Con 260 votos a favor y 218 votos en contra fue votada en lo general la miscelánea fiscal para 2022 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Después de amplios debates parlamentarios durante los días recientes han quedado perfiladas ya las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos jurídicos.
Hasta la mañana de este jueves se mantiene la discusión de las 350 reservas o propuestas de modificación promovidas medularmente por las bancadas de oposición al interior de San Lázaro. Sin duda alguna, la miscelánea fiscal como parte central del paquete económico recientemente presentado a esa soberanía por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reúne un especial interés de la administración pública federal en torno al régimen tributario que bajo su consideración debe operar a lo largo del territorio mexicano durante los próximos doce meses.
Esta miscelánea fiscal para 2022 conserva la definición del actual gobierno de no establecer nuevos impuestos, ni acrecentar las tasas ya vigentes en tabuladores arancelarios de productos; sin embargo, frente al reto que supone la recaudación pública, mejorar la administración tributaria, así como la de continuar con el combate a la corrupción y a la evasión de impuestos dentro del escenario actual es que ha surgido como objetivo puntual, el de fortalecer el control del cumplimiento fiscal para todos aquellos contribuyentes quienes nos encontramos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
Así es como, a la Administración General del SAT se le busca otorgar facultades por mandato de ley para rastrear operaciones simuladas en todos los giros objeto de tributación y seguir combatiendo la discrepancia fiscal que existe entre los ingresos, egresos e impuestos declarados por parte de millones de contribuyentes en cuales quiera de sus modalidades, ya sean personas físicas o morales.
Después de haber analizado los alcances de estos documentos ejecutivos que ahora mismo siguen siendo motivo de cabildeos camerales entre todas las fracciones políticas representadas en el Congreso, he considerado que con la creación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza por sus siglas “RSC”, se busca incidir directamente sobre un número superior a los 10 millones de contribuyentes que como personas físicas facturan hasta 3.5 millones de pesos anuales para asistirlos en el procedimiento de declaraciones de sus impuestos. Bajo esta tesitura, el RSC buscará de acuerdo en términos de ley, simplificar el cálculo, determinación y pago de impuestos de forma accesible dotando de asistencia a las y los contribuyentes con menores infraestructuras y capacidades administrativas y contables.
Otro punto medular, es la modificación observable sobre el Código Fiscal de la Federación que plantea que todo mexicano mayor de 18 años se inscriba de forma automática al cumplir la mayoría de edad al padrón de contribuyentes, en aras de que se incorporen ágilmente y de forma al sistema de tributación combatiendo la informalidad, pero sin duda retomando el concepto primario del control del Estado sobre los padrones de contribuyentes. La segunda parte de este análisis, la siguiente semana.
