Ciudad de México, 15 de noviembre del 2021.- Tratados como extranjeros en su propia tierra y forzados a hablar en un idioma que no es el suyo, muchos indígenas en México se han visto impedidos de tener un juicio justo debido a su desconocimiento del español, pero también de acceder a servicios básicos de salud y educación, entre otros.
Para hacer frente a dicho escenario, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) lanzó un programa de capacitación y certificación de intérpretes en los idiomas de los pueblos originarios, con el objetivo –a largo plazo—de que exista al menos un traductor al castellano de las 364 variables lingüísticas que se hablan en el país.
Entre los participantes en los cursos, una de las preocupaciones más frecuentes es la de saber cómo ayudar a los indígenas que se enfrentan a un proceso judicial, pero también existen inquietudes como evitar que se pierda el “mundo” que significa cada idioma, y que ocurran nuevamente actos de “saqueo y aculturamiento” de niños por parte de organismos gubernamentales.
Expuestos a procesos injustos
Norma Meza, indígena de la etnia kumiai, originaria de Baja California, es una de las tres hablantes de dicha lengua que participan en el programa del Inali, y para ella la motivación de entrar a este esquema es muy íntima y personal: evitar que se repita la historia de su hermana María Aurora, quien pasó tres meses en la cárcel acusada de un delito que, dice, nunca cometió.
En 2012, la mujer –entonces de 53 años y enferma de diabetes— “fue acusada por unos rancheros ricos de robarse unos caballos. La acusaron injustamente y en Tecate la hicieron firmar documentos que no tenían ni su nombre completo”, pero que ello aceptó signar por su falta de dominio del español y por no tener un traductor, cuenta en entrevista con La Jornada.
Aunque sólo fue enviada por tres meses a una prisión en Tijuana, en ese tiempo no tuvo acceso a las inyecciones de insulina que necesitaba, lo que le generó daños en el páncreas, y finalmente incidió en su muerte, ocurrida apenas un año después de salir de la cárcel. “Es un coraje que uno tiene adentro, porque lo que hicieron con ella fue una injusticia”, afirma.
Al paso de los años, “miré que podemos hacer la lucha para que mañana no le pase esto a otros. No sólo batallamos muchos nosotros, sino también los paipai, los kiliwa, los cucapá, los cochimíes. Merecemos que nos den capacitación, aunque seamos poquitos, y no sólo para juicios penales, sino también para traducir material informativo de varias dependencias”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el kumiai es una de las lenguas originarias de México que se encuentra en peligro de extinción, pues se calcula que su número de hablantes está por debajo de 50.
Un “saqueo de niños”
En la memoria de Norma hay otro agravio que ella busca evitar al certificarse como intérprete: el de los abusos que cometen diversas instituciones gubernamentales en contra de los pueblos indígenas de la región, como el ocurrido hace ya más de dos décadas, cuando representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevaron al menos a seis niños kumiai, sin autorización de sus padres, para internarlos en una casa-hogar.
“El DIF entró a mi comunidad, sacó a los niños y los metió a un orfanatorio. Ahí los hicieron a su modo, los volvieron cristianos, los manejaron a su antojo. A uno de ellos lo mandaron a Tijuana y otro a Estados Unidos. Eso ya tiene mucho, ahora los niños tienen más de 18 o 20 años, pero fue un acto de saqueo de niños para que ya no haya indios. Fuimos maltratados y discriminados”, acusó.
Algunos de los niños kumiai que el DIF se llevó, según la intérprete, se quedaron a vivir en los lugares donde se los llevaron, y aunque muchos otros sí volvieron, “ya no cantan (la música tradicional de la etnia) ni saben hacer artesanías. Son niños perdidos”, dice la mujer, quien ya ha traducido desde manuales de cuidado del agua hasta poemas de Octavio Paz.
Para ser un buen intérprete, dice Meza, no basta con hablar el idioma de la persona que requiere un servicio, sino también entender su cosmovisión e idiosincrasia.
Un ejemplo de ellos son las mujeres indígenas que acuden a los hospitales públicos, pero prefieren esperar a ser atendidas sin quejarse, pero no porque no tengan ninguna dolencia, sino porque no acostumbran mostrar su dolor frente a los demás.
“Las mujeres que van del campo se esperan calladitas; no gritamos, no exigimos. Una perdió a su bebé y otra tuvo a su hija en el estacionamiento (del hospital). Las indias no nos quejamos. Estamos acostumbradas a no gritar ni llorar: es pena hacerlo delante de otra persona porque se ve mal”, lo que lleva a muchos servidores públicos a pensar que no tienen ningún problema, explicó.
“Traducir sin quitarle ni ponerle”
Para Manuel de Jesús Moroyoqui, maestro yaqui de educación bilingüe, intervenir en juicios es una de las tareas más urgentes para quienes aspiran a convertirse en intérpretes certificados, pues la libertad y el destino de una persona puede estar en riesgo por no comprender de qué se le está acusando.
“Hace unos veintitantos años tuve una primera experiencia. A un joven de Vicam (comunidad yaqui ubicada en el estado de Sonora) se le acusaba de abigeato (robo de ganado), un juez me llamó para ser su interlocutor y pude entender el mensaje del acusado, que se dijo inocente y fue exonerado. Si yo no hubiera participado, no hubiera habido esa comunicación en una decisión tan importante”, recordó.
La interacción con jueces, agentes del Ministerio Público y abogados defensores –sobre todo en casos de delitos del fuero común—ha formado parte de la experiencia del docente, como parte de una labor donde ha procurado intervenir de la manera más equilibrada posible.
“Domino la lengua yaqui y tengo la sensibilidad de que, si está un hermano de nosotros acusado de algo, que sea un proceso justo. He acompañado a muchos compañeros en la traducción, sin quitarle ni ponerle. Que la lengua no sea ni un impedimento ni un atenuante, ni a favor ni en contra”, definió.
Al igual que Norma Meza, Moroyoqui sabe que no sólo en los juicios orales es donde los indígenas necesitan un buen intérprete, sino también al realizar los trámites o diligencias más cotidianos.
“Esto debe ser en todos los contextos. En la cuestión educativa, por ejemplo, es importante que las escuelas sean bilingües, porque los maestros que no lo son, no van a entenderle a los niños indígenas. En las instituciones de salud, hay hermanos que van al hospital y no saben ni cómo decir sus síntomas, y por eso hay que abogar por ellos ahí, apoyarlos”.
Cubiertas, menos de la mitad de las variantes lingüísticas del país
Guadalupe Ortiz, coordinadora del área de acreditación y certificación del Inali, explicó que desde 2010 dicho organismo ha lanzado cursos para intérpretes, en los cuales se busca que los egresados sean capaces de traducir del español a alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y viceversa, diferentes situaciones cotidianas, en particular las relacionadas con procesos judiciales.
Las clases se llevan a cabo de las 10 a las 17 horas, durante cinco días, y después de dos semanas, los estudiantes regresan para ser calificados y, finalmente, obtener su certificación como intérpretes.
“Las evaluaciones son rigurosas y se hacen a través de la simulación (de un escenario real de traducción), para demostrar que saben hacer ciertas funciones. No importa cómo adquirieron el conocimiento de la lengua, sino que sepan qué hacer cuando se simule en ejercicios lo más apegados posible a la realidad de la vida diaria”, explicó.
De acuerdo con la funcionaria, el padrón de intérpretes y traductores certificados en México tiene sólo 2 mil 095 miembros, hablantes de 131 de las 364 variables lingüísticas que existen en el país, por lo que “el camino por recorrer todavía es largo. No estamos ni a la mitad de las variantes que tenemos que atender”.
En este escenario, la prioridad del Inali es avanzar en la cobertura de la mayor cantidad posible de idiomas y sus variantes regionales, en particular aquellos que están en mayor riesgo de desaparecer.
“Antes las traducciones eran improvisadas y se tomaba a cualquier persona para hacerlas, sin siquiera verificar si hablaban esa variable. Se echaba mano de quien se pudiera, aunque fuera un desconocido o el de la tienda. No había profesionalización, aunque de eso dependiera la libertad o el encarcelamiento de una persona”, lamentó.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
