13 de Diciembre de 2015
Memorial de 22mdp, una obra en el olvido
13 de diciembre de 2015.- El Memorial a la Víctimas de la Violencia, erigido para honrar a quienes han sido agraviados por este fenómeno en el país, a poco más de dos años de su inauguración luce solitario, está en el abandono, lejos de ser un símbolo y las organizaciones de la sociedad civil no lo consideran como un espacio propio.
Polémico desde su inicio, el memorial ubicado a un costado del Campo Marte es considerado como la última obra del ex presidente Felipe Calderón; la construcción buscaba rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en el contexto del combate al crimen organizado, contó con una inversión de 22 millones 890 mil 846 pesos y su costo de mantenimiento anual es de alrededor de 5 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Adrián Franco Zevada, comisionado de la CEAV, explicó a EL UNIVERSAL que buscan darle vida a este lugar, para que las organizaciones de la sociedad civil se adueñen de este espacio, el cual —enfatizó— está abierto para que cualquiera pueda expresarse.»Su gestación fue polémica, hubo organizaciones de la sociedad civil que apoyaron que fuese en este espacio, otras no lo consideran como un memorial o como una locación representativa para ellos. La realidad es que este espacio costó al erario público y lo importante es utilizarlo», reconoció.
Peligran taludes
13 de diciembre de 2015.- Carecen autoridades de un sistema para supervisar estas áreas de riesgo.
Conjuntos residenciales y populares de Santa Fe están sobre taludes identificados como de riesgo, sin que las autoridades cuenten con un sistema de monitoreo de suelo y supervisión del área para prevenir deslaves.
Líderes vecinales advierten que las autoridades no supervisan si están tapadas las válvulas para drenar el agua de lluvias o las del drenaje, lo que puede provocar humedad en el subsuelo y en paredes del cerro, que fue lo que causó el deslave en el residencial Vista del Campo, el 27 de octubre.
Madruguete alza salario: Mancera
13 de diciembre de 2015.- El aumento al salario mínimo de 70.10 a 73.04 pesos, decretado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) «fue un madruguete», aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
Por separado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, calificó de «infamia» de la Conasami no esperar a que el Congreso de la Unión declarara oficialmente la constitucionalidad de la reforma para desvincular al salario mínimo del cálculo de multas y pagos, y que ayer otorgara un «raquítico» aumento a dicho indicador, por lo que urgió a que el tema sea abordado de inmediato en la Cámara de Diputados.
Mancera, durante su participación en la jornada del programa Tu Ciudad te Re-Quiere, realizado en la Unidad Independencia, de la delegación Magdalena Contreras, afirmó que lo que hizo la Conasami no obedece a la reforma constitucional. «No se esperaron a la reforma constitucional que ya se hizo. Entonces con dos pesitos, que fue lo que aumentaron, dicen que ya estamos por arriba de la inflación, y la gente que gana el salario mínimo ahora ya está muy bien. ¿Para qué va a servir eso?», cuestionó.
Agregó que la lógica de la Conasami fue que, como la inflación es de dos pesos, «entonces lo subimos cuatro, y quiere decir que ya ganamos una gran brecha», pero que las cosas no van por ahí. Instó a las personas a que hagan una lucha para elevar el salario mínimo, pues 7 millones de personas ganan este salario, además enfatizó el hecho de que con el aumento aprobado el pasado viernes no se concretó lo que se debía haber concretado.
El pleno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó el viernes pasado un aumento de 4.2 por ciento al salario mínimo para 2016, es decir, 2.94 pesos más con relación al año pasado. Con este ajuste, el salario que regirá a partir del 1 de enero de 2016 en todo el país será de 73.04 pesos diarios, superando los 70.10 pesos vigentes en 2015. El presidente de la Conasami, Basilio González, aseguró que el Consejo de Representantes de este organismo resolvió este incremento, concediendo un mayor porcentaje, porque la inflación del próximo año será de 3 por ciento, de acuerdo con el Banco de México.
El Verde mintió y ocultó información, según expediente
13 de diciembre de 2015.- En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso.
Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada.
La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto.
En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).
París: acuerdan poner fin a la era de la energía fósil
13 de diciembre de 2015.- La cumbre del clima de París (COP21) aprobó ayer el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que cerca de 200 países, tanto desarrollados como en desarrollo e incluidos los dos mayores contaminantes, China y Estados Unidos, se comprometen de manera a transitar de manera conjunta hacia una economía baja en carbono.
El acuerdo es histórico porque, por primera vez, 195 naciones firman un acuerdo para salvar al planeta del calentamiento global, desencadenado por el hombre con sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Salvar al planeta acuerdo mundial de la COP21
13 de diciembre de 2015.- La cumbre de París COP21 pasará a la historia por haber logrado el primer acuerdo universal legalmente vinculante de lucha contra el cambio climático, en el que 196 países se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta, cuyo vertiginoso aumento expone al mundo a catastróficas consecuencias.
«Se trata de un acuerdo justo, duradero, ambicioso, equilibrado y vinculante que confirma nuestro objetivo de limitar el calentamiento climático «muy por debajo de 2°C» y, de ser posible, «limitar ese incremento a 1.5°C», sintetizó el canciller francés Laurent Fabius.
Inmediatamente después de la aprobación del acuerdo, sancionado a las 19.26 hora local, el presidente francés François Hollande se incorporó a la sesión plenaria y se fundió en abrazos con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y con Fabius. «En París, se produjeron muchas revoluciones. Pero hoy se produjo la más bella, la más pacífica: la revolución por el cambio climático», concluyó.
El ambicioso documento de 31 páginas fija como objetivo principal contener el aumento de temperatura media del planeta «muy por debajo de 2°C y hacer el esfuerzo de limitar ese incremento a 1.5°C» a partir de 2020. La mención de ese umbral de 1.5°C fue saludada con una auténtica salva de aplausos de la asistencia, sobre todo por aquellos países en desarrollo que lo convirtieron en una línea roja durante las negociaciones.
El texto establece la necesidad de realizar cada cinco años un balance colectivo de los progresos realizados en la reducción de GES a fin de poder adoptar, en caso necesario, las medidas que se imponen. El calentamiento del planeta amenaza la producción agrícola, los recursos marinos y las reservas de agua en numerosas regiones. El aumento de nivel de los océanos pone en peligro la existencia de los Estados insulares, así como las comunidades que viven en zonas costeras.
El acuerdo obtenido en París, que entrará en vigor en 2020, debe permitir reorientar la economía mundial hacia un modelo de bajo consumo de gases de efecto invernadero (GES). Semejante revolución implica el abandono progresivo de las energías fósiles (carbón, petróleo, gas) que dominan la producción energética mundial, un desarrollo considerable de las energías renovables, inmensas economías de energía e, incluso, una mayor protección de los bosques.
El texto establece la importancia de fijar un precio al carbono para luchar en forma eficaz contra el calentamiento. También contempla el principio de «diferenciación» que establece una mayor participación y esfuerzo de los países desarrollados, en virtud de su responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Defensores del medio ambiente consideran insatisfactorio el texto del acuerdo, pero reconocen que demuestra la intención de alejarse del uso de los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas.
Quema de cuerpos, delito grave: Peña
13 de diciembre de 2015.- El gobierno federal propuso al Senado que sean tipificados como delitos graves la desaparición de personas llevada a cabo por particulares y que el ilícito sea castigado con hasta 90 años de cárcel. En los casos de incineración, desintegración o destrucción clandestina de cualquier cadáver, pide hasta ocho años de prisión.
El presidente Enrique Peña Nieto, en la iniciativa en materia de desaparición forzada, que envió el jueves al Senado, solicitó que, además de funcionarios, los particulares puedan ser acusados como responsables de desaparición forzada. La iniciativa para crear la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas incluye también a quienes oculten o se queden con hijos nacidos de desaparecidos, y les impone penas de hasta 20 años de prisión.
Se considerará como partícipe del delito de desaparición forzada por particulares, para los efectos de la presente ley a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cuerpo o restos humanos de la persona desaparecida, cuya muerte se haya producido en la desaparición, se detalla en el documento.