04 de Diciembre de 2015

En conflicto de interés, fiscal del caso Escobar Santiago Nieto Castillo laboró por más de un año como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, información que omitió declarar dentro del currículum que por ley tenía que entregar para ser nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El fiscal que la semana pasada acusó ante un juez al PVEM y a su entonces vocero y ahora ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, trabajó hasta cuatro días antes de llegar a la fiscalía para la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, según lo comprueban tres contratos en poder de El Universal. La investigación que llevó al fiscal Nieto a consignar ante un juez el expediente, se deriva de una acusación presentada por el PRD y el PAN en contra del PVEM. Nieto Castillo fue asesor de la bancada perredista en la Cámara Alta por 18 meses —del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015—, periodo por el que acordó el cobro de un millón 80 mil pesos por servicios de asesoría, investigación, recopilación y análisis. El 15 de febrero pasado —sólo cuatro días antes de ser designado al frente de la FEPADE— dio por terminado anticipadamente el último contrato de honorarios suscrito. “En los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos se localizó el expediente a nombre de Santiago Nieto Castillo, prestador de servicios profesionales por honorarios, contratado por el Senado, asignado al grupo parlamentario del PRD, recibiendo contraprestaciones por los servicios desarrollados la cantidad de 60 mil pesos mensuales, por el periodo del 1 de enero de 2014 al 15 de febrero de 2015, fecha en que se dio por terminado anticipadamente el último contrato de honorarios suscrito”, detalla un informe del Senado en poder de este diario.

Adeudan al agro $7,500 millones Desde septiembre, la agencia gubernamental responsable de repartir subsidios a productores de granos se quedó sin dinero, por lo que no puede hacer frente a su abultado adeudo de 7 mil 500 millones de pesos. El impacto lo están resintiendo 250 mil productores de varios estados que cultivan granos como maíz, trigo, sorgo, soya y cebada. «Todos los adeudos que se tienen se van a pagar; es un compromiso federal», dijo Alejandro Vázquez Salido, director de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), de la Sagarpa. Sin embargo, no hay una fecha precisa para liquidar esas deudas y todo dependerá de los recursos que Hacienda pueda suministrar. Pero, al cierre de sexenio, todo estará saldado, prometió. «Nos dijeron que antes de cerrar 2015 iban a pagar, pero no, hasta ahorita no hay pago», expresó Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz. El presupuesto anual de la Aserca, de unos 12 mil millones de pesos, equivale al que disponen juntas la Secretaría del Trabajo y la de Turismo. El 80 por ciento de esos recursos es para subsidiar a productores y compradores que entran a la agricultura por contrato -un modelo sin revisar y vigente desde 2003-, y el resto, para promover exportaciones. Con la agricultura por contrato, productores y comercializadores acuerdan un precio por cosecha, pero, cuando los precios de mercado están por debajo, como sucede actualmente, la Aserca cubre la diferencia. Además, subsidia las coberturas que compran productores y comercializadores, las cuales funcionan como un seguro. De acuerdo con Vázquez, el adeudo se acumuló por el desplome de precios, el recorte presupuestal y las fallas en la planeación de cultivos y la selección de beneficiarios.

Despido y cárcel a saboteadores: Nuño Los profesores que intentaron sabotear la evaluación docente en Guerrero enfrentarán el despido y la cárcel, advirtió la Secretaría de Educación Pública. “Vamos a proceder, tanto administrativamente como penalmente contra los maestros que intentaron hacer este sabotaje a la evaluación. Hoy les puedo decir que intentaron, pero no tuvieron éxito, la situación se controló”, expresó Aurelio Nuño, titular de la dependencia. Los alrededor de 70 docentes que provocaron la interrupción momentánea de la prueba ayer en el Centro de Convenciones Forum Imperial pueden enfrentar el delito de sabotaje, que de acuerdo con el artículo 140 del Código Penal federal se puede castigar de dos a veinte años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos. Además, una vez plenamente identificados serán dados de baja del servicio profesional docente. Nuño recalcó que, pese los intentos de boicot, la evaluación de desempeño docente se aplicó ayer a mil 960 profesores. Más tarde, a través de un comunicado, la dependencia precisó que se reprogramó a mil 460 para hoy, así como nueve sustentantes adicionales que solicitaron realizar este proceso. Además, para el 11 de diciembre se reprogramó a mil 64 sustentantes registrados.

Obstruyen parte de la evaluación docente en Acapulco La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en la evaluación del desempeño docente en Guerrero hubo un intento de sabotaje, lo que generó una suspensión parcial de la prueba para algunos sustentantes. Sin embargo, afirmó que lograron participar mil 960 de los 2 mil 537 que comenzaron la aplicación. Lo anterior, pese a que pasado el mediodía la dependencia reportó que sólo 500 maestros habían retomado su evaluación. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, anunció que la dependencia federal procederá penal y administrativamente contra quienes resulten responsables, luego que se informó que al menos 70 profesores, que ingresaron como sustentantes al Centro de Convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco, realizaron actos de protestas y la desconexión de la red. El funcionario federal reconoció que una vez comenzada la evaluación a las 8 horas, con asistencia de 2 mil 537 profesores de 3 mil 24 que fueron convocados, algunos de ellos, quienes tenían la intención de sabotear la prueba desde dentro, empezaron a desconectar computadoras, a gritar consignas, e intentaron generar una situación que desbordara la evaluación, pero afortunadamente no tuvieron éxito. Tras insistir en que se instalaron computadoras suficientes para cada uno de los asistentes –pese a que autoridades de la SEP reconocieron que en el principio se contaba únicamente con 2 mil 880 equipos conectados y listos para su uso, mientras el resto continuaba en proceso de instalación y conexión–, indicó que continuará la aplicación de la evaluación. La dependencia detalló que mil 469 podrán evaluarse hoy, y mil 64 fueron reprogramados para el 11 de diciembre.

Intentó CETEG sabotear evaluación en Guerrero Un primer caso de sabotaje contra la evaluación magisterial fue denunciado ayer por la Secretaría de Educación Pública. Los opositores al examen, identificados como miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), lograron llegar hasta la sala donde se realizaban los exámenes y desconectaron las computadoras para luego arengar a sus compañeros a que abandonaran la prueba por falta de condiciones adecuadas. Cientos de profesores abandonaron el recinto y fue hasta que las cosas comenzaron a aclararse cuando la mayor parte de ellos regresó. Los promotores de esta acción, indicó la SEP, se registraron al examen como el resto de los profesores y no son más de 70 en total. La dependencia indicó que varios están plenamente identificados y pueden ser sancionados con la baja definitiva de su plaza. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, dijo posteriormente que el intento de sabotaje no tuvo éxito, ya que el grupo de 70 maestros “tenía la intención de sabotear la evaluación desde dentro”. El escenario de este evento fue Guerrero, en donde a pesar de todo la evaluación avanzó en más de dos terceras partes de lo programado y se espera concluir la totalidad de exámenes antes de la mitad de mes. “Estas personas, una vez que estuvieron dentro, algunos de ellos empezaron a desconectar computadoras, empezaron a gritar consignas e intentaron generar una situación que desbordara la evaluación, afortunadamente no tuvieron éxito en este propósito”, agregó. Explicó que como consecuencia de la acción de los pretendidos saboteadores algunos maestros se retiraron, pero al mediodía se normalizó la disponibilidad de computadoras y continuó la evaluación.

CRONICA HIDALGO. Reconoce Guajardo visión de JFOR para inversiones: Anunciaron, el gobernador Francisco Olvera y el titular de la Secretaría de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, la inversión más cuantiosa en la historia de Hidalgo, al disponerse 600 millones de dólares para construcción de una nueva planta del grupo industrial Gerdau-Corsa, en Ciudad Sahagún. Olvera Ruiz afirmó que “es muy especial en la historia de nuestra tierra, entregando al mundo productivo una empresa con nuevos derroteros”, al tiempo que agradeció el interés de la Secretaría de Economía para que empresas consideren a Hidalgo. Hizo referencia a la reactivación de la industria en Ciudad Sahagún, tras la decadencia que sufrió en la década de los 80, añadiendo que Tizayuca, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río y Tula, hacen que la zona sur del estado se convierta en el nuevo polo de desarrollo industrial del centro de México. Respecto a Tula y la reconfiguración de la refinería, el mandatario hidalguense informó que en próximos días el presidente Enrique Peña hará anuncios importantes. Añadió que la estabilidad de su gobierno, la transparencia en la realización de cualquier trámite, seguridad y paz social con las que se vive en Hidalgo, son cualidades que brindan confianza a inversionistas. Por su parte Guajardo Villarreal expresó que la puesta en operación de esta planta “es producto de la visión transformadora del gobernador”. Subrayó que esta inversión es la más importante de Brasil en México, en conjunto con las demás empresas que ya se encuentran establecidas en Ciudad Sahagún, esta zona del Altiplano hidalguense recupera el número de empleos que tuvo en la década de los 70, que fue su época de mayor bonanza.

CRITERIO. Anula SCJN ley antichapulines: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el candado que busca evitar el registro de exmilitantes partidistas como candidatos independientes en la entidad. Por unanimidad, el pleno de la corte anuló una norma que prohíbe la candidatura independiente a quienes hubieran participado en algún proceso interno de selección de candidatos de un partido político, en los dos procesos electorales previos. Los ministros determinaron que se trata de un requisito excesivo y desproporcionado, pues prácticamente veta durante seis años la posibilidad de contender como independientes a personas que por cualquier razón dejen su partido. El ministro Jorge Pardo advirtió que los congresos estatales han ido haciendo cada vez más riguroso este requisito, incrementando el número de años en los que aplica el veto a quienes contendieron en un partido. “¿Alguien participa cinco años antes y eso lo inhabilita para ser independiente?”, cuestionó José Ramón Cossío. “Es excesivo, no sé si se está tratando de generar una condición de lealtad a los partidos, o algún mecanismo para evitar fugas, pero esto no se aviene al derecho político que tienen las personas para su movilidad”. Al analizar el artículo 247 del Código Electoral de Hidalgo, reformado en septiembre pasado por los legisladores locales, la corte no alcanzó mayoría calificada para invalidar el candado consistente en que los exdirigentes de partidos tienen que llevar al menos tres años separados de dicho puesto para registrarse como candidatos independientes. Cinco de los nueve ministros sostuvieron que este requisito también es inconstitucional, porque es subjetivo pensar que el expresidente de un partido será más o menos leal a la institución por el hecho de llevar tres años separado, en vez de uno o dos años.

MILENIO HIDALGO. Llega inversión de 600 mdd a Sahagún.