Es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones.
El debido proceso debe contemplar las formalidades que garantizan una defensa adecuada, es decir:
1) El aviso de inicio del procedimiento;
2) la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar;
3) una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, y
4) la posibilidad de reclamar la resolución mediante un recurso eficaz.
