Rumbo al 2024

Senado “necesita” ya nuevo edificio

22 de diciembre de 2015.- Aunque todavía mantiene un juicio arbitral con la empresa GAMI, la cual reclama 380 millones de pesos por costos indirectos en la construcción de la nueva sede del Senado, cuyo costo se elevó de mil 699 millones de pesos a 4 mil 188 millones, la Cámara Alta planea construir una nueva torre.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Senado, Roberto Gil (PAN) dijo que para el próximo año, de acuerdo con la previsión presupuestal, se tiene proyectado construir un nuevo edificio a un lado de su nueva sede.

Se trata de una nueva torre que completaría el complejo planeado para construirse en los alrededores del parque Luis Pasteur.

“Ahí queremos hacer una nueva torre con un estacionamiento, que le brinde servicios al Senado para desahogar la utilización de la calle, así como salas de usos múltiples, oficinas para el personal de administración, salas para exposiciones y para atender a la gente”, comentó.

Gil Zuarth dijo que no tendrán que solicitar ni un solo peso a la Secretaría de Hacienda para realizar este nuevo proyecto, porque se cuentan con recursos que están en el fideicomiso 1705 de la nueva sede.

Remozarán Xico. Explicó que en otros proyectos se terminará la restauración de la antigua sede del Senado en la casona de Xicoténcatl, en Donceles, número 14, en el Centro Histórico.

“Vamos a cambiar el domo [del patio central]; vamos hacer la biblioteca Xicoténcatl, a reparar el techo de Xicoténcatl, donde se grabó la película de James Bond. En toda esa parte vamos hacer una terraza sustentable con plantas y receptores de luz solar, para generar electricidad”, comentó.

Dijo que como parte del proyecto quizá haya un par de “cafeterías” para que Xicoténcatl se vuelva el Centro Cultural del Senado y se multipliquen espacios para conferencias y presentaciones de libros o exposiciones.

En la pasada presidencia, que encabezó Miguel Barbosa (PRD), el Senado invirtió 10.9 millones de pesos, para la rehabilitación del Patio Central de la antigua sede.

En juicio de conciliación. En cuanto a la nueva sede, Gil Zuarth explicó que la empresa constructora GAMI reclama 380 millones de pesos por “costos indirectos”, aquellos que no estaban en el proyecto original.

Dijo que, aunque en agosto pasado se hizo la entrega-recepción del edificio —cuyo costo inicial fue de mil 699 millones de pesos y que hasta mayo pasado había erogado 4 mil 188 millones de pesos— hay una “disputa” por los costos indirectos.

Es decir, el costo original se elevó considerablemente de una sede que, se dijo, estaría completa 100% el 25 de agosto pasado, y que desde que es ocupada por los legisladores de la 61 Legislatura —abril de 2011— ha presentado severas deficiencias en sus acabados y funcionamiento de equipos.

“Hay una disputa por lo que se conoce como los indirectos, es decir, los gastos que no estaban en el plan original, que tiene que ver con que el contrato duró más tiempo del pactado, alteraciones en el costo del financiamiento, por ejemplo, se fijó en el contrato una tasa de 2.2 y en el año fue 2.6, hay otros sobrecostos. Así como los sobrecostos inherentes para la construcción de la obra que implicaría contratación adicional de tecnología especial, lo que generó un costo adicional, tenemos una disputa sobre indirectos”, comentó.

Aseguró que la empresa —filial de Grupo Indy— reclama 380 millones de pesos, pero “nosotros decimos que no tiene razón, y lo que se convino en la entrega formal del edificio fue irnos a un arbitraje”.

“El arbitraje todavía no se resuelve, está en marcha. Junto con Banobras hemos hecho nuestro planteamiento en defensa del Senado, y estamos en la espera que el Tribunal Arbitral resuelva sobre la pretensión final de los costos indirectos”, dijo.

Gil recordó que desde 2014 cuentan con dos despachos de abogados para solventar las argumentaciones contra los sobrecostos que se atribuyen.

“Seguimos combatiendo, argumentando, presentando pruebas, arbitrajes para resolver en el Tribunal cuánto se nos debe o se les debe en términos de costos indirectos a la contratista”, explicó el senador.

Desde 2014, EL UNIVERSAL informó que para hacer frente a los arbitrajes por las obras inconclusas, el Senado contrató a los despachos de abogados Enrique Iglesias y Asociados y Profesionales en Administración Pública (PAP), para la revisión y verificación del proceso de entrega-recepción.

Fueron contratados por la Cámara Alta y el fideicomiso para que verificaran la entrega del inmueble, y cotejaran la obra con lo programado.

El Senado se preparó para un posible litigio legal con la empresa GAMI, para lo cual contrató a dos despachos de abogados White & Case, y el Bufete Dávalos y Asociados, pues reclamaba, hasta mayo un pago de 600 millones de pesos para finiquitar la entrega, mientras que la Cámara Alta reconocía un adeudo de 280 millones de pesos.

La UNAM también coadyuvó para que el Senado acordara con GAMI finiquitar la entrega recepción de la nueva sede que desde 2011 ocupan los legisladores y cuyas instalaciones presentan severas deficiencias.

Helipuerto será restringido. Entre las obras que el Senado tiene por no concluidas, se encuentra, el helipuerto del piso 16 de la Torre de Comisiones, que no cuenta con permisos de aeronáutica civil para su operación y no ha sido usado.

Al respecto, el senador Roberto Gil comentó que es uno de los temas que la constructora tendrá que solventar.

“El helipuerto es una de las cosas que tenemos que terminar de certificar, no tiene las certificaciones, va a terminar de habilitarse porque es parte del contrato, tenemos que resolverlo, porque lo que estamos viendo es qué utilización le vamos a dar”, dijo.

Aseguró que la intención es dejar el helipuerto para tres tipos de uso: emergencias médicas, dejarlo también para conectividad, por ejemplo, si hay un accidente en Reforma para que un helicóptero pueda descender, y para ciertas necesidades de protección civil, como en caso de sismo.

“No tendrá fines comerciales y ningún senador podrá traer su helicóptero y aterrizar ahí, no simplemente para necesidades de emergencias médicas protección civil o conectividad”, dijo.

Con información de: Alberto Morales y Juan Arvizu | El Universal

Botón volver arriba