La Ley de Disciplina Financiera, arriba como el engranaje de articulación y control político que afianza las directrices del Sistema de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. La prescripción de la ley, vertebra “una regulación en materia de responsabilidad hacendaria, que permite a las entidades federativas y a los municipios, conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero”.
Debemos advertir que este esfuerzo del Ejecutivo Federal, resulta positivo porque pone orden a las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales del país, al fortalecer la probidad del ejercicio público-social mediante la operación de mecanismos preventivos, correctivos y sancionadores.
Este escenario, resultado de una realidad compleja y lacerante, tiene el reto de reconstituir la credibilidad y la confianza en las instituciones y el dinamismo de una gestión pública de resultados, ya que la creciente erosión ciudadana, hoy se expresa frente a las instituciones del Estado como un elemento de perturbación social, y desaprueba el ejercicio gubernamental que en más de una ocasión, ha perdido la brújula.
En respuesta a este déficit público, la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera, ha prescrito una estructura de medidas preventivas, respecto a la obligación de contar con un balance presupuestario sostenible, de conducirse con responsabilidad hacendaria y de acatar las disposiciones para la contratación de deuda pública y obligaciones, en especial, las de corto plazo, a su vez, y establece como medida de fomento, el beneficio de acceso a deuda estatal garantizada.
De igual manera, ante la carencia o inoperatividad de protocolos, o bien, ante casos de abuso de poder o irregularidades en el manejo de recursos, la iniciativa de ley, ordena armonizar las estructuras de planeación democrática del Estado, priorizando la racionalidad y el orden administrativo, como principios de responsabilidad pública, disponiendo para ello, la alineación que deben guardar las leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos de estados y municipios con los objetivos y metas de la planeación estatal y nacional, y con los Criterios de Política Económica del Gobierno Federal.
Asimismo, como función preventiva de salud financiera, se establece un Sistema de Alertas vinculado a un Sistema de Registro Único en el que deberán inscribirse el total de obligaciones que contraigan estados y municipios, dando vigencia al principio de máxima visibilidad pública, como práctica inequívoca de Gobierno Abierto.
Han llegado a su fin los días de dispendio y jauja, en donde el autoritarismo administrativo de los Ayuntamientos, en una conducta inmoral; hacía del presupuesto botín de prebendas salariales, mientras se marginaban las respuestas a las necesidades sentidas de la población. Se acabó el abuso del erario. Llegó a su fin el, ¿sí no es ahora cuando?
El candado operativo de la iniciativa, lo cierra el capítulo de sanciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Dispone las sanciones por incumplimiento de la ley, mediante actos u omisiones que impliquen la violación de las disposiciones previstas en el Título Cuarto de la Constitución; que refiere los ámbitos del juicio político, de disciplina administrativa, civil por cuanto a las indemnizaciones, o penal, por la grave alteración del orden público.
Estos espectros de responsabilidad de los servidores públicos, y de las personas físicas o morales, causantes por sí o en confabulación de daño o perjuicio, estimable en dinero a la hacienda de las entidades federativas o de los municipios, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, incluyendo la figura de la solidaridad. Estas sanciones e indemnizaciones, tienen el carácter de créditos fiscales, o sea, que el propio Estado, una vez determinado el monto, podrá ejercer inmediatamente su fuerza ejecutora.
Esta iniciativa, reorienta el paradigma punitivo del Estado, no sólo desde una nueva visión social, que fomenta la construcción de la cultura de la legalidad, tarea fundamental que le dará la verdadera corporeidad al Estado de Derecho.
Construir una sociedad de leyes es fundamental, pero construir una sociedad de la razón, es vital. Una sociedad racional se distingue por la vitalidad de su cultura y por el respeto a su institucionalidad. Se identifica con el patrimonio del Estado y lo hace suyo. Se disciplina frente y con el Estado y se enorgullece de su patria. No admite la beligerancia y la anarquía, porque ello marca la antinomia entre la barbarie y la civilización.
La racionalidad y el principio del derecho como promotor de la estabilidad humana y social, debe guiar el proceder del Estado hacia la construcción de un paradigma de la cultura de legalidad, donde el cumplimiento de las leyes se produzca en la convicción que lo que prescriben, es el mejor camino y no el de la coacción legal.
¿No es esta la racionalidad extraviada en nuestro orden sistémico?
El Estado como construcción valórica de la civilidad, debe vigilar que las estructuras institucionales promuevan la integración armónica del tejido social como protagonista de la igualdad efectiva de las oportunidades sociales.
El gobierno no puede ni debe vacilar. Se reclama autoridad política y moral, pero esta, sólo se logra allí donde el Estado de Derecho es promotor de la armonía social; allí donde la función pública no se sirve del ciudadano, sino que es fuente irrestricta de servicio a la sociedad, porque propicia oportunidades que no confinan a los ciudadanos a un destino manifiesto.
Una verdad indiscutida debe sobresalir en el ejercicio de gobierno: el ciudadano no puede quedar reducido a un sujeto teórico o comparsa política. Como tampoco es admisible que la política haya dejado de ser la virtud que le dio origen y sentido al espíritu de la Nación.
Agenda
- El 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto, presentó su Tercer Informe de Gobierno. Existen avances significativos de la gestión pública. Se comprometió la concreción de las reformas estructurales, así como la consecución de los objetivos y metas prescritas en el Plan Nacional de Desarrollo.
- EL próximo 8 de septiembre el Gobernador Francisco Olvera Ruiz, rendirá su 5º Informe de Gobierno. Con seguridad, reconocerá que los logros alcanzados son gracias al trabajo y esfuerzo comprometido de las y los hidalguenses que han participado corresponsablemente. Destacará sin duda, los avances del Proyecto Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura, el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, el Sistema de Transporte Tuzobus, la modernización en educación, el desarrollo de infraestructura y servicios para la competitividad empresarial, la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de salud, de seguridad pública y de importantes obras realizadas en los 84 municipios del estado.
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