Análisis | Pedro Luis Noble Monterrubio | La seguridad jurídica en tiempos del Covid-19.
En el curso de la actual pandemia derivada del virus SARS–CoV-2 (Covid-19), sin duda alguna como sociedad nos encontramos en una reconfiguración total de las actividades diarias, desde la esfera personal hasta en el ejercicio de nuestros oficios y responsabilidades profesionales. Es importante entonces, para quienes ejercemos la ciencia jurídica, el analizar de forma amplía la figura de la seguridad legal en todas y cada una de las actividades propias de las ramas del derecho y compartir con la sociedad civil, los retos y alcances de este importante elemento jurídico.
Por supuesto en México partimos de un contexto global en torno a la emergencia sanitaria internacional, los acuerdos adoptados por el Consejo de Salubridad General (la autoridad máxima en materia de salud en el país) para fijar medidas de seguridad sanitaria y las restricciones a la movilidad de actividades no escenciales.
Existen marcadas afectaciones, como las que sufren las MIPYMES con severas dificultades para sobrevivir a esta coyuntura, teniendo a empresas relacionadas al turismo las que mayor impacto han recibido, la escases de flujos o liquidez inmediata, la pérdida de confianza en los instrumentos y mercados financieros, la contracción del PIB al -6.6 %, el freno al consumo por el cierre temporal de establecimientos mercantiles y el impacto a la economía familiar.
Frente a este panorama, surgen elementos del derecho en tiempos de la pandemia, así como para después de ella. Estos son: La seguridad y certeza jurídica, los derechos a ejercer y las obligaciones a cumplir.
Respecto al principio constitucional de la certeza jurídica, debe advertirse que es el basamento del Sistema Jurídico Mexicano y radica en la importancia de que el ciudadano debe saberse con la certeza jurídica a lo que tiene derecho y a “lo que debe atenerse”, respecto a lo que la ley establece. En este rubro, encontramos a la certeza jurídica inherente en cada rama del derecho, como el civil, el mercantil, el financiero, el laboral, el de familia, el de la seguridad social, el penal, el fiscal, el del consumidor, el empresarial, el notarial, el corporativo, el de la vivienda y por supuesto en las actuales condiciones, el de la salud.
Bajo mi ejercicio profesional como fedatario público, encuentro al notariado como aquella función garante de la confianza; como consejera, asesora, mediadora, formadora legal de la voluntad y conductora de la buena fe, de la prudencia jurídica y de la imparcialidad de las partes. Los notarios somos aliados naturales de las personas, más ahora en tiempos de la pandemia, que para superarla, se requiere de acuerdos de voluntad, de revisiones y reestructuraciones contractuales para dotarlas de seguridad jurídica. Y es entonces, cuando la revisión y replanteamiento de operaciones inmobiliarias, de sociedades mercantiles y civiles, así como de operaciones financieras y de crédito, serán prioritarias a efecto de patentizar el cuidado a los intereses de los intervinientes a un acuerdo de voluntades.
Hacia adelante y a la par de la seguridad jurídica en contrataciones y reestructuras, requerimos como sociedad de escenarios deseables en pro de nuestra estabilidad. Así, la consecución de estímulos fiscales, la transferencia de recursos a quienes resulten desempleados, la reasignación de partidas presupuestales hacia la inversión en salud e infraestructura hospitalaria, la austeridad al gasto corriente del gobierno, entre otros, serán determinantes para que México, Hidalgo y todos, superemos el complejo desafío del Covid-19.