07 de Septiembre de 2015
CIDH: no fueron incinerados; EPN ordena investigar El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que no existen evidencias científicas que confirmen que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que exigieron al gobierno federal un replanteamiento de la investigación para saber qué fue lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los jóvenes. Los expertos presentaron el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, que muestra la investigación y recolección de evidencias o documentos que se hizo en los últimos seis meses. Francisco Cox, integrante de ese grupo, aseguró que para quemar los cuerpos de los estudiantes se hubiera necesitado una “carga de combustible de madera de 30 mil 100 kilogramos; 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y un consumo de 60 horas”. Al contradecir el informe que la PGR presentó en noviembre de 2014, dijo que para incinerar cada uno de los cuerpos se necesitaban 12 horas o hacerlo en un crematorio, pues al estar al aire libre, “30% del calor se irradia a los lados, el resto, la gran mayoría, sube al aire y sólo 1% se destina al consumo del objeto a quemar”. Si la versión de la PGR fuera real, comentó Cox, el fuego hubiera alcanzado una altura de siete metros y el humo hasta 300 metros, por lo que habría sido visible para los habitantes del municipio de Cocula, Guerrero. En enero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó un informe que calificó como de “verdad histórica”, en el que señaló que la noche del 26 de septiembre los normalistas fueron privados de la libertad y de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan. Los especialistas comentaron que José Torero, experto en el manejo del fuego con estudios en la Universidad Berkeley y de Edimburgo, determinó que no hubo llamas de gran magnitud, ya que de haberse incinerado a los jóvenes los árboles presentarían daños. Además, si una persona se hubiera acercado a echar combustible para mantener el fuego, como lo informó la PGR, se hubiera incinerado debido a la radiación que había en el lugar.
Enmiendan a PGR por el caso Iguala La verdad histórica de la PGR sobre el caso Iguala fue rechazada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin conocer el destino de los 43 normalistas desaparecidos, el grupo concluyó que éstos no eran parte del crimen organizado, no fueron a Iguala a boicotear un acto político de María de los Ángeles Pineda -esposa del Alcalde José Luis Abarca- ni fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero. Según el informe de conclusiones del GIEI, distintas Escuelas Normales del País habían acordado realizar la toma de autobuses y boteos para acudir al DF el 2 de octubre para la conmemoración por la matanza de Tlatelolco. El informe destaca que todo el trayecto de los normalistas, desde su salida de Chilpancingo hasta las agresiones y su llegada a los hospitales, fue vigilado y monitoreado en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería del Ejército, así como por las Policías estatal, municipal y ministerial. También señala que no existe ninguna evidencia que vincule a algún normalista con el grupo criminal de Los Rojos. Respecto a la versión de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, el GIEI de-sestimó los hechos como científicamente imposibles. Los testimonios de los presuntos responsables no coinciden en cuanto a los asesinatos, el lugar donde se cometieron los crímenes, la forma en que se les bajó de las camionetas ni cómo se les incineró. «El GIEI se ha generado convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula», informó Francisco Cox. Luego del informe presentado ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del Gobierno federal atender las consideraciones planteadas. «He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por la GIEI», indicó el Mandatario en Twitter. Por la tarde, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, dijo que el caso Iguala es un hecho que indigna y lastima a toda la sociedad y subrayó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias. «Los resultados y conclusiones de las entrevistas, del trabajo en campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde hoy se analizarán y se valorarán para su incorporación a la averiguación previa», manifestó la Procuradora.
Nuevo peritaje en basurero de Cocula La procuradora general de la República, Arely Gómez González, anunció un nuevo peritaje en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, el cual estará a cargo de un «cuerpo colegiado de forenses del más alto prestigio», con el objetivo de determinar si en ese lugar fueron o no incinerados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014. La decisión se tomó tras conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual cuestionó «la verdad histórica» de los hechos, es decir, la investigación de la PGR que afirma que en ese lugar se quemaron los cuerpos de los estudiantes hasta convertirlos en cenizas. El 13 de octubre de 2014, México solicitó la asistencia técnica de la CIDH, que se materializó con la conformación del GIEI, el cual ayer sugirió a la PGR replantear la investigación. Tras conocer el informe del grupo de expertos sobre la investigación por la desaparición de los estudiantes, Arely Gómez declaró: «Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración (de los normalistas) en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta (del GIEI) contenida en el anexo ‘Informe pericial, aspectos relacionados al fuego’, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema. «Por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio». Al aceptar el documento que el GIEI integró sobre la desaparición de los estudiantes, la procuradora manifestó que lo analizarán para «integrar» algunos elementos a la investigación que se realiza de manera coordinada y sin «precedentes» entre la PGR y el grupo de expertos. Adelantó que el Estado mexicano solicitará a la CIDH extienda el plazo para que el grupo de expertos continúe en el país y pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos. También ordenó que la averiguación previa sobre este asunto sea llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Asimismo, solicitó la acumulación de los procesos penales que se iniciaron contra los 131 probables responsables por la desaparición de los normalistas, para que sus casos sean resueltos por un solo juez federal y no, como ocurre hasta ahora, en diversos juzgados.
Los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa –43 desapariciones forzadas, seis asesinatos y más de 20 heridos– fue entregado ayer a mediodía a los tres subsecretarios que firmaron en Washington el convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la formación de este mecanismo. Ante la mirada severa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos del 26 de septiembre en Iguala, los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa y de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subprocurador Eber Betanzos subieron al estrado a recibir sus copias del Informe Ayotzinapa: un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural; más de 500 hojas en las que se narran los hechos y la causa posible de una agresión que fue masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido. En el Informe Ayotzinapa, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que es necesario replantear la investigación y reorientar la búsqueda. Carlos Beristáin, por su parte, dijo: La nuestra es una propuesta; pretendemos que nuestro informe sea un mensaje de transformación. Los cinco expertos –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España– tomaron la palabra por turnos. En la presentación cada uno expuso diversas inconsistencias, falencias, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.
Informe de la CIDH obliga a revisar caso Ayotzinapa Los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en México “no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”, afirmó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudió el caso. “No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados” en el basurero, el 27 de septiembre de 2014, aseguró al presentar el documento José Torero, un especialista en incendios que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que elaboró el documento. Asimismo, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas investigar el móvil del traslado de estupefacientes como una de las líneas prioritarias, pues explicó que el grupo delictivo Guerreros Unidos utiliza autobuses para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados. El ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas o de dinero, que habría ido en uno de los camiones que ellos “tomaron” ese día para transportarse. Indicó que el gobierno realizó confusos reportes acerca de la existencia de un quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel referido, y que éste trató de recuperar en complicidad con fuerzas de seguridad. Precisó que la información recabada tiene sustento en pruebas oficiales y reportes de documentos desclasificados del Ejército. El reporte concluye que científicamente es imposible que en dicho lugar se hubiera registrado una incineración de las proporciones necesarias para quemar 43 cuerpos.
MILENIO HIDALGO. Bajas ventas previo a las fiestas patrias.
CRONICA HIDALGO. Insiste Moctezuma en mejorar recurso: Existe una comunicación permanente entre los diputados federales y los integrantes del gabinete del gobierno hidalguense para la conformación del presupuesto base cero para 2016, adelantó el coordinador de los legisladores hidalguenses en el Congreso de la Unión, Fernando Moctezuma Pereda. El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que durante septiembre el trabajo legislativo estará enfocado a la conformación de las comisiones que habrá de asumir cada uno de los representantes populares de la entidad. Destacó que el gobernador José Francisco Olvera Ruiz realiza un trabajo serio, comprometido y fuerte, tan pronto se presente la Ley de Ingresos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este 8 de septiembre, se procederá a elaborar el respectivo documento para el estado. “Ya vendrá después el trabajo coordinado con las diferentes instancias del gobierno estatal, los trabajos previos ya se iniciaron desde hace varias semanas en la entidad. Ahora es momento de culminarlos con la presentación de diversos proyectos y acciones que van a mantener el crecimiento y desarrollo de cada una de las regiones del estado en el 2016”. Agregó que la bancada del PRI en el congreso de la Unión gestionará recursos económicos que tengan un impacto real en Hidalgo, tal como lo proyecta el mandatario Francisco Olvera.
SÍNTESIS. Reconocen a la Unidad de Medidas Cautelares: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), reconoció a la Unidad de Medidas Cautelares en Hidalgo (UMECA) como un caso de éxito por su contribución en la disminución de la prisión preventiva, dentro de la implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El caso de Hidalgo, señala una nota elaborada por la USAID México, se ha convertido en un modelo que contiene los componentes claves de éxito, pues la organización indicó que, ‘los mexicanos quieren una justicia pronta y expedita con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal’. La UMECA, también conocida como Unidades de Servicios Previos al Juicio (USPJ), depende de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo del capitán Alfredo Ahedo Mayorga, y forma parte de la reforma de justicia penal. Es una figura mediante la cual se garantizan los derechos humanos de las personas sujetas a un proceso penal. Forma parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal y está encargada de realizar una evaluación detallada de las personas acusadas de un delito no grave, para determinar su riesgo de fuga, es decir, la probabilidad de escapar, cuando esperan por el juicio o la resolución del caso.
CRITERIO. Hay 229 reos Hidalguenses en Ceferesos: Por integrar cárteles del narcotráfico, poseer armamento exclusivo militar o ser inculpados de producción y tráfico de drogas, entre otros delitos de alto impacto, 229 hidalguenses están presos en cárceles federales y, algunos de ellos, tienen el calificativo de “reos de alta peligrosidad”. En total, 148 son acusados de delincuencia organizada; 24 de delitos contra la salud; 14 de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, y 12 más de homicidio, reveló a Criterio el Órgano Administrativo Des-concentrado de Prevención y Readaptación Social, en respuesta a la solicitud de información 3670000021215. Según los datos del sistema penitenciario, tres más originarios del estado están presos por acopio de armas de fuego de uso exclusivo militar; dos por trata de personas; dos por asalto y robo calificado, y uno por inducción clandestina a territorio nacional de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército; así como material sujeto a control; es decir, tráfico de armamento. En el penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde escapó el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio, están veinte reos hidalguenses de alta peligrosidad. Ahí también permanece recluido Omar Treviño Morales Z-42, quien quedó al mando de Los Zetas tras la muerte de su hermano Miguel Ángel y el presunto abatimiento del narcotraficante Heriberto Lazcano Lazcano, oriundo de la colonia El Tezontle, de Pachuca. Además, en esa cárcel están presos Rubén Oseguera González El Menchito, segundo en la organización criminal Jalisco Nueva Generación; José Tiburcio Hernández Fuentes El Gafe, jefe del Cártel del Golfo, y Servando Gómez Martínez La Tuta, que lideraba a los Caballeros Templarios.
