Acervo | Pedro Luis Noble Monterrubio | La Fuerza Armada permanente en la seguridad pública.
En los últimos 15 años, el Estado mexicano ha emprendido diferentes acciones de gobierno en materia de seguridad pública tendientes a confrontar a la delincuencia organizada. El flagelo de la criminalidad en México ocasionado por grupos criminales ha sido descomunal, alcanzando cifras y proporciones por demás complejas en agravio directo de la sociedad.
Las y los mexicanos hemos conocido en el curso de sus administraciones, las diversas estrategias de seguridad pública por parte de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Cada mandatario conforme a su tiempo y circunstancia ha encabezado planes y reformas de ley, confeccionadas por amplios grupos de colaboradores y asesores del ramo, orientadas a hacer frente al mayor problema nacional en la vida contemporánea del país.
En el último sexenio del panismo, se fortaleció el combate frontal a las instituciones criminales. Se invirtieron grandes partidas presupuestales e incluso se confeccionaron estrategias conjuntas con gobiernos de otras latitudes, como la denominada “Iniciativa Mérida” para combatir actividades contra el narcotráfico junto a los Estados Unidos de Norteamérica y naciones centroamericanas. Debe advertirse también que la denominada espiral de violencia hacia inicios del 2010 trajo un debilitamiento en la imagen y percepción de confianza hacia los cuerpos encargados de las tareas de seguridad. Quedó también patentada la falta de coordinación entre las diversas entidades a cargo de estas funciones y entre los tres niveles de gobierno. Se acrecentaron con crudeza los tableros de muertes a lo largo del territorio nacional y en suma la denominada “Guerra contra el Narcotráfico” poco consolidó al respecto.
Vino entonces la presidencia peñanietista y con una coordinación surgida desde la Secretaría de Gobernación, se esquematizaron los nuevos protocolos de acción, regionalizando por cuadrantes los territorios del país y se fortalecieron las vinculaciones con los gobiernos estatales. Es decir, los titulares de la SEGOB, SEDENA, SEMAR y Policía Federal, sostuvieron reuniones permanentes a nivel local con los gobernadores y alcaldes para establecer evaluaciones rutinarias en torno a los índices de persecución del delito y de sus infractores. Para este sexenio fue suprimida la Secretaría de Seguridad Pública.
Hacia 2018 con la llegada al poder del actual régimen de gobierno, surgió nuevamente en la estructura orgánica de la administración pública federal, la Secretaría de Seguridad, ahora con la acepción: “y Protección Ciudadana”, así como la puesta en marcha en 2019 de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador patentizó inicialmente entonces un discurso tendiente a no “viralizar” más la militarización en el país. El primer mandatario como férreo crítico de los mandatos de Calderón y Peña, adujo permanente que los fracasos institucionales en materia de seguridad radicaban justamente en el uso del ejército y de la marina para desempeñar tareas de seguridad pública. Duros discursos y fuertes embates desde su proyecto de nación surgieron y la icónica frase “Abrazos no balazos” ejemplificó de sobremanera su postura a tan trascendental tema.
Sin embargo, el pasado lunes conocimos del decreto presidencial que vuelve a poner al ejército, la Fuerza Armada permanente en las calles para combatir a la delincuencia y a reserva de ir conociendo la operatividad de tal determinación, no puede dejar de extrañar la contraposición discursiva con la agenda tangible que hoy deja ver, que hacia adelante la estrategia será nuevamente la militarización del país. La piedra que se desechó parece ser entonces, la piedra angular?