Ciudad de México, 15 de julio del 2024.- La meta en materia habitacional de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es desarrollar 1 millón viviendas durante su sexenio, lo que impulsaría más de 1 millón de empleos. Una de las principales anclas para lograrlo será “buscar que el Gobierno de México construya”.
Según el documento “100 pasos para la Transformación” de la abanderada del partido Morena, el objetivo es aprobar la iniciativa de Reforma Constitucional al Artículo 123, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) invierta sus recursos en edificación para que los derechohabientes puedan acceder a un hogar en renta con opción a compra.
En entrevista para EconoHábitat, Carlos Martínez, director general del Instituto, explicó que la iniciativa reduciría entre 18 y 20% el costo de la vivienda actual. Además, reiteró que el Infonavit tendría la capacidad de destinar 34,000 millones de pesos al año para construir 75,000 viviendas.
Con base en un análisis que mezcla el déficit habitacional, la Inversión Extranjera Directa (IED) y la actividad industrial por la relocalización de empresas (nearshoring), la hipotecaria del Estado determinó que 28% de ese inventario se podría ubicar en la zona metropolitana del Valle de México, con especial enfoque en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Otro 12% se construiría en Tijuana, una cifra similar se llevaría a cabo en Chihuahua, 10% más en el corredor del Tren Interoceánico, 10% en la península del país, en los alrededores del Tren Maya, y el resto en otras regiones.
“Si el Infonavit va a hacer una inversión estratégica, uno de los criterios es que esté en los centros urbanos, cercana a las áreas de trabajo, a la actividad industrial e infraestructura. No tendría ningún sentido gastar recursos para expandir más las ciudades”, comentó Martínez.
En palabras del director del Infonavit, la reforma está limitada a la atención para los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se tendría que acompañar con políticas adicionales para el resto de la población que no cuenta con un empleo formal.
De acuerdo con una reciente encuesta del organismo, ocho de cada 10 personas avalan que el Infonavit pueda construir vivienda, para posteriormente ofrecerla en esquemas de renta social.
Fovissste alza la mano
Si bien, el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) no fue contemplado de manera formal como constructor en el plan de vivienda de Sheinbaum, la dirección de la Institución también ha comenzado a cimentar el camino para que el organismo retome esta actividad.
César Buenrostro, vocal ejecutivo del organismo hipotecario, detalló que la iniciativa fue presentada y aprobada en las comisiones de la Cámara de Diputados; se espera que avance en el pleno durante la próxima legislatura y, luego, en el Senado.
El funcionario afirmó que devolver la capacidad constructora a las instituciones públicas sería un complemento a la labor de los desarrolladores privados. También abogó por el regreso de los subsidios para la adquisición de vivienda, un modelo que fue retirado en el sexenio de la Cuarta Transformación y que las vivienderas insisten en que es indispensable para reactivar la industria.
“Se han satanizado un poco los subsidios, pero hay muchas maneras de darlo directamente al derechohabiente sin que se haga mal uso de ellos” -y agregó que- “son importantes para complementar los recursos de los trabajadores del Estado porque, desde que Fovissste comenzó a dar créditos en pesos, el monto al que pueden acceder se redujo 30 por ciento”.
Riesgos y oportunidades
Para Rodrigo Gutiérrez Rivas, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, reformar el artículo 123 para que el Infonavit construya no va a resolver la crisis habitacional de México, pero considera que es un paso para posicionar el enfoque social en la vivienda.
“Se debe atravesar una discusión sobre la regulación del suelo, el territorio y otros aspectos para garantizar el éxito de la iniciativa, pero abre la oportunidad para quienes nunca podrán comprar una casa, por la brecha entre los salarios y el precio de estos”, detalló Gutiérrez Rivas.
Por otro lado, Eduardo Torres, director ejecutivo ai360 México, argumentó que la reforma crearía un universo de posibilidades para prácticas de corrupción, “tal como se hizo en el pasado”.
“Se necesita vivienda en renta, pero el gobierno no es un buen constructor, hay que dejar que los privados lo hagan y que el Estado abra esquemas de financiamiento para la población”, agregó el especialista.
En este sentido, Jorge Paredes, presidente de Realty World México, coincidió en que la propuesta es positiva para la población de menores ingresos, pero se deben crear mecanismos de transparencia a través de la digitalización de procesos para la licitación o asignación de programas.
“Es algo que se llevó a cabo en la Ciudad de México, tiene que permear en todas las entidades, poner los candados necesarios para no caer en actos de corrupción. Al final, esto abre las puertas para que el sector privado, finalmente, participe en el desarrollo de vivienda social en los centros urbanos”, añadió Paredes.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
