Reforma Indígena, un acto de elemental justicia social, afirman expertos en Foro Convocado por el Gobierno de México

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020.

• “Estamos convencidos de que con esta reforma vamos a hacer un elemental acto de justicia social para nuestros pueblos indígenas”: Adelfo Regino Montes

En el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevó a cabo el foro virtual “Hacia una Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, con destacados expertos nacionales e internacionales que dialogaron sobre la importancia de una reforma en la materia.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, quien encabezó este foro, comenzó su participación destacando que el año pasado, del 21 de junio al 4 de agosto, se realizaron 54 Foros Regionales de Consulta para construir una iniciativa de reforma constitucional y legal, a través de los cuales se conjuntaron las voces y propuestas de representantes y autoridades indígenas.

Señaló que la última reforma constitucional en la materia, publicada en 2001, no atendió los planteamientos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que se les consideró como sujetos de interés público, “como si los pueblos fueran materia, fueran un objeto o sujetos pasivos de las políticas públicas”.

“Por eso hoy los pueblos indígenas demandan ser considerados ‘sujetos de derecho público’, sujetos para construir su propio destino, para determinar su condición política y, al mismo tiempo, decidir libremente su desarrollo económico, social y cultural», expresó el titular del INPI.

Adelfo Regino Montes recordó que hace un año, el 9 de agosto de 2019, se entregaron todas las propuestas para la iniciativa de reforma constitucional al presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Durango, la cual, dijo, ya fue examinada por el Comité Técnico de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y espera, una vez que las condiciones de la pandemia lo permitan, ponerla a consideración del Comité Nacional de Enlace del Proceso de Consulta, a fin de recibir la retroalimentación final y que la iniciativa de reforma sea finalmente entregada al titular del Ejecutivo Federal para su respectivo análisis y su correspondiente envío al Congreso de la Unión.

“Estamos convencidos de que con esta reforma vamos a hacer un elemental acto de justicia social para nuestros pueblos” enfatizó Adelfo Regino Montes, y evocó que en el año 2021 se cumplen 500 años de la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, así como 200 años de la proclamación de la Independencia Nacional.

Por último, celebró el acto del presidente de México, de enviar una carta al Vaticano y a España para solicitar que se pidan disculpas a las comunidades indígenas y señaló que el Gobierno de México hará lo propio, “por eso, es muy importante esta reforma, porque con ello podemos alcanzar la reconciliación con nosotros, con los que son distintos a nosotros y, desde luego, la reconciliación con toda la sociedad mexicana y que sea éste el punto de partida para la regeneración y el renacimiento de nuestra patria”.

Por su parte la diputada federal, Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión y adscrita al pueblo chinanteco, celebró que hoy existe el interés del gobierno mexicano en saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas y reconoció el trabajo realizado por el INPI. Dijo que desde el Congreso se han impulsado reformas para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el tema del derecho a la consulta.

Durante su participación, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Myrna Cunningham Kain, celebró el trabajo que México ha llevado a cabo en materia de derechos de los pueblos indígenas.

«Debemos tener leyes y constituciones que reconozcan y promuevan los derechos de los pueblos indígenas, porque esa es la base para tener un estado de derecho incluyente», afirmó Cunningham Kain. En este sentido, reiteró la disposición del FILAC para promover y apoyar la reforma constitucional impulsada por el INPI.

Expresó que es relevante que el proceso de consulta que se llevó a cabo haya contado con 54 foros, entre ellos uno realizado en la ciudad de Los Ángeles, California, con indígenas migrantes radicados en Estados Unidos, otro con comunidades afromexicanas, así como un foro nacional.

“Esos espacios de diálogo e intercambio han sido y continuarán siendo fundamentales para recibir aportes, debatir ideas y dotar de legitimidad política el proceso de reforma constitucional”, por lo que extendió una felicitación al gobierno mexicano por el trabajo que ha llevado a cabo en este sentido y lo valoró como positivo.

Por otro lado, el antropólogo Marcos Matías Alonso, quien forma parte del Comité de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, recordó que desde el año 2003 el sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen hizo una recomendación al Congreso de la Unión para reabrir el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional en la materia, recomendación reafirmada en 2017 por la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Sostuvo que durante los últimos tres sexenios los pueblos indígenas y afromexicanos “quedaron arrinconados en la lista de pendientes”, y recordó que son más de una veintena de artículos que deben ser reformados en la Carta Magna.

Aleida Violeta Vázquez Cisneros, quien también forma parte de dicho Comité en representación del pueblo afromexicano, brindó consistentes observaciones respecto al reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente, quien se encuentra presente en las raíces ancestrales de México.

Enfatizó en que es necesario reconocer y visibilizar las luchas del pueblo afromexicano, y sus aportaciones al país, ya que cuentan con conocimientos milenarios. Por último, resaltó la participación de las mujeres afromexicanas ya que se encuentran permanentemente en actividades orientadas a la reivindicación de su cultura.

James Anaya, Ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que los pueblos indígenas estuvieron involucrados en la construcción de instrumentos de normativa internacional en la materia. Recordó que México tomó un papel muy importante en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ya que fue de los primeros países en ratificar estos instrumentos y orientar sus políticas bajo estos elementos.

Destacó que la reforma al artículo 2º constitucional pretende declarar a la nación mexicana constituida como una unidad, en su diversidad, sustentada en la identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.  Celebra la decisión del Gobierno de México de respetar y tomar medidas afirmativas para que los derechos de los pueblos indígenas sean implementados e indicó que la consulta es un mecanismo afirmativo de salvaguardar los derechos de los pueblos.

Además, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es un valioso instrumento para que por la vía jurídica se defiendan sus derechos. Resaltó que la reforma propone incorpora un elemento muy relevante, pues afirma que los procesos jurídicos deberán tomar en cuenta no sólo las especificidades culturales sino también los sistemas normativos de los pueblos indígenas, lo cual es algo nuevo y sumamente importante.

Lina Pohl Alfaro, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó que éste es un tema moral y de justicia, pues el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es fundamental para la vida del planeta, cuando esta región enfrenta una de las peores crisis económicas, a raíz de la pandemia por COVID-19.

Recordó que colaborar de la mano de los pueblos indígenas representa una oportunidad única para adaptar soluciones basadas en la naturaleza y reinventar la economía ante el cambio climático. En este sentido destacó que los pueblos indígenas son proveedores de conocimientos que contribuyen con el desarrollo sostenible, al implementar buenas prácticas de gestión de los recursos naturales, pues son ellos los mejores guardianes de su territorio.

Por lo anterior, se pronunció a favor de la necesidad de asegurar los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y proteger sus conocimientos autóctonos para enfrentar el cambio climático, aminorar la pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad, ya que los pueblos han enfrentado una gran capacidad de adaptación y resiliencia.

Por último, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, señaló «así como en el año 2001 la libre determinación y autonomía se convirtió en un derecho que articuló otros derechos fundamentales, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es la piedra angular de esta iniciativa de reforma», con lo que dio por concluido este foro virtual.

El foro virtual contó con la transmisión de una ceremonia indígena tepaneca realizada en el pueblo originario de San Bartolo Ameyalco, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Dicha ceremonia estuvo encabezada por mujeres de esta comunidad, quienes realizaron la “Danza de Arrieras”, la cual se realiza para pedir al santo patrono San Bartolo por que haya lluvias y con ello cosecha.

Este diálogo puede consultarse a través de las plataformas digitales del Gobierno de México, https://www.gob.mx, así como en el portal del INPI https://www.gob.mx/inpi.

Con información de: https://www.gob.mx/inpi/