Ciudad de México, 22 de junio del 2020. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la política eléctrica impulsada por la Secretaría de Energía (Sener).
En un comunicado, el organismo antimonopolios indicó que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Sener el 15 de mayo de 2020, violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.
Indicó que esta política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
«El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector», advirtió la Cofece.
Explicó que dicha política compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista.
Asimismo, dijo que otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
«Todo lo anterior, a juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia», señaló.
Con esos argumentos, la Cofece solicitó a la Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta «tan gravemente» la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar al ante antimonopolios.
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