Ciudad de México, 08 de febrero del 2021.- La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) atenta contra los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, denunciaron organizaciones ambientalistas.
Por lo tanto, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) urgió a que el Poder Legislativo frene el proyecto remitido por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 1 de febrero.
Las modificaciones a la LIE favorecen la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, que son contaminantes y caros, apunta la agrupación en un comunicado.
También denunció que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos de energías renovables.
En otro comunicado, un grupo de 18 organizaciones ambientalistas y el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire detallaron que apoyar centrales contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e hidroeléctricas contribuye a emitir gases de efecto invernadero (GEI), que son la principal causa del cambio climático.
Además, generan contaminantes climáticos de vida corta que provocan enfermedades y trastornos respiratorios.
«Países desarrollados y en vías de desarrollo están abandonando las energías fósiles para proteger la salud de sus ciudadanos, impulsar economías de bajas emisiones, generar empleos y contribuir a un planeta sano», remarcó WWF México.
Las modificaciones a la LIE alejan a México de cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, advirtieron las organizaciones.
Por ejemplo, su meta ante el Acuerdo de París, que consiste en reducir el 22 por ciento sus emisiones de GEI para el 2030.
«Representa (la propuesta de reforma) un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática», resaltaron las ONGs.
Los ambientalistas argumentaron que la iniciativa relega la operación de plantas de generación renovable y modifica el mecanismo de los Certificados de Energía Limpia (CEL), por lo que se queda sin incentivos la introducción de nuevos proyectos de energías renovables.
Recordaron que la CFE estableció relegar cualquier proyecto de renovables hasta 2027, según su Plan de Negocios 2021-2025.
«Los gobiernos deberían estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética que debe ser justa y con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la multicitada iniciativa nos lleva en sentido opuesto», señalaron en su comunicado.
Entre las organizaciones que expresaron su preocupación ante la ILE están la Alianza Mexicana contra el Fracking, Cambio de Ruta, el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), Naturalia y The Climate Reality Project.
También los miembros del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, que incluyen a la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), El Poder del Consumidor y Greenpeace México.
Con información de: https://www.reforma.com/
