Madrid, 21 de mayo del 2021. Pere Aragonés, un independentista catalán de 38 años, militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde muy joven y que mantiene vivo el discurso de la independencia inminente en la región, fue investido como nuevo presidente del gobierno autonómico de Cataluña, con lo que se convirtió en el primer líder de ERC en presidir la Generalitat desde la restauración de la democracia.
De 38 años, con formación en Derecho y Economía, y sobre todo un disciplinado delfín del histórico dirigente de ERC Oriol Junqueras, que cumple condena en la cárcel, Aragonés enarboló de nuevo el discurso de la independencia y abogó por “forzar” al Estado español a la celebración de un referendo de autodeterminación para la construcción de la nueva República catalana. Un anhelo que a día de hoy se antoja muy lejano.
Más de tres meses después de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, en las que el bloque separatista logró por primera vez superar la barrera de 50 por ciento de los votos, aunque con una abstención de más de 35 por ciento, finalmente los tres partidos independentistas lograron un acuerdo in extremis. Pasaban los días y las diferencias eran profundas y los enfrentamientos entre ellos cada vez más enconados, a pesar de que el tiempo corría y estaban al borde de una nueva convocatoria electoral, al alcanzar el acuerdo a sólo cinco días de que se venciera el plazo y tuvieran la obligación de volver a convocar a las urnas.
Aragonés finalmente consiguió el respaldo de la mayoría de la Cámara, con el apoyo de los diputados de su partido, ERC (33 diputados), los Junts per Catalunya (JxCat), que representa al nacionalismo conservador y de derechas, con 32 escaños; y, finalmente, la Candidatura de Unitat Popular (CUP), una formación anticapitalista y radical que cuenta con nueve sillones en el Parlamento. Con estos apoyos, la investidura de Aragonés sumó 74 votos a favor, frente a los votos en contra, que fueron del resto de los grupos parlamentarios: los 33 del Partido Socialista de Cataluña (PSC), los 11 del partido de extrema derecha españolista de Vox, los ocho de la marca electoral de Unidas Podemos (UP) en la región, los seis de Ciutadans y, finalmente, los tres del Partido Popular (PP).
En su discurso, Aragonés abogó por “forzar” al Estado español a asumir la urgencia de convocar un referendo de autodeterminación que abra las puertas a un nuevo Estado europeo, la República de Cataluña, de acuerdo con la hoja de ruta planteada por el movimiento independentista y que aboga por ir de nuevo a una lucha frontal con el Estado español, similar a la de 2017, que culminó con una declaración unilateral de independencia fallida -que sólo duró ocho segundos-, que obligó a una parte de sus dirigentes, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, a refugiarse en otros países europeos, en su caso Bélgica, y que llevó a los que se quedaron en el país para enfrentar los procesos penales en su contra a duras condenas de cárcel, que llegaron hasta los 13 años de prisión.
El acuerdo de gobierno sólo involucra a ERC y JxCAT, una vez que la CUP sólo presta su apoyo parlamentario y que condicionó a la velocidad en la que avance la hoja de ruta para la separación del Estado español y que también dependerá de sus actuaciones para expulsar de Cataluña a las fuerzas del orden policial españolas y a que dejen de actuar los agentes antidisturbios en los procesos judiciales en los que se decide un desahucio. El acuerdo de gobierno está suscrito para dos años, a pesar de que la legislatura en teoría dura cuatro. Un síntoma de que el pacto se logró después de muchas negociaciones, muchos receles mutuos y que sigue primando la desconfianza entre los partidos separatistas, a pesar de la causa común.
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