, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la continuidad de los 17 Planes de Justicia, en los que se han invertido 24 mil mdp y que son resultado de un esfuerzo colectivo, los cuales buscan las soluciones a los diversos temas que plantean las propias comunidades indígenas y no son definidos por las dependencias del gobierno.

Por su parte, el alcalde de Guachochi, Alejandro Hernández Cruz, hizo hincapié en la importancia de que las gobernadoras y los gobernadores indígenas muestren el debido interés y participación en el marco de un Plan de Justicia en su beneficio; agradeció al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al resto de las dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua, que ponen su granito de maíz, para buscar el bienestar de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.

De igual forma, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); indicó que el Plan de Justicia busca eliminar las injusticias y la discriminación que aún siguen padeciendo los pueblos indígenas, “pues si un gobierno o administración no está preparado para brindar un servicio cercano y pertinente a los pueblos indígenas, se deben buscar las formas adecuadas para respetar los usos y costumbres de este sector de la población”.

Destacó que ese es un trabajo compartido por el CONAPRED, pues además la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas. Dijo que la institución que representa buscará sumarse a los trabajos, solicitudes y demandas presentadas por los pueblos representantes de las culturas indígenas del Estado de Chihuahua.

En Guachochi, corazón de la Sierra Madre Occidental, autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, representantes del Gobierno de Chihuahua y del Gobierno de México se reunieron para evaluar los avances y compromisos del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en los temas de tierra, territorio y medio ambiente; gobierno y sistemas normativos indígenas y bienestar integral.  El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una herramienta de política pública, impulsada por las autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, a través de sus demandas hacia el Gobierno de México.  Resaltó que estar en las regiones es un método que principalmente aplica el presidente de la República y esa ha sido desde entonces la instrucción seguida por las distintas instituciones.  Además, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la continuidad de los 17 Planes de Justicia, en los que se han invertido 24 mil mdp y que son resultado de un esfuerzo colectivo, los cuales buscan las soluciones a los diversos temas que plantean las propias comunidades indígenas y no son definidos por las dependencias del gobierno.  Por su parte, el alcalde de Guachochi, Alejandro Hernández Cruz, hizo hincapié en la importancia de que las gobernadoras y los gobernadores indígenas muestren el debido interés y participación en el marco de un Plan de Justicia en su beneficio; agradeció al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al resto de las dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua, que ponen su granito de maíz, para buscar el bienestar de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.  De igual forma, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); indicó que el Plan de Justicia busca eliminar las injusticias y la discriminación que aún siguen padeciendo los pueblos indígenas, “pues si un gobierno o administración no está preparado para brindar un servicio cercano y pertinente a los pueblos indígenas, se deben buscar las formas adecuadas para respetar los usos y costumbres de este sector de la población”.  Destacó que ese es un trabajo compartido por el CONAPRED, pues además la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas. Dijo que la institución que representa buscará sumarse a los trabajos, solicitudes y demandas presentadas por los pueblos representantes de las culturas indígenas del Estado de Chihuahua.  En su intervención, Luis Cruz Nieva de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, (SEDATU), expresó que para la dependencia que representa es una gran oportunidad el rendir un informe de los trabajos que se han hecho en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, pues la mayoría de esos compromisos se han materializado o están en proceso, agregó que la dependencia que representa asume el compromiso de dar continuidad a estas demandas de reconocimiento de las tierras ancestrales, durante la próxima administración federal.  Acuerdos En el tema de Justicia Territorial y Agraria destaca que el INPI gestionará ante la SEDATU, la firma del proyecto de declaratoria de tierras nacionales, del predio en el territorio de la comunidad Ódami de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; a fin de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) y asignarlo a favor de la comunidad.  Se acordó también que la SEDATU programará trabajos técnicos de medición y deslinde durante el mes de agosto, en beneficio de Altos de la Garrocha y Bawinokachi (Bajío Largo) en Balleza y Bocoyna respectivamente.  En cuanto al tema de Justicia Medioambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Chihuahua, buscará establecer una mesa técnica del sector ambiental. En cuanto a las solicitudes para la convocatoria del Programa de Compensación Ambiental que fueron presentadas por las comunidades indígenas en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR), Chihuahua, se revisará y resolverá cada propuesta para que éstas sean atendidas con pertinencia cultural; tales como en el caso de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi.  También se acordó considerar en la mesa técnica del Sector Ambiental un plan de manejo integral de cuencas en la Sierra Tarahumara, mediante varias modalidades planteadas por las dependencias, como los ordenamientos ecológicos territoriales, la zonificación de áreas destinadas a la conservación y el inventario nacional forestal y de suelos.  Referente al tema de Sistemas Normativos y Gobernanza, las autoridades indígenas asistentes dejaron de manifiesto que el reconocimiento de su cuerpo de gobierno lo tienen de su comunidad al recibir su nombramiento, que es oral, por lo que en respeto a su autonomía ninguna institución les debería exigir un papel que de fe de su nombramiento. Por ello, se acordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el INPI, elaborarán una ruta de visita a municipios de la Sierra para brindar información a funcionarios municipales sobre el derecho de las comunidades indígenas, el respeto a sus costumbres y las obligaciones de los servidores públicos.   Finalmente, en el tema de Bienestar Integral, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que está atendiendo 95 proyectos priorizados en el Plan de Justicia, acordaron que la CFE seguirá recibiendo solicitudes, para su análisis y gestión.  En cuanto al Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se propuso que las comunidades tengan trato directo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para plantear sus solicitudes de proyectos y no tengan que buscar la mediación de los municipios. Se acordó que el INPI enviará a la CONAGUA la base de datos de las comunidades y localidades que participan en el Plan de Justicia el próximo 26 de julio.  Acerca de la Infraestructura Carretera, se priorizará el análisis técnico, financiero y en campo de 14 caminos artesanales para programar su implementación en la próxima administración. En el tema de Salud y Medicina Tradicional, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dará seguimiento al diagnóstico de los Centros de Salud para su rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2025.  Asistieron, el gobernador de Morogtavo, Urique, Luis González Rivas; la gobernadora Warojí en Mesa de Guitayvo, Rosalía Cazavantes Alonso; la gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique, María Rafaela Ramírez Frías; Capitán General Odami, Arturo Gutierrez Soto; el gobernador Pima de Mesa Blanca, Madera, Benito Álvarez Rivera; y el Consejero Nacional Indígena por el pueblo Odami, Alejandro Rivas Vega.  Además estuvieron presentes, representantes de las siguientes instituciones: SEDATU; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR; Procuraduría Agraria; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional de Zonas Áridas; Secretaría de Economía; Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretarías de Salud Estatal y Federal; Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Cultura; CONAFE; SICT; INALI; INAH; SEMARNAT;  Secretaría de Bienestar; CONAGUA; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; CFE; y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

En su intervención, Luis Cruz Nieva de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, (SEDATU), expresó que para la dependencia que representa es una gran oportunidad el rendir un informe de los trabajos que se han hecho en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, pues la mayoría de esos compromisos se han materializado o están en proceso, agregó que la dependencia que representa asume el compromiso de dar continuidad a estas demandas de reconocimiento de las tierras ancestrales, durante la próxima administración federal.

Acuerdos

En el tema de Justicia Territorial y Agraria destaca que el INPI gestionará ante la SEDATU, la firma del proyecto de declaratoria de tierras nacionales, del predio en el territorio de la comunidad Ódami de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; a fin de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) y asignarlo a favor de la comunidad.

Se acordó también que la SEDATU programará trabajos técnicos de medición y deslinde durante el mes de agosto, en beneficio de Altos de la Garrocha y Bawinokachi (Bajío Largo) en Balleza y Bocoyna respectivamente.

En cuanto al tema de Justicia Medioambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Chihuahua, buscará establecer una mesa técnica del sector ambiental. En cuanto a las solicitudes para la convocatoria del Programa de Compensación Ambiental que fueron presentadas por las comunidades indígenas en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR), Chihuahua, se revisará y resolverá cada propuesta para que éstas sean atendidas con pertinencia cultural; tales como en el caso de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi.

En Guachochi, corazón de la Sierra Madre Occidental, autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, representantes del Gobierno de Chihuahua y del Gobierno de México se reunieron para evaluar los avances y compromisos del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en los temas de tierra, territorio y medio ambiente; gobierno y sistemas normativos indígenas y bienestar integral.  El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una herramienta de política pública, impulsada por las autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, a través de sus demandas hacia el Gobierno de México.  Resaltó que estar en las regiones es un método que principalmente aplica el presidente de la República y esa ha sido desde entonces la instrucción seguida por las distintas instituciones.  Además, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la continuidad de los 17 Planes de Justicia, en los que se han invertido 24 mil mdp y que son resultado de un esfuerzo colectivo, los cuales buscan las soluciones a los diversos temas que plantean las propias comunidades indígenas y no son definidos por las dependencias del gobierno.  Por su parte, el alcalde de Guachochi, Alejandro Hernández Cruz, hizo hincapié en la importancia de que las gobernadoras y los gobernadores indígenas muestren el debido interés y participación en el marco de un Plan de Justicia en su beneficio; agradeció al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al resto de las dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua, que ponen su granito de maíz, para buscar el bienestar de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.  De igual forma, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); indicó que el Plan de Justicia busca eliminar las injusticias y la discriminación que aún siguen padeciendo los pueblos indígenas, “pues si un gobierno o administración no está preparado para brindar un servicio cercano y pertinente a los pueblos indígenas, se deben buscar las formas adecuadas para respetar los usos y costumbres de este sector de la población”.  Destacó que ese es un trabajo compartido por el CONAPRED, pues además la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas. Dijo que la institución que representa buscará sumarse a los trabajos, solicitudes y demandas presentadas por los pueblos representantes de las culturas indígenas del Estado de Chihuahua.  En su intervención, Luis Cruz Nieva de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, (SEDATU), expresó que para la dependencia que representa es una gran oportunidad el rendir un informe de los trabajos que se han hecho en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, pues la mayoría de esos compromisos se han materializado o están en proceso, agregó que la dependencia que representa asume el compromiso de dar continuidad a estas demandas de reconocimiento de las tierras ancestrales, durante la próxima administración federal.  Acuerdos En el tema de Justicia Territorial y Agraria destaca que el INPI gestionará ante la SEDATU, la firma del proyecto de declaratoria de tierras nacionales, del predio en el territorio de la comunidad Ódami de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; a fin de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) y asignarlo a favor de la comunidad.  Se acordó también que la SEDATU programará trabajos técnicos de medición y deslinde durante el mes de agosto, en beneficio de Altos de la Garrocha y Bawinokachi (Bajío Largo) en Balleza y Bocoyna respectivamente.  En cuanto al tema de Justicia Medioambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Chihuahua, buscará establecer una mesa técnica del sector ambiental. En cuanto a las solicitudes para la convocatoria del Programa de Compensación Ambiental que fueron presentadas por las comunidades indígenas en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR), Chihuahua, se revisará y resolverá cada propuesta para que éstas sean atendidas con pertinencia cultural; tales como en el caso de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi.  También se acordó considerar en la mesa técnica del Sector Ambiental un plan de manejo integral de cuencas en la Sierra Tarahumara, mediante varias modalidades planteadas por las dependencias, como los ordenamientos ecológicos territoriales, la zonificación de áreas destinadas a la conservación y el inventario nacional forestal y de suelos.  Referente al tema de Sistemas Normativos y Gobernanza, las autoridades indígenas asistentes dejaron de manifiesto que el reconocimiento de su cuerpo de gobierno lo tienen de su comunidad al recibir su nombramiento, que es oral, por lo que en respeto a su autonomía ninguna institución les debería exigir un papel que de fe de su nombramiento. Por ello, se acordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el INPI, elaborarán una ruta de visita a municipios de la Sierra para brindar información a funcionarios municipales sobre el derecho de las comunidades indígenas, el respeto a sus costumbres y las obligaciones de los servidores públicos.   Finalmente, en el tema de Bienestar Integral, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que está atendiendo 95 proyectos priorizados en el Plan de Justicia, acordaron que la CFE seguirá recibiendo solicitudes, para su análisis y gestión.  En cuanto al Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se propuso que las comunidades tengan trato directo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para plantear sus solicitudes de proyectos y no tengan que buscar la mediación de los municipios. Se acordó que el INPI enviará a la CONAGUA la base de datos de las comunidades y localidades que participan en el Plan de Justicia el próximo 26 de julio.  Acerca de la Infraestructura Carretera, se priorizará el análisis técnico, financiero y en campo de 14 caminos artesanales para programar su implementación en la próxima administración. En el tema de Salud y Medicina Tradicional, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dará seguimiento al diagnóstico de los Centros de Salud para su rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2025.  Asistieron, el gobernador de Morogtavo, Urique, Luis González Rivas; la gobernadora Warojí en Mesa de Guitayvo, Rosalía Cazavantes Alonso; la gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique, María Rafaela Ramírez Frías; Capitán General Odami, Arturo Gutierrez Soto; el gobernador Pima de Mesa Blanca, Madera, Benito Álvarez Rivera; y el Consejero Nacional Indígena por el pueblo Odami, Alejandro Rivas Vega.  Además estuvieron presentes, representantes de las siguientes instituciones: SEDATU; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR; Procuraduría Agraria; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional de Zonas Áridas; Secretaría de Economía; Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretarías de Salud Estatal y Federal; Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Cultura; CONAFE; SICT; INALI; INAH; SEMARNAT;  Secretaría de Bienestar; CONAGUA; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; CFE; y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

También se acordó considerar en la mesa técnica del Sector Ambiental un plan de manejo integral de cuencas en la Sierra Tarahumara, mediante varias modalidades planteadas por las dependencias, como los ordenamientos ecológicos territoriales, la zonificación de áreas destinadas a la conservación y el inventario nacional forestal y de suelos.

Referente al tema de Sistemas Normativos y Gobernanza, las autoridades indígenas asistentes dejaron de manifiesto que el reconocimiento de su cuerpo de gobierno lo tienen de su comunidad al recibir su nombramiento, que es oral, por lo que en respeto a su autonomía ninguna institución les debería exigir un papel que de fe de su nombramiento. Por ello, se acordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el INPI, elaborarán una ruta de visita a municipios de la Sierra para brindar información a funcionarios municipales sobre el derecho de las comunidades indígenas, el respeto a sus costumbres y las obligaciones de los servidores públicos.

Finalmente, en el tema de Bienestar Integral, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que está atendiendo 95 proyectos priorizados en el Plan de Justicia, acordaron que la CFE seguirá recibiendo solicitudes, para su análisis y gestión.

En cuanto al Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se propuso que las comunidades tengan trato directo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para plantear sus solicitudes de proyectos y no tengan que buscar la mediación de los municipios. Se acordó que el INPI enviará a la CONAGUA la base de datos de las comunidades y localidades que participan en el Plan de Justicia el próximo 26 de julio.

En Guachochi, corazón de la Sierra Madre Occidental, autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, representantes del Gobierno de Chihuahua y del Gobierno de México se reunieron para evaluar los avances y compromisos del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en los temas de tierra, territorio y medio ambiente; gobierno y sistemas normativos indígenas y bienestar integral.  El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una herramienta de política pública, impulsada por las autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, a través de sus demandas hacia el Gobierno de México.  Resaltó que estar en las regiones es un método que principalmente aplica el presidente de la República y esa ha sido desde entonces la instrucción seguida por las distintas instituciones.  Además, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la continuidad de los 17 Planes de Justicia, en los que se han invertido 24 mil mdp y que son resultado de un esfuerzo colectivo, los cuales buscan las soluciones a los diversos temas que plantean las propias comunidades indígenas y no son definidos por las dependencias del gobierno.  Por su parte, el alcalde de Guachochi, Alejandro Hernández Cruz, hizo hincapié en la importancia de que las gobernadoras y los gobernadores indígenas muestren el debido interés y participación en el marco de un Plan de Justicia en su beneficio; agradeció al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al resto de las dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua, que ponen su granito de maíz, para buscar el bienestar de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.  De igual forma, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); indicó que el Plan de Justicia busca eliminar las injusticias y la discriminación que aún siguen padeciendo los pueblos indígenas, “pues si un gobierno o administración no está preparado para brindar un servicio cercano y pertinente a los pueblos indígenas, se deben buscar las formas adecuadas para respetar los usos y costumbres de este sector de la población”.  Destacó que ese es un trabajo compartido por el CONAPRED, pues además la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas. Dijo que la institución que representa buscará sumarse a los trabajos, solicitudes y demandas presentadas por los pueblos representantes de las culturas indígenas del Estado de Chihuahua.  En su intervención, Luis Cruz Nieva de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, (SEDATU), expresó que para la dependencia que representa es una gran oportunidad el rendir un informe de los trabajos que se han hecho en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, pues la mayoría de esos compromisos se han materializado o están en proceso, agregó que la dependencia que representa asume el compromiso de dar continuidad a estas demandas de reconocimiento de las tierras ancestrales, durante la próxima administración federal.  Acuerdos En el tema de Justicia Territorial y Agraria destaca que el INPI gestionará ante la SEDATU, la firma del proyecto de declaratoria de tierras nacionales, del predio en el territorio de la comunidad Ódami de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; a fin de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) y asignarlo a favor de la comunidad.  Se acordó también que la SEDATU programará trabajos técnicos de medición y deslinde durante el mes de agosto, en beneficio de Altos de la Garrocha y Bawinokachi (Bajío Largo) en Balleza y Bocoyna respectivamente.  En cuanto al tema de Justicia Medioambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Chihuahua, buscará establecer una mesa técnica del sector ambiental. En cuanto a las solicitudes para la convocatoria del Programa de Compensación Ambiental que fueron presentadas por las comunidades indígenas en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR), Chihuahua, se revisará y resolverá cada propuesta para que éstas sean atendidas con pertinencia cultural; tales como en el caso de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi.  También se acordó considerar en la mesa técnica del Sector Ambiental un plan de manejo integral de cuencas en la Sierra Tarahumara, mediante varias modalidades planteadas por las dependencias, como los ordenamientos ecológicos territoriales, la zonificación de áreas destinadas a la conservación y el inventario nacional forestal y de suelos.  Referente al tema de Sistemas Normativos y Gobernanza, las autoridades indígenas asistentes dejaron de manifiesto que el reconocimiento de su cuerpo de gobierno lo tienen de su comunidad al recibir su nombramiento, que es oral, por lo que en respeto a su autonomía ninguna institución les debería exigir un papel que de fe de su nombramiento. Por ello, se acordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el INPI, elaborarán una ruta de visita a municipios de la Sierra para brindar información a funcionarios municipales sobre el derecho de las comunidades indígenas, el respeto a sus costumbres y las obligaciones de los servidores públicos.   Finalmente, en el tema de Bienestar Integral, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que está atendiendo 95 proyectos priorizados en el Plan de Justicia, acordaron que la CFE seguirá recibiendo solicitudes, para su análisis y gestión.  En cuanto al Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se propuso que las comunidades tengan trato directo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para plantear sus solicitudes de proyectos y no tengan que buscar la mediación de los municipios. Se acordó que el INPI enviará a la CONAGUA la base de datos de las comunidades y localidades que participan en el Plan de Justicia el próximo 26 de julio.  Acerca de la Infraestructura Carretera, se priorizará el análisis técnico, financiero y en campo de 14 caminos artesanales para programar su implementación en la próxima administración. En el tema de Salud y Medicina Tradicional, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dará seguimiento al diagnóstico de los Centros de Salud para su rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2025.  Asistieron, el gobernador de Morogtavo, Urique, Luis González Rivas; la gobernadora Warojí en Mesa de Guitayvo, Rosalía Cazavantes Alonso; la gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique, María Rafaela Ramírez Frías; Capitán General Odami, Arturo Gutierrez Soto; el gobernador Pima de Mesa Blanca, Madera, Benito Álvarez Rivera; y el Consejero Nacional Indígena por el pueblo Odami, Alejandro Rivas Vega.  Además estuvieron presentes, representantes de las siguientes instituciones: SEDATU; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR; Procuraduría Agraria; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional de Zonas Áridas; Secretaría de Economía; Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretarías de Salud Estatal y Federal; Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Cultura; CONAFE; SICT; INALI; INAH; SEMARNAT;  Secretaría de Bienestar; CONAGUA; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; CFE; y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Acerca de la Infraestructura Carretera, se priorizará el análisis técnico, financiero y en campo de 14 caminos artesanales para programar su implementación en la próxima administración. En el tema de Salud y Medicina Tradicional, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dará seguimiento al diagnóstico de los Centros de Salud para su rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2025.

Asistieron, el gobernador de Morogtavo, Urique, Luis González Rivas; la gobernadora Warojí en Mesa de Guitayvo, Rosalía Cazavantes Alonso; la gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique, María Rafaela Ramírez Frías; Capitán General Odami, Arturo Gutierrez Soto; el gobernador Pima de Mesa Blanca, Madera, Benito Álvarez Rivera; y el Consejero Nacional Indígena por el pueblo Odami, Alejandro Rivas Vega.

Además estuvieron presentes, representantes de las siguientes instituciones: SEDATU; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR; Procuraduría Agraria; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional de Zonas Áridas; Secretaría de Economía; Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretarías de Salud Estatal y Federal; Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Cultura; CONAFE; SICT; INALI; INAH; SEMARNAT;  Secretaría de Bienestar; CONAGUA; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; CFE; y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

En Guachochi, corazón de la Sierra Madre Occidental, autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, representantes del Gobierno de Chihuahua y del Gobierno de México se reunieron para evaluar los avances y compromisos del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en los temas de tierra, territorio y medio ambiente; gobierno y sistemas normativos indígenas y bienestar integral.  El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara es una herramienta de política pública, impulsada por las autoridades tradicionales de los pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó, a través de sus demandas hacia el Gobierno de México.  Resaltó que estar en las regiones es un método que principalmente aplica el presidente de la República y esa ha sido desde entonces la instrucción seguida por las distintas instituciones.  Además, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la continuidad de los 17 Planes de Justicia, en los que se han invertido 24 mil mdp y que son resultado de un esfuerzo colectivo, los cuales buscan las soluciones a los diversos temas que plantean las propias comunidades indígenas y no son definidos por las dependencias del gobierno.  Por su parte, el alcalde de Guachochi, Alejandro Hernández Cruz, hizo hincapié en la importancia de que las gobernadoras y los gobernadores indígenas muestren el debido interés y participación en el marco de un Plan de Justicia en su beneficio; agradeció al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al resto de las dependencias del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua, que ponen su granito de maíz, para buscar el bienestar de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.  De igual forma, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); indicó que el Plan de Justicia busca eliminar las injusticias y la discriminación que aún siguen padeciendo los pueblos indígenas, “pues si un gobierno o administración no está preparado para brindar un servicio cercano y pertinente a los pueblos indígenas, se deben buscar las formas adecuadas para respetar los usos y costumbres de este sector de la población”.  Destacó que ese es un trabajo compartido por el CONAPRED, pues además la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presentes y cercanos a los pueblos indígenas. Dijo que la institución que representa buscará sumarse a los trabajos, solicitudes y demandas presentadas por los pueblos representantes de las culturas indígenas del Estado de Chihuahua.  En su intervención, Luis Cruz Nieva de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, (SEDATU), expresó que para la dependencia que representa es una gran oportunidad el rendir un informe de los trabajos que se han hecho en el marco del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, pues la mayoría de esos compromisos se han materializado o están en proceso, agregó que la dependencia que representa asume el compromiso de dar continuidad a estas demandas de reconocimiento de las tierras ancestrales, durante la próxima administración federal.  Acuerdos En el tema de Justicia Territorial y Agraria destaca que el INPI gestionará ante la SEDATU, la firma del proyecto de declaratoria de tierras nacionales, del predio en el territorio de la comunidad Ódami de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; a fin de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) y asignarlo a favor de la comunidad.  Se acordó también que la SEDATU programará trabajos técnicos de medición y deslinde durante el mes de agosto, en beneficio de Altos de la Garrocha y Bawinokachi (Bajío Largo) en Balleza y Bocoyna respectivamente.  En cuanto al tema de Justicia Medioambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Chihuahua, buscará establecer una mesa técnica del sector ambiental. En cuanto a las solicitudes para la convocatoria del Programa de Compensación Ambiental que fueron presentadas por las comunidades indígenas en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR), Chihuahua, se revisará y resolverá cada propuesta para que éstas sean atendidas con pertinencia cultural; tales como en el caso de Huitosachi, Mesa de Guitayvo y Nacásorachi.  También se acordó considerar en la mesa técnica del Sector Ambiental un plan de manejo integral de cuencas en la Sierra Tarahumara, mediante varias modalidades planteadas por las dependencias, como los ordenamientos ecológicos territoriales, la zonificación de áreas destinadas a la conservación y el inventario nacional forestal y de suelos.  Referente al tema de Sistemas Normativos y Gobernanza, las autoridades indígenas asistentes dejaron de manifiesto que el reconocimiento de su cuerpo de gobierno lo tienen de su comunidad al recibir su nombramiento, que es oral, por lo que en respeto a su autonomía ninguna institución les debería exigir un papel que de fe de su nombramiento. Por ello, se acordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el INPI, elaborarán una ruta de visita a municipios de la Sierra para brindar información a funcionarios municipales sobre el derecho de las comunidades indígenas, el respeto a sus costumbres y las obligaciones de los servidores públicos.   Finalmente, en el tema de Bienestar Integral, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que está atendiendo 95 proyectos priorizados en el Plan de Justicia, acordaron que la CFE seguirá recibiendo solicitudes, para su análisis y gestión.  En cuanto al Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se propuso que las comunidades tengan trato directo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para plantear sus solicitudes de proyectos y no tengan que buscar la mediación de los municipios. Se acordó que el INPI enviará a la CONAGUA la base de datos de las comunidades y localidades que participan en el Plan de Justicia el próximo 26 de julio.  Acerca de la Infraestructura Carretera, se priorizará el análisis técnico, financiero y en campo de 14 caminos artesanales para programar su implementación en la próxima administración. En el tema de Salud y Medicina Tradicional, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dará seguimiento al diagnóstico de los Centros de Salud para su rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2025.  Asistieron, el gobernador de Morogtavo, Urique, Luis González Rivas; la gobernadora Warojí en Mesa de Guitayvo, Rosalía Cazavantes Alonso; la gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique, María Rafaela Ramírez Frías; Capitán General Odami, Arturo Gutierrez Soto; el gobernador Pima de Mesa Blanca, Madera, Benito Álvarez Rivera; y el Consejero Nacional Indígena por el pueblo Odami, Alejandro Rivas Vega.  Además estuvieron presentes, representantes de las siguientes instituciones: SEDATU; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; CONAFOR; Procuraduría Agraria; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Nacional de Zonas Áridas; Secretaría de Economía; Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretarías de Salud Estatal y Federal; Instituto Mexicano del Seguro Social; Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Cultura; CONAFE; SICT; INALI; INAH; SEMARNAT;  Secretaría de Bienestar; CONAGUA; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; CFE; y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

 

Con información de: https://www.gob.mx/inpi/

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