Pótam, México, 09 de junio del 2024.- El INPI trastocó usos y costumbres de la tribu, denuncian integrantes de la tropa y autoridades eclesiásticas; a pesar del Plan de Justicia, que incluye un acueducto, las comunidades siguen sin el agua prometida. Los álamos susurran el correr del agua del río Yaqui. El sonido es provocado por el viento que menea las hojas de los árboles que delinean la huella del río que ahora se halla seco.
En esas veredas hacen un recorrido Esteban Guillén, Témasti mol o maestro mayor de la Iglesia Tradicional de Pótam, Clementina Maldonado, cantora, y su hija Fanny, quien imagina cómo sería el caudal mientras juega con la tierra. Clementina Maldonado afirma que el afluente “tiene sed” o al menos cree que eso diría el cauce si pudiese hablar. Señala las plantas medicinales que se están perdiendo por la sequía, consecuencia de que no haya río, sólo su huella; un río que es fundacional para la historia de la tribu yaqui, para la siembra, la alimentación, la vida y las tradiciones propias de su pueblo.
Esteban Guillén afirma que ya “no se ve la alegría del río”; tampoco la de los pueblos. Él es el yaqui que interpuso un amparo para la revisión del Distrito de Riego 018 en diciembre de 2021, mismo año que el presidente decretó el Plan de Justicia que incluye un acueducto.
El 10 de marzo de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que el amparo se sobreseyó. Pero el juez Séptimo de Distrito en Ciudad Obregón concedió la suspensión definitiva del decreto del Distrito 018 en febrero de 2022, y desde entonces comenzó el hostigamiento por parte de otros integrantes de la tribu yaqui que en enero de 2022 llamaron a una comparecencia del grupo que firmó el amparo. Sólo se mantuvo la firma de Esteban, a los demás los obligaron a desistir.
Otra de las preocupaciones hacia adentro de la tribu es que para la administración del líquido crearon la Comisión Jiaki del Agua y un Sistema Operador del Acueducto Yaqui. Estas instancias que les requiere el gobierno son ajenas a la organización propia de su pueblo. “La idea es que la operación del acueducto y el Distrito 018 esté en manos de los yaquis, como dice, es como sujetos de derecho público, sin limitación… no más intermediación, no más tutelaje”, dijo en entrevista Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Los términos del decreto fueron acordados en un diálogo de dos días entre autoridades de la Comisión para realizar el Plan de Justicia, encabezados por Adelfo Regino, al que asistieron siete de los ocho gobernadores en agosto de 2021. La tropa no asistió, tampoco autoridades eclesiásticas.
En el ritual de la Cuaresma Yaqui, en marzo de 2022, el INPI hizo una consulta para el acueducto y el distrito, con poca participación. Por la pasión de Cristo y la temporada de Cuaresma, el pueblo yaqui cede la gobernanza a los Chapayecas. No puede asistir la Guardia Tradicional. Esta cuestión fue ignorada por las autoridades del INPI que dieron por aceptado el proyecto. La decisión contraviene el derecho de los pueblos de ser consultados de modo adecuado y previamente informados como marca la Constitución.
Pero las autoridades de la Primera Santa Iglesia, Esteban y Clementina, no han detenido su lucha por al menos conservar el caudal ecológico del río Yaqui. Además del amparo, han denunciado en distintos espacios que las mismas autoridades de la Guardia Tradicional no les informaron lo que firmaron. “Nos dieron conocimiento del Plan de Justicia, pero ya muy tarde… no hacían las reuniones en su debido lugar; las estaban haciendo en Cárdenas, en la orilla de la carretera, encerrados con los yoris [gente externa], con el INPI”, cuenta Esteban Guillén.
En Pótam, como en los ocho pueblos, predominan las históricas iglesias construidas por jesuitas que conviven con las enramadas de las Guardias Tradicionales Yaquis. Estos son los espacios de reunión y asamblea donde los habitantes toman decisiones. Su forma de organización es político-religiosa. Contempla tres partes para la toma de decisiones: la religión con la primera Santa Iglesia, la administración, el orden con la Guardia Tradicional y la base de su gobierno tradicional es la tropa: los habitantes de los pueblos yaquis.
Para la toma de decisiones de toda la nación yaqui, los ocho pueblos deben de estar de acuerdo. Un sistema de gobierno teocrático, heredado por sus ancestros.
Las autoridades eclesiásticas e integrantes de los ocho pueblos han denunciado la desinformación y las consecuencias que puede traer que al Distrito de Riego Yaqui se le asigne la dotación del agua desde la presa El Oviachic, porque Lázaro Cárdenas ordenó dotar a la tribu yaqui desde la presa la Angostura desde 1934. Esto es dos presas abajo de la dotación original.
Sequía excepcional
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró sequía extrema y sequía excepcional en esta región del sur de Sonora y la cuenca del río Yaqui en abril de 2024; los municipios de Cajeme, Guaymas y Bácum, donde está establecida la tribu yaqui, presentan sequía excepcional.
Para mayo de 2024, la presa del Oviachic bajó su nivel hasta 12.9%, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua de Conagua. El Novillo se encuentra en 11.2%, mientras que la Angostura está en 16.2%.
En la inauguración del Acueducto Yaqui, en febrero de 2024 con el presidente López Obrador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el director del INPI, Adelfo Regino, y de Conagua, Germán Martínez Santoyo, apretaron el botón para activarlo. Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura de Conagua, aseguró que el 31 de marzo de 2024 ya estarían funcionando el acueducto y 53 sistemas comunitarios en los pueblos yaquis. Hasta hace unos días esto no pasaba: los pueblos no tienen agua y el río está seco.
Con el dinero por delante
De acuerdo con documentos del arranque del Plan de Justicia, ocho gobiernos tradicionales recibieron paga mensual de un millón 500 mil pesos, siendo los gobernadores o kobanaos quienes obtuvieron más de 900 mil pesos en 2021, mientras que los técnicos 92 mil pesos, sólo el primer año. Testimonios dan cuenta que esta situación ha seguido sucediendo a pesar de que el encargo de gobernador es un servicio rotativo y por un año.
En un recorrido realizado con la tropa yoreme se ven los trabajos del distrito y del acueducto en marcha. Agustín Molina, integrante de la tropa de Pótam, denuncia que hay un problema de rentas de tierras de siembra de la tribu, por lo cual las aguas no van a llegar directo a los yaquis, sino a quienes les rentan.
“Si con el decreto de Lázaro Cárdenas no nos abastecen con la suficiente agua, mucho menos con el decreto de López Obrador. Solamente nos daría derechos en la presa del Oviachic, que ahorita cuenta con 30% nada más y no sé de dónde vayan a sacar los 600 millones de metros cúbicos que no los tiene ahorita esa presa”, reclama Agustín Molina.
Y agrega sobre el gobierno: “Ese es el llamado a mi comunidad, a mis pueblos, a mis gobernadores, que hagan una minuciosa revisión a lo que se está ofreciendo”.
Por eso hay malestar en la tropa yo’eme, por la toma de decisiones a prisa, en los tiempos del gobierno, con poca información y sin que las autoridades tradicionales expliquen a la tropa o a las autoridades de la iglesia los documentos que han firmado.
“A mí ya me mandaban a decir que el señor Hugo Aguilar (del INPI) quería platicar conmigo. Me estaban ofreciendo la cantidad que yo quisiera, que le pusiera precio, con tal de que Esteban y nosotros, como estamos por enfrente de la iglesia, hiciéramos a un lado el amparo. Que desistiéramos de ese amparo. Nos estaban ofreciendo ese dinero y decían que era mucho, 2 millones o un millón: lo que pidiéramos”, cuenta Clementina Maldonado, cantora de Pótam.
Aún así, el presidente López Obrador entregó el Distrito de Riego 018 inacabado en 2023, y el Acueducto Yaqui en febrero de 2024. En entrevista, Adelfo Regino dijo que primero eran prioridad las tierras y el agua, el distrito y el acueducto, y en tercer lugar la demanda de caudal ecológico del río.
De acuerdo con Martín Valencia, secretario tradicional de Loma de Bácum, “hay un proyecto que está realizando el gobierno mexicano, ellos le llaman Plan de Justicia, nosotros le decimos plan de injusticia. Bácum no participa directamente en esas mesas de trabajo. Bácum ha planteado ante el gobierno mexicano cómo es que quiere trabajar: como un pueblo originario, de tú a tú. Y no que vengan y nos propongan: ‘esto es lo que tú necesitas’”. Martín describe que han interrogado de manera directa a las autoridades del INPI y de Conagua que se han presentado en la Guardia Tradicional de su pueblo sin que les den respuesta concreta de los detalles del Plan de Justicia. “El gobierno mexicano viene y plantea un acueducto dizque para darle agua de calidad a la gente. Agua de calidad para los ocho pueblos, pero en cuanto a este tema, Bácum les ha cuestionado: ¿cómo es que se va a trabajar este acueducto? ¿Cuál es el costo de operación y mantenimiento de esta obra? Las cuales hasta la fecha el gobierno mexicano no ha le ha resuelto al pueblo de Bácum”.
La tropa yoremia se inconformó desde que comenzaron las obras del acueducto en Loma de Guamúchil, primer pueblo por donde atraviesan los trabajos. Comenzaron a realizar diálogos informativos intergeneracionales ante el desconocimiento de las construcciones y la desinformación en torno al Plan de Justicia. Prevén poner amparos contra los organismos ajenos a su gobierno teocrático propio.
El actual Plan de Justicia contraviene La Ley de Aguas Nacionales, que dicta en su artículo 54 que debe haber uso ambiental o para conservación ecológica de los ríos, en su caudal o volumen mínimo. “Pero hasta la fecha así lo están haciendo y es lo más triste para nosotros, es una vergüenza para nosotros. Nosotros somos un pueblo originario, reconocido a nivel nacional, a nivel internacional; un Yaqui que nunca se ha dejado vencer hasta la fecha, pero parece ser que ahora sí vamos perdiendo los derechos que nos han dejado nuestros antepasados, y eso es lo más triste. Ese Plan de Justicia venía escondiendo, ese plan del gobierno del estado iba cubriendo ese plan de injusticia”, asegura César Cota, tropa de Loma de Guamúchil, quien participó en la lucha contra el Acueducto Independencia, impuesto hace más de una década y ahora hace brigadas para informar sobre las letras chiquitas del Plan de Justicia.
Tanto César Cota como Agustín Molina viajaron a la Ciudad de México a denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se les han hecho válidos los amparos y las suspensiones. En entrevista, Adelfo Regino afirmó que “no vamos a ser factor de división, de agresión a los pueblos; yo en estos seis años, qué privilegio de acompañarlos, trabajar por la unidad, sí, a través del diálogo. Respeto irrestricto a sus derechos inalienables”.
con información de https://www.eluniversal.com.mx/
