Ciudad de México, 21 de febrero del 2020.
Fue el «Año de Hidalgo».
El Gobierno de Enrique Peña Nieto cerró el sexenio con derroche, saqueos, aviadores, liquidaciones millonarias, pagos inflados, obras inexistentes, transferencias sin justificar y contratación de empresas fantasma.
Y, además, tan sólo en 2018 se pagaron más de 5 mil 300 millones de pesos a medios de comunicación por supuestas campañas de publicidad que no se pudieron comprobar o documentar.
Ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2018, y calculó en 28 mil 876.9 millones de pesos como recuperaciones probables.
El sector que acumuló más irregularidades fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabezaba Gerardo Ruiz Esparza, con observaciones por más de 8 mil millones de pesos.
Entre las obras correspondientes a este sector que resultaron con irregularidades están la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En éste, la ASF detectó pagos indebidos en diversas fases de la construcción por 2 mil 598 millones de pesos.
La obra estaba a cargo del Grupo Aeroportuario de la CDMX.
El segundo sector con mayor monto fue la Secretaría de Agricultura con 6 mil 297.6 millones de pesos, debido a que se detectaron irregularidades en el otorgamiento de apoyos y subsidios a la producción.
El tercer sector con un monto mayor de recursos reclamados es el de las Empresas Productivas del Estado, que comprende a Pemex y a la CFE, la cuales acumularon 5 mil 348 millones de pesos.
Entre las irregulares que les fueron detectadas están las pérdidas que a Pemex le ha generado la planta chatarra de Agronitrogenados, que en 2018 tuvo una merma de 212.6 millones de dólares por el deterioro de tres de sus unidades de producción.
En el caso de la CFE las principales irregularidades fueron cometidas en la construcción y puesta en funcionamiento de diversos gasoductos.
También señaló que desde la Secretaría de Gobernación se concentró un gasto millonario de campañas de publicidad, y en 2018 se pagaron mil 800 millones de pesos en campañas sin documentación para justificar o acreditar.
Además se pagaron otros 3 mil 500 millones de pesos a medios de comunicación por supuesto adeudos de 2016 y se realizaron sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda.
El actual Poder Legislativo opera con opacidad en la comprobación de los gastos que realizan los grupos parlamentarios y se realizan contrataciones con pagos indebidos e irregulares, reportó la Auditoría Superior.
Al revisar el arranque de la 64 Legislatura, entre septiembre y diciembre de 2018, donde Morena es mayoría en ambas Cámaras, destaca la discrecionalidad y la negativa a comprobar el destino del dinero de los mexicanos.
Los diputados no comprobaron 433.6 millones de pesos, de los primeros cuatro meses de la Legislatura.
Con información de: https://www.reforma.com
