Madrid, 26 de enero del 2022.- Entre los siglos XV y XVII, es decir en plena Edad Media, en Europa era una práctica habitual la quema de personas acusadas de brujería, santería o cualquier actividad definida como herejía o blasfema. Muchas veces eran carbonizadas en las plazas públicas en hogueras colocadas a lo alto, para que el pueblo, a menudo sediento de venganza y castigo, fuera un testigo de privilegio de cómo aquellos cuerpos eran abrasados por el fuego. Cataluña, al igual que el resto de las regiones adscritas al Reino de España, fue una región donde se registraron centenares de asesinatos de este tipo, se calcula que unos 800, por lo cual ahora el Parlamento catalán votó y aprobó una resolución con la que pretende “reparar” la memoria de esas «brujas», de quienes en su mayoría se desconocen nombres y origen.
En un debate atípico en el Parlamento catalán, que en los últimos años se dedica casi en exclusiva a cuestiones relativas al proceso de secesión del Estado español, se habló de brujas, de hogueras, de santería y de persecución, que los grupos parlamentarios que defendieron la resolución responsabilizaron de ello a la “misoginia”, al “patriarcado”, al “capitalismo” y a la moral imperante, marcada por los dogmas de la Iglesia católica.
La resolución se presentó de manera conjunta por las formaciones Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y la Candidatura de Unitat Popular (CUP), todas ellas de tendencia nacionalista y que suelen votar en bloque por cuestiones relacionadas con la construcción de una República independiente en la región. La resolución también contó con los votos a favor de En Comú Podem (la marca electoral de Unidas Podemos en la región) y del Partido Socialista de Cataluña (PSC).
Para presentar la resolución se basaron en una serie de textos históricos, que se remontan a cuando se aprobó la llamada “ley contra el crimen de brujería”, que data de 1424, ya que a partir de entonces se inició con esa práctica de quemar en hogueras públicas a sobre todo mujeres de procedencia diferentes, como gitanas o migrantes, que cultivaban costumbres y credos diferentes. Cualquier conducta fuera de la “normalidad” les podía condenar a la muerte.
De hecho, según esas investigaciones históricas, la comarca catalana del Pallars Sobirá, en la provincia de Lleida, fue uno de los lugares de Europa con más ejecuciones por esos supuestos delitos de “brujería”. El texto de “reparación de la memoria histórica” de esas mujeres quemadas en la hoguera advierte que estas mujeres “fueron asesinadas como víctimas de una persecución misógina” y que “con la visión que tenemos hoy en día, hablaríamos de feminicidio y persecución política a la disidencia”. Incluso señalan la ejecución como un escarmiento hecho por el “sistema capitalista”. La resolución señala además que las mujeres que fueron “procesadas, torturadas y ejecutadas por supuesta brujería eran migrantes, pobres, sanadoras, con saberes sobre la sexualidad y la reproducción, gitanas, viudas y consideradas conflictivas. Todas ellas estigmatizadas y señaladas por sus propios vecinos como brujas y emponzoñadoras”.
En la resolución también se insta a los ayuntamientos de la región a incorporar a la nomenclatura de sus calles, algunos de los nombres que se conocen de las mujeres quemadas en la hoguera, como otro signo de “reparación” de su memoria.
A pesar de que el PSC respaldó la iniciativa, también cuestionó que se utilice el pleno del Parlamento catalán para este tipo de cuestiones y no para debatir e intentar resolver “los grandes problemas que afectan actualmente a la ciudadanía, cuestiones reales y actuales”. En términos similares se expresaron los otros grupos de la oposición, que sobre todo criticaron que se utilizara el pleno del Parlamento y no otros figuras donde se podría haber aprobado la resolución, como una comisión de derechos humanos o de igualdad. Sobre todo -advirtieron- “cuando Cataluña está sumida en una crisis profunda, quizá la más grave de las últimas décadas, y en pleno proceso de decadencia”, según la diputada del PP, Lorena Roldán.
A lo que respondieron las formaciones que presentaron la moción que “la caza de brujas fue la represión contra la disidencia, la misoginia y el machismo en un momento en el que con el nacimiento del capitalismo se quiere construir el modelo de la mujer sumisa”, según la versión de ERC. La diputada de la CUP Basha Cangue fue más allá y consideró que debe hablarse “de ellas como una resistencia al capitalismo, en su imposición de separar al ser humano de la naturaleza, de la tierra”.
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