El pacto federal vigente en nuestro país reúne la conformación republicana de 32 entidades federativas que en su carácter de libres y soberanas ejercen en su territorialidad gobiernos democráticos elegidos bajo el sufragio libre y secreto de sus habitantes tal cual ocurre con el jefe del Poder Ejecutivo Federal.
En días recientes ha sido de conocimiento público el desencuentro entre el presidente de la República con algunos gobernadores que han anunciado su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para conformar la autodenominada “Alianza Federalista”, teniendo a los mandatarios de Jalisco y Nuevo León como sus caras más visibles.
Sin duda alguna el peso y representatividad de entidades como las previamente referidas revisten una importancia por supuesto geográfico, pero medularmente económica por la vocación industrial, manufacturera y de servicios que regiones como el norte y el bajío revisten para México.
Estos gobernadores han colocado en la agenda política una reconfiguración del estado actual en las relaciones delos Estados de la República con el conocido “centro” que se ejerce desde el Palacio Nacional mediante la figura del presidente López Obrador.
Aducen en muchas de sus posiciones que sus Estados tributan y aportan en mayor medida de lo que reciben por concepto de participaciones federales y solicitan al gobierno federal que atienda las exigencias en torno a estos mecanismos de acceso y distribución de fondos públicos desde la federación.
En descargo debe advertirse que la actual conformación de las reglas de operación del pacto fiscal vigente deviene de la administración del presidente Felipe Calderón y que la actual gestión de gobierno lopezobradorista las ha mantenido intocadas pero sin duda alguna hoy en día México afronta una coyuntura diametralmente opuesta en visión de la administración pública federal ya que, desde la llegada de la izquierda a la primera magistratura del país en el 2018, se hizo un viraje en torno al quehacer público y la redistribución de las fuentes de financiamiento que coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El presidente de México ha sido enfático en precisar a los considerados gobernadores disidentes que están en su derecho de alzar la voz y señalar lo que a su valoración les debe de significar un aumento en allegarse de recursos públicos federales pero que antes de hablar o auto considerar la voz del pueblo de cada uno de estos Estados, primeramente, consulten popularmente a sus sociedades en torno a la utilidad o no de prácticamente exigir a la federación mayor fondos públicos.
En respuesta los mandatarios aludidos teniendo en Enrique Alfaro de Jalisco al gobernador mayormente visible asentaron que harían caso de la arenga presidencial y construirían el andamiaje público necesario para convocar a consultas al respecto y que textualmente: “Le tomaban la palabra al presidente”.
En toda esta condición sin duda compleja en materia de gobernabilidad debe caber la construcción de acuerdos y la adopción de la buena política como vehículo de negociación interinstitucional.
En Hidalgo tenemos el mejor ejemplo de la visión federalista, municipalista y de coordinación intergubernamental con los buenos oficios del Gobernador Omar Fayad Meneses, quien por cierto, recibió el reconocimiento tangible a su liderazgo político con los votos recibidos al partido de donde emanó y el cual abanderaron hombres y mujeres que habrán de gobernar a 34 municipios hidalguenses. Federalismo y Municipio son nuestro Acervo.
