Beijing, 28 de diciembre de 2015.- A partir del primero de enero de 2016, China podrá enviar tropas al extranjero para participar en operaciones antiterroristas, además de exigir a las empresas tecnológicas entregar información sensible sobre sus usuarios.
La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, dio luz verde a la primera ley antiterrorista, a pesar de las fuertes críticas de opositores nacionales y extranjeros.
La nueva legislación da amplios poderes al gobierno chino, que aseguró va a ayudar a abordar las crecientes amenazas terroristas en el país y salvaguardar la seguridad mundial.
La iniciativa ratificada por los legisladores permite que el Ejército Popular de Liberación participe en operaciones contra el terrorismo fuera de sus fronteras, un cambio en la política de no intervención militar de China en el exterior.
La ley, que entrará en vigor el primero de enero, también prevé la creación de un centro de inteligencia nacional dedicado a la lucha contra el terrorismo, e impone restricciones a la hora de informar sobre actos terroristas.
Entre otras medidas, se exigirá a las empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, entregar al gobierno información confidencial como claves de cifrado.
La nueva legislación ha generado una fuerte preocupación en Occidente, no sólo porque se teme por potenciales violaciones a los derechos humanos como la libertad de expresión, sino por las condiciones en el ciberespacio.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha manifestado su preocupación acerca de la ley directamente a su homólogo chino, Xi Jinping.
El gobierno chino argumenta que el aumento de la actividad en línea de los terroristas justifica las nuevas medidas, además del clima creado tras los atentados terroristas en París, la voladura de un avión ruso de pasajeros sobre Egipto y los brutales asesinatos de rehenes cometidos por el grupo extremista Estado Islámico.
Funcionarios chinos afirman que el país enfrenta una amenaza cada vez mayor de militantes y separatistas, especialmente en la incontrolable región noroccidental de Xinjiang, donde enfrentamientos entre los han y los uigures (de religión musulmana) han dejado cientos de muertos en los últimos años.
La ley antiterrorista fue aprobada un día después de que el gobierno chino confirmara la expulsión de la periodista francesa Ursula Gauthier, corresponsal en Pekín de Le Nouvel Observateur, por un artículo sobre el terrorismo.
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