Ciudad de México, 30 de octubre del 2020. Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, obtuvo un amparo de un juez federal que ordena a un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR), responda por qué realizó una declaración de manera “ilegal” a España, dentro del proceso de extradición.
Por su parte, la FGR precisó que la resolución judicial no afecta «en nada» el proceso de extradición en contra de Alonso Ancita y que la Corte Española resolvió en su momento que la extradición procedía y esa determinación se encuentra en recurso de súplica (apelación a su extradición).
Agregó que en ningún momento se han violentado sus derechos humanos, por el contrario, fue él quien, en su derecho, interpuso ante el Poder Judicial de la Federación en México, un requerimiento de protección de la justicia federal, sin embargo, añadió, la FGR en ejercicio de sus facultades, solicitó el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo interpuesto por Alonso Ancira, toda vez que la actuación del Ministerio Público Federal (MPF), fue conforme a derecho, rigiéndose en todo momento bajo los principios de legalidad y buena fe.
De acuerdo al resolutivo, en noviembre de 2019, Miguel Ángel Ortega Sáncjez, fiscal ejecutivo adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales, declaró que Ancira era investigado por diversos delitos al endilgado al pedido de extradicción, es decir por “cohecho” y “uso indebido de atribuciones y facultades”.
“La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alonso Ancira, contra el acto que reclamó del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República” señala el fallo.
Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, resolvió que Ortega Sánchez incurrió en una irregularidad y le ordenó que conteste de manera inmediata las razones por las cuales hizo esa declaración jurada de manera “ilegal” en aquel país.
Sin embargo, el funcionario de la fiscalía ya impugnó la sentencia a través de un recurso de revisión, por lo que el caso pasará a manos de un tribunal colegiado quien decidirá si ratifica o revoca el fallo.
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