Quito, 19 de mayo del 2023.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, señaló el 20 de agosto como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, luego de que el jefe de Estado Guillermo Lasso pidió la convocatoria a elecciones tras disolver la Asamblea Nacional (Parlamento). A partir de ayer comenzó a correr el plazo de siete días para que el CNE convoque a comicios, lo que marca al 24 de mayo como fecha límite.
Para el CNE, “es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley”, expuso Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en 90 días para la primera vuelta. Atamaint aclaró en la televisión Teleamazonas que se deben cumplir todos los hitos normales de un proceso electoral, por lo que los partidos y movimientos políticos deben realizar primarias.
El CNE debe calificar las candidaturas y proclamarlas, propiciar el debate entre los postulantes posiblemente al comienzo de la campaña proselitista que, podría desarrollarse durante 15 días en lugar de los 45 señalados en procesos electorales normales. Aunque aclaró que aún no es un dato oficial, pues debe ser aprobado por el pleno del CNE, Atamaint avanzó que la primera vuelta electoral sería el 20 de agosto y, de ser necesario una segunda vuelta, sería el 15 de octubre.
“El país espera volver a la tranquilidad”
La Constitución señala que el jefe de Estado debe asumir el cargo el 24 de mayo, pero Atamaint comentó que esto no aplica para las elecciones anticipadas, por lo que especuló que Ecuador podría tener un nuevo gobierno ennoviembre. “Aproximadamente sí, tendríamos que esperar que los (eventuales) recursos se resuelvan lo más pronto posible. El país espera volver a la tranquilidad, a la normalidad y en eso, la función electoral, está totalmente consciente y apelamos a que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico, y a la altura de lo que exige el sistema político de Ecuador”, comentó. La presidenta del CNE indicó que, si cumplen con los requisitos legales, Lasso y los legisladores destituidos pueden postular en los comicios anticipados, pero ello no se considera una relección. “No cuenta como relección, lo dice un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional”, aclaró al recordar que se trata de una candidatura para completar un periodo, por lo que los candidatos pueden volver a postularse para los comicios generales de 2025, que es cuando debía terminar el periodo de Lasso.
No se reportaron protestas en el país y la calma y la normalidad parecían reinar en Quito en ayer. El sistema de transporte local, provincial y nacional funcionó con normalidad, e incluso se mantuvo la restricción de circulación en la capital de automóviles dependiendo del número final de la placa, como de costumbre. Los aeropuertos, hospitales y otras casas de salud, así como los servicios públicos también funcionaban sin alteraciones en las primeras horas de ayer.
Sin embargo, el edificio de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador, permanecía bajo fuerte control de efectivos antimotines de la Policía Nacional, un día después de que Lasso aplicó la llamada “muerte cruzada” y disolviera el Legislativo.
La Policía permitió ayer el acceso de personal administrativo de la Asamblea Nacional para retirar sus pertenencias, mientras se prevé que lo propio podrán hacer los ex legisladores desde el lunes próximo, informaron medios locales, que dijeron que no había problemas con el transporte ni en aeropuertos u hospitales.
El conservador Lasso, en el poder desde 2021, disolvió antier la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como “muerte cruzada”, que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones.
Lasso, de 67 años, declaró que decidió invocar la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una “grave crisis política y conmoción interna”.
La “grave crisis política y conmoción interna” es una de las tres causales por las cuales el Ejecutivo puede aplicar el artículo 148 de la Constitución de 2018, que también pone plazos para celebrar elecciones anticipadas presidenciales y legislativas para completar los mandatos correspondientes desde el momento de la disolución del Parlamento.
Apelación
El decreto de Lasso de disolución del Parlamento fue recurrido ante la Justicia constitucional por dos fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que el país no está en un estado de grave crisis política ni conmoción interna. Virgilio Saquicela, ex presidente del Congreso, y otros ex parlamentarios presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lasso, lo mismo que la gremial obrera Frente Popular.
Saquicela explicó a The Associated Press que interpuso una querella personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente, ya que en el país no había “conmoción social”.
En declaraciones a Afp, el presidente Rafel Correa (2007-2017), reiteró su rechazo al decreto. “Lo mejor para el país (…) es anticipar elecciones generales, presidenciales y legislativas. Lastimosamente, no es lo correcto (…) El decreto es inconstitucional. Aquí viene el dilema entre hacer lo bueno, anticipar elecciones, y lo correcto, que es respetar la Constitución”, expresó.
En ese escenario, añadió, “lo crucial es lo segundo: respetar la Constitución y el Estado de derecho, por lo que debería declararse inconstitucional este decreto y continuar el juicio político en la Asamblea”.
En las primeras horas con la medida vigente, el gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: impidió el acceso al Parlamento de los ahora ex legisladores, reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana” y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que reduce impuestos.
El brazo político del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, cuyas protestas se vinculan con la caída de tres presidentes de Ecuador desde 1997, dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión, que consideró que abre un “escenario dedictadura”. Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, convocó a sectores sociales a una “Asamblea popular” para “encarar el modelo dictatorial” que pueda aplicar Lasso en este periodo, lo que puede implicar protestas.
Desestiman seis alegatos de inconstitucionalidad
Al cierre de esta edición, la Corte Constitucional de Ecuador rechazó seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto emitido el miércoles por el presidente del país.
La Corte, mediante un comunicado, precisó que los tres tribunales de jueces constitucionales que analizaron las demandas decidieron “por unanimidad” rechazarlas, con lo que el decreto presidencial, conocido como “muerte cruzada”, se mantiene en firme y se efectuarán elecciones generales en unos tres meses.
Hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Lasso gobernará expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional.
El abogado y analista electoral Medardo Oleas explicó a The Associated Press que cuando se declare abierto el periodo comicial, la máxima autoridad será el CNE y de acuerdo con la norma constitucional “ninguna autoridad podrá interferir en la realización del proceso”. Agregó que si la Corte interfiriera con algún dictamen sus integrantes “podrían ser destituidos”.
Con información de: Página / 12, Ap, AFP y Sputnik
