Cd. de México, 07 de mayo de 2020.- Ante el riesgo de que durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 se incurra en la contratación de empresas «fantasma», distintas organizaciones sociales hicieron un llamado a reforzar la vigilancia en los procesos de contratación.
En un comunicado conjunto, Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana consideraron que es necesario que haya una mayor fiscalización de las adquisiciones de bienes y servicios que se están realizando en el País.
«Se recomienda una fiscalización reforzada a través de la participación de los Órganos Internos de Control durante todo el proceso de compra», expusieron.
El pasado martes, Transparencia Mexicana y Tojil dieron a conocer que, salvo la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, el resto de los estados y la Federación no están reportando de manera transparente los recursos que están ejerciendo para enfrentar la pandemia, los cuales rondarían los 636 mil 372 millones de pesos.
El uso de empresas «fantasma» para desviar recursos públicos, recordaron las organizaciones, quedó demostrado en una investigación que Impunidad Cero y Justicia Justa realizaron, en la cual se determinó que, entre 2014 y 2019, diversas instancias del sector salud a nivel nacional asignaron contratos con recursos públicos por más de cuatro mil millones de pesos a ese tipo de empresas.
«Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana hacen un llamado urgente a las autoridades a establecer mecanismos de control que reduzcan el riesgo de que las contrataciones realizadas en el marco de esta emergencia sanitaria por el Covid-19 tengan como finalidad desviar recursos públicos del sector salud a través de las denominadas empresas fantasma», señalaron.
Para evitar la contratación de empresa fachada, recomendaron, las autoridades deben verificar antes de asignar un contrato que las empresas ofertantes no estén incluidas en el listado 69-B del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es donde se enlistas todas aquellas compañías que han sido detectadas con operaciones simuladas.
Además, añadieron, se deben tomar medidas adicionales para comprobar que las empresas que participan en el proceso de compra podrán cumplir con los requerimientos de la unidad compradora.
Se debe limitar la posibilidad de subcontratación y ejercer los mismos controles aplicados a las empresas contratadas.
Con información de: https://www.reforma.com/
