La LXV legislatura propone reformas a la ley para prevenir la comisión de delitos y eliminar la discriminación en el estado
Pachuca Hidalgo; a 29 de marzo del 2022. En continuidad con los trabajos de la LXV Legislatura se llevó a cabo la sesión ordinaria número 42, a través de la cual se propusieron nueve iniciativas y tres acuerdos económicos que buscan reformar, derogar y/o adicionar las leyes hidalguenses en temas de Código Penal, juventud y discriminación a personas con discapacidad mental.
La sesión comenzó con la presentación de la iniciativa de las y los diputados Jorge Hernández Araus, Lisset Marcelino, Toño Hernández, Vanesa Escalante, Elvia Sierra, Tania Valdez y Osiris Leines, la cual tiene como objetivo visibilizar nuevas conductas delictivas, no solo porque atentan contra el derecho a la vida, sino contra un conjunto de derechos previos y posteriores a la privación de la misma. Con esto, se busca dotar de herramientas a los órganos de investigación, procuración y administración de justicia, en el momento de la acreditación de los elementos del tipo penal de feminicidio, aunado al hecho de que el Código Penal vigente en el Estado, no contempla agravantes que requieren ser incorporadas.
Posteriormente, los legisladores Silvia Sánchez y Rodrigo Castillo propusieron que los partidos políticos, como entidades de interés público, incluyan planes y programas encaminados a la formación y fortalecimiento de nuevos cuadros en edad juvenil, así como para el acercamiento y fortalecimiento de la población juvenil en busca de una preparación para la vida política con sustento técnico, dando así lo mejor para Hidalgo y México.
Enseguida, la diputada Lisset Marcelino hizo presencia en la tribuna para argumentar la derogación del artículo 19 de la Ley para la Familia, con base en la iniciativa que tiene como objetivo eliminar el impedimento que se encuentra establecido en dicha Ley, el cual no permite que dos personas con discapacidad mental puedan contraer matrimonio, y esto, se considera como discriminación y violación de los derechos humanos.
A continuación, Rocío Sosa, representante plurinominal, dio lectura a la iniciativa que busca garantizar que los Ayuntamientos otorguen la protección de datos personales a los ciudadanos que acuden a realizar trámites y servicios como lo dispone la legislación aplicable en la materia, plasmarlo en la ley orgánica municipal, otorgar este derecho a los ciudadanos y generar la certeza que sus datos están protegidos y no serán utilizados con otro fin.
Seguidamente, Elvia Sierra, Tania Valdez, Osiris Leines, Edgar Hernández, Adelfa Zúñiga, Jorge Hernández Araus y Toño Hernández presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el estado, en la búsqueda de armonizar nuestra Ley sustantiva en la materia con la reforma constitucional del año 2008, a fin de establecer que la prescripción de la acción penal de los delitos considerados como graves sea el límite máximo de la punibilidad prevista para cada delito.
Por otra parte, Erika Rodríguez, Citlali Jaramillo, Michelle Calderón, Rocío sosa, Marcia Torres, Julio Valera, Roberto Rico y Juan de Dios Pontigo, expusieron el proyecto para fortalecer los derechos preliberacionales de las mujeres sentenciadas con hijas o hijos nacidos durante la reclusión o con hijas o hijos menores de tres años, garantizando el interés superior de la niñez, preservando la convivencia de las madres con las niñas y los niños enfocada a una reinserción social eficaz y el desarrollo integral de las y los menores al estar bajo el cuidado directo de las madres, así como la integración familiar.
Posteriormente, la diputada Lorena Hernández, expuso el planteamiento para incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública la atribución de promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, con miras a otorgarles certeza en su desarrollo personal, social y laboral.
Una vez más, las diputadas Citlali Jaramillo, Erika Rodríguez, Marcia Torres, Michelle Calderón, Rocío sosa y los diputados Julio Valera, Juan de Dios Pontigo y Roberto Rico tomaron la tribuna, para proponer la incorporación en la Ley de la Juventud del estado del derecho de las y los jóvenes a una vida libre de violencia, con protección y respeto a su integridad física y mental.
Para culminar la presentación de iniciativas, nuevamente la legisladora Lisset Marcelino hizo el uso de la voz y sometió a consideración del pleno la propuesta de la iniciativa que adiciona en el Código Penal la sanción a los servidores públicos que se conduzcan con falsedad ante una autoridad judicial y asimilarlo a lo que prescribe el Código Penal Federal por la misma conducta, instituyéndolo dentro del ejercicio indebido del servicio público.
En cuanto a las propuestas de acuerdos económicos, se presentó el legislador Andrés Caballero con el exhorto a los diputados federales y senadores del honorable Congreso de la Unión, para que voten a favor de la reforma constitucional en materia eléctrica, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y, con ello, garantizar que no aumenten las tarifas eléctricas en beneficio del pueblo.
Por su parte, en representación de los integrantes del PRI, el PAN y el PRD, el diputado Julio Valera, solicitó llamar al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que en el ámbito de sus facultades vigilen, investiguen y sancionen a los partidos políticos que difundan propaganda electoral que contenga programas sociales con fines electorales y que esté siendo difundida en el marco del presente proceso electoral ordinario 2021-2022 de elección de gubernatura en el estado, esto con la finalidad de evitar confundir y engañar a la ciudadanía sobre su permanencia o inclusión en estos programas.
Por consiguiente, también se realizó el exhorto a los servidores públicos, para que durante dicho proceso electoral se abstenga de usar o permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, con la finalidad de incidir y posicionar en el electorado a algún candidato, partido político, candidatura común o coalición.
A esta participación se suscribieron las y los diputados Lisset Marcelino y Vanesa Escalante, Roberto Rico, Noé Hernández y Andrés Caballero, quienes, además, celebraron la voluntad, interés y unión de la LXV Legislatura en cuanto a garantizar un proceso electoral transparente y democrático. Por esta razón y siendo un tema de relevante importancia, se solicitó a la secretaría a turnar la propuesta de acuerdo económico a la comisión correspondiente para realizar su estudio y análisis a la brevedad posible.
Para finalizar, la legisladora Tania Valdez, exhortó al Ayuntamiento de Tepeji del Río con el objetivo de que dé cumplimiento a sus obligaciones específicas en materia de transparentar las actas de cabildo del año 2021 y las del primer trimestre del año 2022 una vez llegado el plazo próximo, para así cumplir con sus obligaciones legales y como medida de garantía del derecho humano del acceso a la información pública.