CIUDAD DE MÉXICO 23 de Agosto 2015 (CNNMéxico) — El gobierno de Enrique Peña Nieto cumplió en investigar el caso de la Casa Blanca, aunque el informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es «limitado», porque deja dudas sobre si el presidente o su círculo cercano incurrieron en irregularidades en sus relaciones con contratistas gubernamentales, consideran expertos en transparencia y rendición de cuentas.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), señaló que la SFP realizó la investigación centrándose en conocer si el mandatario, su esposa Angélica Rivera o el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habían incurrido o no en conflicto de interés al comprar casas a empresas que tienen contratos con la administración federal.
Sin embargo, explicó, con esto la SFP dejó fuera la posibilidad de que el presidente y su círculo hubieran podido cometer otras faltas, como aceptar sobornos o incluso realizar tráfico de influencias.
«Es una investigación circunscrita a un problema que se había denunciado en los medios de comunicación: la investigación periodística que hicieron Daniel Lizárraga y el equipo de Aristegui Noticias, que se refería a conflicto de intereses y a la relación eventual entre el presidente, la primera dama y el Grupo Higa. Siendo esta la denuncia pública que se había hecho, lo que se investigó fue lo que se había denunciado en los medios», consideró Bohórquez en entrevista.
El caso de la Casa Blanca se dio a conocer en noviembre de 2014, cuando Aristegui Noticias difundió que la esposa del presidente había comprado una casa a Grupo Higa, empresa que recibió contratos de obra pública en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador (2005-2011). Un mes después, el diario The Wall Street Journal reportó que Videgaray había adquirido una vivienda en el municipio mexiquense de Malinalco, también propiedad de Higa, el cual actualmente compite en licitaciones federales.
Durante una rueda de prensa este viernes, el titular de la SFP, Virgilio Andrade, informó que su investigación concluyó que ni el presidente ni su círculo incurrieron en conflicto de interés, argumentando que la compra de los inmuebles se hizo antes de que Rivera se convirtiera en primera dama y Videgaray en secretario de Hacienda. Por ello, según la SFP, no pudieron haber obtenido un beneficio personal por sus posiciones públicas.
Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), una organización del Colectivo por la Transparencia, señaló que si bien el reporte de la SFP se sustenta en la legislación actual, no responde aspectos clave, como por qué Rivera y Videgaray adquirieron las casas mediante créditos con Grupo Higa y no con un banco, como usualmente se hace.
«Justamente los temas que (la SFP) deja fuera son aquellos que sí preconfiguraban un conflicto de interés (…) Hay que seguir señalando el hecho de que en el informe faltaron áreas de análisis. Por lo tanto, es un informe cierto pero incompleto», dijo en entrevista.
En esto coincidió Guillermo Ávila, del centro Fundar, que también cree que la SFP actuó con apego a la ley pero solamente cumplió obligaciones mínimas. Como ejemplo mencionó que su investigación no responde por qué, días antes de que se publicara el reportaje deAristegui Noticias, el gobierno federal decidió cancelar la licitación del tren México-Querétaro, una millonaria obra que se había asignado a un consorcio encabezado por compañías chinas y Grupo Higa.
«(La SFP) cumple con lo que dice la ley, cumple con lo que dice su mandato, pero de manera desde nuestro punto de vista bastante restrictiva, demasiado conservadora. Hace una interpretación con base en la ley, pero que nos parece resulta limitada», dijo en entrevista.
Para Ávila, desde el principio habría sido mejor que la investigación no estuviera a cargo de la SFP —cuyo titular es un subordinado del presidente—, sino de una comisión especial del Congreso. Según el investigador, con esto se habría tenido una indagatoria más independiente, que podría haber revisado el panel de expertos que las autoridades federales prometieron convocar aunque finalmente no se conformó.
Durante un foro este viernes, aunque insistió en que no ha violado la ley, Peña Nieto ofreció disculpas a la ciudadanía por el caso de la Casa Blanca. Esos hechos «lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos», dijo el mandatario en alusión a las críticas que ha recibido su gobierno, al tiempo que se comprometió a impulsar normas en materia de combate a la corrupción.
Al respecto, Bohórquez puso en duda que la investigación de la SFP vaya a ayudar a que mejore la imagen del presidente frente a los ciudadanos, bajo el argumento de que Peña Nieto necesita realizar más acciones constantes que prueben su interés por la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de su administración.
«Tengo la impresión de que para poder reinstaurar la confianza social va a tener que hacer un ejercicio de transformación del gobierno», dijo el especialista.
