La Cámara de Diputados se prepara para discutir el proyecto de reforma constitucional por medio de la cual, el gobierno federal busca robustecer a la Comisión Federal de Electricidad en dos rubros puntuales: por un lado se propone la desaparición de los órganos reguladores del sector, como lo es la actual Comisión Reguladora de Energía, por sus siglas CRE, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH; en tanto se reincorporaría el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Esta posible modificación jurídica desde la ya sexagésima quinta legislatura federal supondría la reforma de fondo del texto de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nueve artículos transitorios más. Así, la coyuntura parlamentaria que acompaña al nuevo objetivo del Palacio Nacional ha supuesto ya una seria de diversas declaraciones, posicionamientos y definiciones de los principales actores políticos del país y sus partidos, grupos de la sociedad civil, cámaras empresariales y por supuesto de todos aquellos industriales del giro eléctrico y energético de México.
Ahora respecto a la utilidad en la eliminación de la CRE y la CNH, se postula la siguiente máxima desde el oficialismo: Desterrar la corrupción, misma que se aduce existe documentadamente en ambos órganos dotados de autonomía constitucional por mandato de ley y que invariablemente después de la Reforma Energética aprobada en el 2013, han sido espacios propios de contrapeso y de decisiones que no necesariamente se encuentran alineadas a los intereses de gobierno del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Energía y como ya cité previamente, de la Comisión Federal de Electricidad.
En estos días recientes, las y los ciudadanos hemos conocido como uno de los argumentos definitorios en la defensa de esta reforma eléctrica, la necesidad de reducir los precios de cobro por el consumo de energía eléctrica sobre suelo nacional y que esta acción únicamente sería posible sí el Estado mexicano controla las tarifas. Lo anterior, porqué de lo contrario, los privados continuarán encontrándose en la facultad normativa de fijar estos precios y en su caso aumentarlos empleando sus concesiones recibidas de forma unilateral en detrimento de toda la población a lo largo de las 32 entidades federativas.
Frente a este escenario no debe soslayarse el análisis igualmente importante de juzgar la eficiencia operativa, administrativa y financiera de las dependencias del sector eléctrico y en el mismo tenor encuadrar toda aquella valoración que se ligue a las condiciones globales de nuestros días, tales como el daño profundo al medio ambiente que se ha traducido en el cambio climático y que observa el Acuerdo de Paris suscrito por México o el uso obligado de energías limpias y renovables por parte de la gran mayoría de país en el orbe.
El día de ayer por la tarde, la calificadora internacional Moody´s consideró en un comunicado que la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético y que «disminuiría la transparencia operativa, disuadiría la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad».
Por la naturaleza del tema, la convocatoria ciudadana debe ser clara: Que surja el entendimiento entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y que se privilegie la competitividad del sector eléctrico mexicano y que más allá de conceptos como el de la estatización o el de la economía de libre mercado, que exista compromiso histórico con el México del presente y del futuro.
