Atlanta, 07 de marzo del 2024.- Algunos senadores de Georgia quieren castigar a las ciudades y condados que, según argumentan, están acogiendo ilegalmente a migrantes que se encuentran en el país sin permiso, mediante recortes a la mayor parte del apoyo estatal brindado a los gobiernos locales y destituyendo a funcionarios electos.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó este miércoles por votación de 4-1 volver a redactar el proyecto de ley 301 de la Cámara de Representantes. Los partidarios de esta resolución afirman que es necesaria para hacer cumplir una ley estatal de 2009 que proscribe las llamadas ciudades y condados santuario.
Se trata de la propuesta más reciente de los republicanos después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia.
José Ibarra fue detenido el mes pasado acusado de asesinato y agresión por la muerte de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades de inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, entró ilegalmente en Estados Unidos en 2022. No está claro si había solicitado asilo.
Riley era estudiante de enfermería en el campus de Athens de la Universidad de Augusta. La encontraron muerta el 22 de febrero después de que una compañera de habitación informó que no había regresado tras salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
La comisión del Senado rescribió por completo una propuesta de ley que anteriormente regulaba las sanciones por infracciones de velocidad emitidas por cámaras automáticas. La senadora estatal demócrata Kim Jackson se quejó de que no había tenido tiempo de leer el nuevo texto antes de la reunión, y dijo que eso había sido “frustrante y decepcionante”.
El nuevo proyecto de ley permitiría a cualquier habitante de Georgia demandar y pedir que un juez declare que una ciudad o un condado está infringiendo la ley de 2009. Si el juez le da la razón, el estado recortaría el apoyo estatal, así como la ayuda federal que gestiona, con la excepción de una breve lista de servicios de salud y de emergencia. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría fondos del estado para la construcción y el mantenimiento de las carreteras.
Los jueces podrían restablecer la financiación si un gobierno local deroga la política infractora. En ese caso, el juez tendría que emitir una orden permanente que impida al gobierno volver a adoptar cualquier política de santuario.
El proyecto de ley también contempla la remoción de funcionarios locales elegidos en el caso en que las ciudades o los condados adopten políticas de santuario, y permite que cualquier habitante de Georgia presente una queja ante la Junta de Asuntos Comunitarios. La junta realizaría una audiencia para determinar si el funcionario está infringiendo la ley estatal y recomendaría al gobernador suspender o no al funcionario. El gobernador podría entonces destituir el funcionario y asignar a un sustituto.
Los funcionarios pueden solicitar su reincorporación, pero eso sólo ocurriría si pueden demostrar que es probable que su servicio “mejore la capacidad” del gobierno para cumplir la ley antisantuario.
El senador republicano Randy Robertson dijo a la comisión que la medida garantizaría que las oficinas del sheriff cumplan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que no evadan la ley de 2009.
“Lo que hemos hecho en esta legislación es que le hemos dado mecanismos de control, porque antes le faltaban”, dijo Robertson.
Los detractores de la medida afirman que es un nuevo intento de los legisladores republicanos de imponer su voluntad a ciudades y condados, y que permitiría a los activistas maniatar a ciudades y condados con procesos judiciales y administrativos.
“Tenemos medidas de rendición de cuentas incorporadas para cuando a las comunidades no les gusta lo que hace su gobierno local o sus sheriffs locales, y esas son las elecciones. No deberíamos utilizar el poder legislativo para imponernos a las comunidades locales”, dijo Isabel Otero, directora de política de Georgia para el Southern Poverty Law Center.
Otero comparó la medida con la antigua Junta de Revisión de la Aplicación de las Leyes de Inmigración de Georgia, que investigaba las quejas sobre la aplicación de las leyes de inmigración locales. Por ejemplo, el entonces vicegobernador Casey Cagle presentó una queja de que el suburbio de Atlanta de Decatur estaba violando la ley estatal en 2017, cuando Cagle se postulaba para gobernador. La junta desestimó la queja contra Decatur, y una ley disolvió discretamente la junta en 2019.
Es el segundo proyecto de ley estatal que pretende endurecer la política de inmigración en lo que va de año. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Georgia votó 97-74 a favor del proyecto de ley 1105, que pretende obligar a las fuerzas de seguridad locales a ayudar a identificar a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país y a detenerlos para su posible deportación por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Varios republicanos dijeron el miércoles que el condado de Athens-Clarke era un objetivo de la nueva propuesta, incluido el vicegobernador Burt Jones.
“Como parte de nuestro compromiso continuo para proteger a los habitantes de Georgia, estamos tomando una posición en contra de aquellos que intentan implementar políticas de santuario que violan la ley y albergan criminales”, dijo Jones en un comunicado.
El alcalde de Athens-Clarke, Kelly Girtz, ha negado que esa ciudad-condado esté violando la ley estatal, y señaló que presenta una certificación anual de cumplimiento. Los críticos apuntan a una resolución de 2019 de la Comisión del Condado de Athens-Clarke que dice que el gobierno local «se esmera por fomentar una comunidad donde las personas de todos los estatus se sientan seguras”. Pero Girtz señala que esa resolución no tiene valor de ley.
Con información de: Ap
