03 de noviembre de 2015.- Ningún Estado está a salvo de ser infiltrado por el crimen organizado; circunstancia que al alcanzar a los procesos electorales, requiere la salvaguarda gubernamental y la custodia de los partidos políticos.
Al respecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova y el secretario general de la OEA, Luís Almagro, coincidieron en que el crimen organizado “…puede interferir en las elecciones, promoviendo candidatos o financiando elecciones…”. Situación que al ser ya una realidad, no debe ignorarse.
En este trazo, Córdova Vianello destaca que, “…el INE no está facultado para realizar actividades de inteligencia o seguridad para prevenir o contener el problema, en todo caso su instrumento es la fiscalización sobre el origen de los recursos de campaña”.
Lo señalado por el Consejero Presidente es verdad, pero de ninguna manera significa que el INE esté atado de manos para investigar, denunciar y combatir las anomias e irregularidades que conozca de candidatos participantes en procesos electorales.
El INE tiene que jugar un papel primordial, no puede restringir su actuación a sólo fiscalizar los recursos de la elección para garantizar su licitud. Debe ser en todo momento, un órgano de moralización y probidad política, que trascienda en sus diálogos no sólo hacia la partidocracia y sus candidatos, sino al tejido social. Cuenta con una estructura nacional que entre otras cosas genera información suficiente para fiscalizar y atender este problema. Sólo se exige que la haga valer.
Existen instancias y mecanismos normativos para hacer frente a la posible infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales, empero, en los organismos que tienen el mandato de organizar y vigilar los procesos electorales, parece coexistir una complicidad velada y tolerada entre algunos partidos políticos, candidatos y servidores públicos.
El caso de Cocula, Guerrero, confirma esta atroz complicidad y denota que la fiscalización de los procesos electorales resulta inútil por su falta de atingencia y aplicación inoportuna o inexistente, condición que urge corregir como lo demanda la importancia política de los procesos electorales del país.
La hacienda pública tiene la facultad legal para fiscalizar cada centavo de ingresos y financiamientos de personas físicas y morales. Cualquier partido político y candidato puede y debe ser auditado. La transparencia en el uso de los recursos públicos, estriba en su cualidad de ser un escrutinio público y en público.
Es necesario demandar del INE mayor efectividad del control de los procesos electorales. Nada impide llegar hasta las últimas consecuencias, cuando se hace valer el Estado de derecho. Esta es una virtud de la democracia que parece ser olvidada y a la cual debe dársele importancia si se quiere actuar en consecuencia.
La creciente yuxtaposición de factores que debilitan las estructuras institucionales, la erosión de los partidos políticos, aunado a la corrupción e impunidad, son el caldo de cultivo para que la ciudadanía no encuentre el encausamiento social hacia las oportunidades que requiere.
Los partidos políticos no pueden continuar como ínsulas de un poder indolente. La ciudadanía clama por una nueva moralidad política, donde prime la responsabilidad, probidad y transparencia de sus estructuras y la de los ciudadanos que aspiran a ser postulados candidatos, cuya honestidad e integridad política constituya una virtud como lo exige la ciudadanía.
La responsabilidad de los partidos políticos no sólo debe estar presente durante el proceso de selección de candidatos. Implica un compromiso moral y político en el ejercicio del poder. No es admisible que frente a actos de corrupción, evadan su responsabilidad con una simple declaración de deslinde o lavándose las manos ignorando su responsabilidad política.
La opinión pública demanda el cumplimiento irrestricto de la ley y la creación de mecanismos de control político-electoral que otorguen certidumbre y transparencia activa de los comicios, y a la acción de partidos políticos y autoridades electorales; garantizar el respeto y la limpieza de la voluntad política de la ciudadanía; comprometer mejoras a la calidad de nuestra democracia; y control programático de candidatos cuando acceden al poder.
Esta realidad marca una interdependencia compleja, que se agrava por la carencia de una relación articulada entre Estado y sociedad. No se tiene un frente común para hacer de la cultura política, una vértebra de la conciencia cívica que destierre los apetitos espurios y egoístas que han dañado a la Nación. Hay que construirlo.
Este contexto, la intención del Consejero Presidente por construir una nueva sede del INE, que costaría alrededor de mil cien millones de pesos se vuelve incomprensible y aberrante. No considera las condiciones de pobreza extrema de amplios sectores de la población, ni que la educación y la salud, reclaman atención y mayores presupuestos. Su falta de sensibilidad política, ignora la precariedad de la eficiencia y calidad de la democracia del país; y el agobio de factores negativos del desarrollo, como la contracción de la renta petrolera, la inestabilidad económica mundial, y las fluctuaciones monetarias y financieras.
Resulta inadmisible que la forma de hacer política no haya cambiado. Sigue primando un autoritarismo excluyente y un modelo de privilegios y prebendas, causante de los estragos a la legitimidad en el ejercicio de gobierno por ignorar las demandas ciudadanas.
Es necesario transitar a un modelo político de corresponsabilidad incluyente con mecanismos de concertación progresista, que haga de la política la esfera univoca del tejido social y no un espacio diferenciado.
La aversión política que viven los ciudadanos, demanda partidos políticos responsables, que no se yergan como élites distantes del pueblo y que no hagan de la política, la historia del revés ciudadano.
Bienvenidos la “paridad de género” y los “candidatos sin partido”, nuevas variables de este proceso electoral. Por el bien de México, esperamos contribuyan a recuperar la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Agenda
• El Presidente Peña Nieto presidió la “Cumbre Global de Gobierno Abierto” en la que participaron 66 países, organismos nacionales e internacionales y sociedad civil. Marcó para México, avances en el desarrollo de estructuras de transparencia y rendición de cuentas que afianzan un nuevo horizonte democrático y profundizan la alianza entre el gobierno y la sociedad.
• Con el homenaje “A seis años de distancia”, en el Museo José Luis Cuevas, se recordó el sexto aniversario luctuoso del artista hidalguense, nacido en Mixquiahuala, Byron Gálvez. En el evento convocado por su viuda, la incansable Eva Beloglovsky, se develaron 12 esculturas de bronce y cuadros de Emilia Sirrs, referenciales de la obra de Gálvez. Viviana Basanta, Directora Artística del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, montó un sublime performance con bailarines de su compañía de danza contemporánea, “México en Movimiento”.
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