- De las 32 entidades, sólo siete tienen avances importantes en la materia: CDMX, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Edomex y Campeche
Ciudad de México, 03 de diciembre del 2023.- Sin la participación de las 32 entidades federativas, los climas extremos, fríos a nivel de congelación y calores que asan y sus consecuencias, feroces huracanes, prolongadas sequías —todo esto producto de los gases de efecto invernadero (GEI)—, el panorama climático para México es poco alentador, advirtió Gabriela Alarcón, de la organización Iniciativa Climática de México (ICM).
Los estados concentran las actividades industriales, energía, producción agrícola y ganadera, entre otras, generadoras de GEI.
Por ello, las acciones climáticas a nivel estatal, junto con los sectores social y empresarial, juegan un papel preponderante en la mitigación de los efectos del cambio climático, en línea con el Acuerdo de París.
En entrevista con Excélsior, la gerente de Acción Climática Subnacional de la ICM resaltó que los gobiernos estatales, si bien carecen de recursos, están dispuestos a hacer los esfuerzos de mitigación y adaptación, pero de los 32, sólo siete tienen avances importantes: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Estado de México y Campeche; muchas otras entidades están muy atrasadas o prácticamente no tienen nada.
“En ICM se ha detectado gran interés a nivel estatal por hacer más en materia de cambio climático, pero en general, los estados enfrentan múltiples retos y el principal es la falta de recursos, seguido de carencia de capacidades técnicas y de personal profesionalizado al interior de las dependencias de medio ambiente”.
Sin capacidades es todo un desafío, explicó, porque el cambio climático es un asunto que no sólo debe estar adscrito a una dependencia o a una oficina, sino que debe ser transversal, por eso se necesitan equipos especializados para el análisis.
En cuanto a la falta de recursos, Alarcón señaló que se trata “de un círculo vicioso si no hay capacidad suficiente de personal especializado, porque no pueden estructurar ni preparar proyectos; se requieren niveles de conocimiento, análisis y preparación complejos y muchas de las veces los proyectos no llegan a ser lo suficientemente adecuados para ser bancables o financiables”.
Y lo que se requiere, aseguró, es un gran listado de proyectos técnicamente viables, que tengan sentido, que estén alineados con los planes de acción climática y que los instrumentos de política pública tengan potencial de mitigación y no sean una ocurrencia del gobierno en turno, sino que respondan a planes serios.
En este sentido, “ni la banca de desarrollo ni las instituciones financieras privadas están dispuestas a respaldar proyectos sin bases y son muy pocos los que llegan a ser lo suficientemente bien preparados”.
EL CONTEXTO CLIMÁTICO DE NUESTRO PAÍS
México es altamente vulnerable al cambio climático y el incremento de la temperatura ya superó el promedio global de 1.2 grados centígrados, teniendo un aumento de 1.7 grados desde el inicio del siglo XX, pero la tendencia no es uniforme en todo el territorio, ya que en las regiones norte y sur, las tasas de calentamiento alcanzan entre 5 y 6 grados por siglo, de acuerdo con el estudio Estado y perspectivas del cambio climático en México: un punto de partida, coordinado por el Programa de Investigación en Cambio Climático y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, ambos de la UNAM.
Este estudio hace énfasis que el país bajo un escenario de altas emisiones de GEI tendrá consecuencias muy negativas en la producción de alimentos, biodiversidad, salud humana y ciudades, por ejemplo; además, aumentarán en frecuencia y magnitud los eventos extremos y los daños asociados.
Gabriela Alarcón indicó que ICM colabora con los gobiernos estatales para tratar de cambiar las políticas públicas e impulsar una mayor ambición, sobre todo para evitar un retroceso mayor en la política climática.
“A nivel nacional hay algunos avances, pero, sin duda, también hay retrocesos, es lo que yo llamo una política de claroscuros.
“Por un lado, la política energética de este gobierno ha ido privilegiando las energías más contaminantes y ha cancelado la oportunidad de desarrollar proyectos con energías renovables importantes, es algo que preocupa; pero por otro lado, en la COP27 México aumentó sus compromisos de reducción de emisiones a través de las NDC; incrementó el porcentaje de reducción de emisiones a 2030, fijando como meta 35% a través de numerosas políticas, pero desafortunadamente todavía no hay una ruta clara de cómo se va a implementar esto. Hay algunos proyectos grandes que no debemos menospreciar, como el Plan Sonora de Energías Sostenibles”.
LA ACCIÓN ESTATAL
Existe un diagnóstico de capacidades institucionales elaborado por la Comunidad Climática Mexicana e ICM ha ayudado a analizarlo e implementarlo.
Alarcón explicó que consta de cuatro grupos de estados donde se identifica el avance en capacidades institucionales y se consideran cuatro ejes: marco regulatorio, es decir, si tienen ley estatal de cambio climático y su reglamento; arreglos institucionales como consejos técnicos y comisiones intersecretariales de cambio climático a nivel estatal; instrumentos de política pública, principalmente los de planeación, donde el más importante es el programa estatal de cambio climático o de acción climática y financiamiento.
Entre los más avanzados destacan Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, por ello, integran un grupo de trabajo de cambio climático y han impulsado distintas acciones concretas.
Detalló que algunos tienen proyectos más ambiciosos que otros, por ejemplo, CDMX en temas de energía tiene una estrategia llamada Ciudad Solar, con la cual se han instaurado calentadores solares en muchas viviendas y un programa de abastecimiento de energía limpia con mecanismos de financiamiento innovadores, como el de la Central de Abasto, donde se colocaron paneles solares en los techos y la energía generada la vende al sistema de transporte eléctrico; “esto es un gana-gana, porque genera recursos y el sistema de transporte eléctrico paga una tarifa menor”.
Jalisco tiene iniciativas como ganadería y agricultura cero deforestación con productores de aguacate y ganaderos; otro ejemplo es la Alianza Empresarial por el Clima entre los sectores público y privado, que busca impulsar el desarrollo económico bajo en carbono y ya se han inscrito más de 100 empresas con compromisos muy claros de reducción de emisiones con base en metodologías robustas.
Yucatán avanza en reforestación “con la idea de preservar la biodiversidad con un doble beneficio: preservar bosques y el capital natural y ayudar a adaptarse mejor al cambio climático y también mitigar por captura de carbono”.
Detrás, agregó, vienen algunos estados que están mejorando sus acciones, como Nuevo León, Querétaro, Puebla, Baja California y Quintana Roo.
En cuanto a financiamiento, destacó los casos de la CDMX, que ha emitido bonos temáticos, bonos verdes desde 2016 para financiar proyectos sustentables; el Estado de México emitió su primer bono sustentable en 2022; Baja California también recién emitió el Bono Sostenible para los Servicios Públicos de Agua; eso es una manera de hacerse de recursos y para financiar proyectos climáticos que tengan todos los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Sin embargo, para Alarcón no hay suficiente voluntad política para institucionalizar la cooperación y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y entre los diversos sectores, “donde justo la agenda climática, que es transversal, se beneficiaría, necesitamos la institucionalización de la cooperación y no la improvisación”.
LA CDMX, pionera en acción climática
A través de su agenda climática de siete ejes, la CDMX, hasta diciembre de 2022, ha logrado reducir dos millones 169 mil 765 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, lo cual sería como si dejaran de circular todos los vehículos de la entidad durante 48.5 días, dijo Ana Mendívil, subdirectora de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente.
Esta mitigación significa un avance de 98.57% respecto de la meta propuesta de 10% de las emisiones anuales para 2024 y la base es 2016, cuando la CDMX lanzó a la atmósfera 27 millones de toneladas de CO2, indicó Mendívil y, de acuerdo con el cálculo de la Sedema, al corte de julio pasado, se cumplirá a 100 por ciento.
En junio de 2019, el actual gobierno presentó el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024 para reducir los contaminantes y proteger el ambiente, entre otras acciones.
En 2020, continuó, se publicaron los instrumentos de política pública que marcan la ruta de la descarbonización de la entidad.
En entrevista con Excélsior, Mendívil detalló los siete ejes de la política climática:
1. Revegetación del campo y la ciudad, la meta es una ciudad más verde.
2. Recuperación de ríos y cuerpos de agua, entre las acciones se han rescatado cinco ríos.
3. Manejo sustentable del agua, se enfoca “en la inversión en infraestructura de Sac-
mex y fortalecer el programa de cosecha de agua de lluvia”.
4. Basura cero, busca reducir los desechos en rellenos sanitarios en 50% para 2024, prohibir los plásticos de un solo uso, la Ley de Economía Circular y la creación de una planta de biodiésel para el transporte público.
5. Movilidad integrada y sustentable, entre los objetivos están impulsar el transporte público, tener tres líneas de cablebús, y apoyos para la renovación de taxis con autos híbridos y eléctricos.
6. Calidad del aire, fortalece los programas de verificación vehicular y Hoy no circula, adopción de nuevas tecnologías para la detección remota de contaminantes y se tejieron alianzas con el sector privado para el control de emisiones de sus flotas.
7. Ciudad solar, busca la eficiencia energética e impulsar las energías renovables a través de apoyos para la instalación de calentadores solares en viviendas y en mipymes, la construcción de la planta solar de la Central de Abasto y la creación de empleos verdes.
Por su parte, Claudia Hernández Fernández, directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Sedema, destacó que entre los retos más grandes a enfrentar están el financiamiento, puesto que las medidas de transición hacia una economía baja en carbono requieren de inversiones, así como apuntalar la participación ciudadana.
Lorena Rivera
Impuestos y renovables, la apuesta de Guanajuato
Para acelerar la acción climática con una visión costo-beneficio social, Guanajuato redujo de cuatro a dos impuestos verdes, uno a las emisiones de gases de efecto invernadero y otro a la generación de residuos, enfocados a la remediación ambiental después de casi cuatro años y medio de negociaciones con el sector privado y la participación de la autoridad fiscal estatal (SATEG), dijo Alberto Carmona, de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).
El subsecretario de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética explicó que el impuesto es de 45 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente y sólo hay una excepción, el gas natural, con un estímulo de 90% que se irá perdiendo hasta llegar a 75% en 2030, “los otros combustibles pagan entero el impuesto”.
Sobre residuos, la cuota es de 30 pesos en 2023, 50 pesos en 2024, hasta llegar a 100 pesos en 2027.
En entrevista con Excélsior, Carmona señaló que las empresas que participan en el sistema de comercio de emisiones son las que arrojan a la atmósfera de 100 mil toneladas en adelante y tienen una cuota fija anual y este impuesto es de carácter extrafiscal, es decir, el dinero de la recaudación se va a proyectos ambientales.
La reducción a sólo dos impuestos y el enfoque de gradualidad fueron bien recibidos por la IP, incluso a la fecha “hay cero amparos”.
El Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 es el instrumento de política pública más importante, “pues tiene objetivos muy claros en mitigación y adaptación al cambio climático con una visión a largo plazo”.
Un año antes de finalizar el actual gobierno, continuó, debe publicarse el siguiente plan estatal de desarrollo a 2050, y en la elaboración hubo una importante participación ciudadana.
En materia de generación distribuida, Carmona señaló que la meta es llegar a un megawatt de capacidad instalada al término de la administración, para ello se han colocado paneles solares en escuelas y edificios de gobierno.
Adelantó que será a partir de 2024, cuando emitirá 55 mil certificados o créditos de carbono, cada crédito equivale a una tonelada, “y serán 55 mil toneladas a reducir, certificadas con un registro internacional… las emisiones se van a vender en el mercado voluntario de carbono”.
Con las acciones, aseguró que el estado pasó del lugar 12 al cuarto en generación distribuida con 183.10 megas.
Carmona indicó que Guanajuato es de las pocas entidades con un atlas estatal de peligros y riesgos, y próximamente estará listo el sistema de alerta temprana basada en ciencia y tecnología del espacio. También destacan los documentos Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático, actualizados a 2021.
Yucatán, acelera paso en el camino a la neutralidad
Para hacerle frente al cambio climático, Yucatán encontró que la mayor área de oportunidad de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) está en dos de los seis sectores identificados: energía (65.3%) y el subsector transporte (terrestre y aéreo), y el agropecuario y forestal (18.9%), que, además, son los que más lanzan compuestos contaminantes a la atmósfera, aseguró Diana Pérez Jaumá, subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad.
Referente a la descarbonización del transporte, dijo que el gobierno implementa dos proyectos clave: ciclovías y el Ie-tram, que será el primer servicio de transporte rápido 100% eléctrico en el sureste del país, el cual tiene las amenidades de un autobús, “pero se maneja al estilo de un metrobús, y ya está la primera ruta, esperamos pueda inaugurarse a finales de año, las unidades están en Veracruz y estamos muy entusiasmados, porque su fuente de energía es un parque fotovoltaico, es decir, usará energía limpia”.
En cuanto al sistema interconectado de ciclovías dijo que, al día de hoy, hay más de 130 km y se aumentó un tramo de más de 70 km, además, “una ruta va por el emblemático Paseo Montejo”.
Sobre eficiencia energética y fomento de energías renovables se ha trabajado de la mano con aliados como GIZ para aprovechar el potencial que tiene el estado, ejemplo de ello es la generación distribuida que crece de manera acelerada.
En el foro realizado por ICM en el marco de la COP28, Pérez destacó el desarrollo de instrumentos económicos como el Fondo Ambiental, impuestos ecológicos a emisiones y a descargas, además del mercado voluntario de carbono azul y carbono verde.
Así, continuó, lograr la agenda climática de Yucatán ha significado trazar la ruta de descarbonización, diseñar un presupuesto de carbono con el apoyo de Iniciativa Climática de México y el Centro Mario Molina, estructuración de los programas Yucatán Cero Residuos y Arborizando Yucatán, lo cual ha sido “un trabajo de cinco años y resultados gratificantes”.
Las líneas de acción climática están encaminadas a fortalecer mediciones, proyecciones y ejecución para que en 2024 se logre la reducción de 10% de los GEI, con el objetivo de cumplir con el compromiso internacional Race to Zero (Carrera hacia Cero) de mitigar 50% para 2030 y lograr la neutralidad en carbono en 2050.
Además, hizo énfasis en la importancia de la ambición en materia de mitigación, por lo cual, en febrero de 2022, el gobierno se comprometió con la neutralidad de carbono al adherirse a Race to Zero y por ello se ha trabajado en actualización, porque cuando la administración inició no contaba con una ley enfocada a cambio climático y ahora es una realidad y ya tiene su reglamento, a los que se alinean otras leyes ambientales.
Con información de: https://www.excelsior.com.mx/
