Pachuca, Hgo., 09 de diciembre del 2021.- La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; aun cuando sean de sexo diferente, tengan un color de piel diferente, hablen un idioma diverso, piensen cosas distintas, profesen otra religión, posean más o menos bienes, hayan nacido en otro grupo social, procedan o vivan en otro país, sea o no independiente.
Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores e indígenas a menudo están marginados y tienen dificultades para acceder y disfrutar de sus derechos debido a su edad, género, y grupo étnico. Debemos defenderlos y empoderarlos, sólo de esa manera seremos capaces de conocer mejor a estos sectores de la población e incluirlos en los procesos de desarrollo que generará beneficios a nivel estatal y nacional.
Es importante hacer énfasis en que uno de los procesos para recuperarnos de la crisis es afrontar la pandemia de la desigualdad. Para ello, necesitamos fomentar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Necesitamos un nuevo compromiso social para una nueva era.
Así mismo, se debe de trabajar en impulsar la participación y solidaridad, desde las personas hasta los gobiernos, desde la sociedad civil y las comunidades hasta el sector privado, todo el mundo tiene una función que desempeñar en la construcción de un mundo postpandemia, que sea mejor para las generaciones presentes y futuras.
En México, la protección y defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para, en el ámbito de sus competencias, establecer instituciones para la atención de quejas y denuncias en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos.
En el marco del Programa Estatal de Cooperación Hidalgo 2019-2024 (PEC-H), signado por el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, se estableció con el propósito de contribuir a los esfuerzos nacionales y subnacionales para la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales, tomando en consideración la transición y los desafíos demográficos que vive el estado de Hidalgo.
