Ciudad de México, 18 de mayo del 2020.- Por un supuesto fraude al fisco de mil 82 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal ordenar las aprehensiones de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, acusados de recibir una fraudulenta indemnización del Infonavit, vía su empresa Telra.
La subprocuraduría de Delitos Federales hizo la solicitud el pasado viernes ante un juez de control del Reclusorio Norte, cuatro días después de que los Zaga enviaran una carta a los fiscales Alan García Galeana y Joel Vite Arellano, responsables de la investigación, advirtiéndoles que la imputación carecía de fundamento legal.
A nivel ministerial, es probablemente el caso que con mayor velocidad ha integrado y concluido la FGR, pues la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la querella el 30 de marzo y la Fiscalía terminó su investigación el 30 de abril.
Los Zaga Tawil denunciaron que el Fiscal Alejandro Gertz los amenazó el pasado 10 de octubre con perseguirlos con toda la fuerza del Estado si no devolvían los 4 mil 800 millones de pesos que su empresa Telra recibió como indemnización del Infonavit por un programa cancelado en 2017.
Acusan amenazas de Gertz
Los empresarios Zaga Tawil lo entendieron claro: o entregaban a la FGR los 4 mil 800 millones de pesos que el Infonavit les indemnizó por la terminación anticipada del contrato del programa Movilidad Hipotecaria 2017, o serían perseguidos «con toda la fuerza del Estado». Optaron por no hacer trato.
Ahora, en una carta enviada a los fiscales que llevan su expediente, dieron cuenta de cómo ha transcurrido su caso y amagaron con darlo a conocer para hacer efectivo el apoyo de la comunidad judía y resistir, aún cuando les cueste la cárcel.
Según la carta, el Fiscal Alejandro Gertz Manero hizo la advertencia en una reunión privada con Rafael Zaga, en octubre pasado. Debían devolver todo el dinero en la semana siguiente, relataron los empresarios.
Para ellos, la FGR sólo seguía la misma estrategia de intimidación que les funcionó con los empresarios Max y André El-Mann Arazi, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera les bloqueó las cuentas de su empresa financiera Fibra Uno.
Los El-Mann, contaron, suscribieron un acuerdo reparatorio por 2 mil millones de pesos con la Fiscalía y, acto seguido, ésta hizo gestiones para que la UIF descongelara sus cuentas. Todo, sin que los El-Mann tuvieran alguna relación con el caso del Infonavit.
«Quizá la debilidad y el miedo que infundieron en otros desorientó a la autoridad pensando que éramos iguales. No los somos», desafiaron los Zaga.
Advirtieron que no se van a rendir ante la «cacería» y que están dispuestos a enfrentar cualquier intento de «secuestro judicial» de la FGR.
También avisaron que estarán en sus casas, resguardados por la pandemia, por si pretenden ejecutarles una orden de aprehensión. Aunque insistieron en que eso tendrá consecuencias.La reunión con Gertz
«En octubre de 2019 recibimos una serie de presiones por parte de supuestos mensajeros del gobierno, hasta que uno de ellos le comunicó al suscrito, Rafael Zaga, que el Fiscal General de la República, tenía la intención de reunirse conmigo y que si quería, podía acudir con un abogado, por lo que, sin citatorio ni formalidad alguna fuimos convocados a sus oficinas ubicadas en Avenida de los Insurgentes número 20, Colonia Roma, en la Ciudad de México para el día 10 de octubre a las doce del día.
«El Fiscal inició de manera sorprendente diciendo que estaba a nuestras órdenes, como si nosotros hubiéramos pedido la cita, y luego nos dijo en su exposición que en su opinión algo debía de haber sucedido en la contratación entre el Infonavit y Telra que era ilegal, y que por ello debíamos devolver el pago de los 4 mil 800 millones de pesos. Durante toda la reunión no se nos proporcionó el número de carpeta de investigación, no se nos informó de su contenido, ni mucho menos se me señalaron los derechos que constitucional y convencionalmente le asisten a un imputado. El Fiscal General se limitó a establecer que era necesario resolver el asunto a través de un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad, y que luego podría verse si nos devolvían o reactivaban el contrato, pero lo que fuera sería con posterioridad al pago y que esperaría la entrega del dinero en su totalidad la semana siguiente. Así como lee.
«De lo contrario, dijo, se me perseguiría ‘con toda la fuerza del Estado’. Y sí, a esta persecución se ha sumado la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía, el Poder Judicial y me parece que, bajo engaños, la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto está documentado. En documentos de sus instituciones, que es lo peor», establecieron en la misiva a los fiscales.
El amago
«Ese no es el México que quiere el Presidente, y si lo es, no es el México que queremos nosotros para nuestros hijos ni para nadie. Resistir estas presiones es nuestro grano de arena», señalaron en su carta en la que también cuestionan la autonomía de la FGR.
«Un órgano autónomo jamás habría actuado bajo condiciones ni criterios encaminados a engordar por la fuerza las arcas públicas. La Constitución dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Nosotros, ni deudas tenemos. Y su sentido de urgencia lo motivó a decir que ‘no pagamos impuestos’.
«En caso de que sigan con su ruta y obtengan ilegalmente y coaligados con su juez una orden de aprehensión, van a buscarnos y nos van a encontrar. Les va a bastar tocar el timbre para ver que ahí nos encontramos. Pero no saldremos durante la pandemia. Tendrán entonces que exhibirse ante el mundo entero.
«No vamos a estar solos: contaremos con el apoyo de los colegios de abogados, de los colegios de contadores, de los mercados de valores nacionales e internacionales, además de con el Comité Central de la Comunidad Judía en México y el Comité Central de las Comunidades de otros lugares, como la Ciudad de Nueva York y Londres. Todos ellos serán advertidos de las implicaciones que tiene llenar una declaración de impuestos en este país cuando el Gobierno federal va tras su dinero, su patrimonio. Y ahí algunas inversiones empezarán a salir del país, otras dejarán de entrar.
«Perseguirnos a nosotros, es perseguir a nuestras familias. Este documento lo estamos firmando en presencia y previa lectura por parte de nuestra madre, esposas e hijos, y contamos con su total convicción y solidaridad para acompañarnos hasta el final (…).
«Si se decidió liberar a un presunto líder de un cártel por proteger a la población, cómo no va a valer la pena repensar un asunto en el que va el Estado de Derecho para cuestiones fiscales y económicas cuando estamos entrando a una crisis económica cuya magnitud no es dimensionable aún», establecieron.
Con información de: https://www.reforma.com/
