A lo largo de los últimos días, las y los hidalguenses conocimos de la presentación de los informes de gobierno por parte de las administraciones municipales, respecto al estado que guardan cada uno de los ayuntamientos durante el primer tramo de sus gestiones legalmente constituidas en la parte final del 2020.
Sin duda alguna, las y los presidentes municipales han iniciado su tránsito gubernamental en el curso aún imperante de la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19, misma que ha originado estragos directos en materia de salud pública, con las desafortunadas pérdidas humanas constatadas por todas y todos, así como el contagio de adultos y niños, quienes después de tratamientos varios han sorteado este virus; más otros tantos impactos colaterales, como la contracción económica que ha sobrevenido en nuestro país y en el orbe desde el año pasado; la suspensión de actividades escolares en prácticamente todos los niveles, las cuales se han comenzado a retomar gradualmente, sobre todo con el reciente regreso a clases en educación básica; la intermitencia ligada a las semaforizaciones epidemiológicas en la prestación de todo tipo bienes y servicios de cara a la sociedad consumidora; las reducciones presupuestales para obra pública y desarrollo de infraestructura; el gasto corriente que representa un auténtico reto para las haciendas públicas municipales en aras de maximizar la atención hacia sus poblaciones; así como las emergencias recientemente suscitadas en Tula, Tepeji del Río, Tlahuelilpan e Ixmiquilpan con los desbordamientos de ríos, saturaciones y desfogues de presas.
En el marco de todas las diversidades tanto naturales como coyunturales de cada localidad hidalguense, surge una que invariablemente reúne especial interés público y esta es la de orden político, siendo así que cada Asamblea Municipal reúne expresiones de este corte lo mismo coordinadas que contrastadas. La ciudadanía se ha manifestado en el pasado reciente en torno a depositar su confianza en todas aquellas ofertas políticas surgidas desde los partidos y sus candidatos a puestos de elección popular que respondan a intereses comunes antes que de grupos y que se encuentren sujetas al escrutinio público dentro de procedimientos continuos de transparencia y rendición de cuentas. Así, los alcaldes de Hidalgo en concordancia con síndicos y regidores que integran los cabildos municipales y a todos los gabinetes y personal de los ayuntamientos, tienen frente así un reto histórico de profundo calado: Hacer buen gobierno en el reto que supone el bien común.
La coordinación intergubernamental e interinstitucional de los tres órdenes de gobierno debe seguir siendo eje central de una administración pública diligente.
Cada ayuntamiento que trabaja en corresponsalía con el gobierno del Estado y el gobierno de la República, naturalmente se encontrará mayormente cercano a impactar positivamente en la prestación de servicios públicos sobre su territorio y su población.
En ese orden de ideas, hoy por hoy, es perfectamente demostrable la condición demócrata que se vive en Hidalgo y la estrecha colaboración entre muchas alcaldías con el gobierno de Omar Fayad, destacando así, las gestiones de gobierno municipales de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Actopan, Mineral del Monte, Huasca de Ocampo, Mixquiahuala de Juárez, Huejutla de Reyes, Atotonilco el Grande, Alfajayucan, entre otros que han privilegiado por encima de cualquier coto partidario, sumar esfuerzos con el Estado y la federación para conseguir toda aquella métrica que coadyuve a servir mayormente a sus comunidades y a la ciudadanía.
