Cuernavaca, Mor., 02 de febrero del 2020.- Treinta y dos de los 36 alcaldes del estado de Morelos, en compañia de más de 8 mil de sus gobernados, tomaron el zócalo de Cuernavaca para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a los diputados locales, la entrega de mil cien millones de pesos que les dedujo la administración que encabezó el perredista Graco Ramírez, con el argumento de mejorar la seguridad en la entidad, propósito que hasta hoy no se ha logrado.
Los ediles aseguraron que mucho antes de que la 54 Legislatura aprobara el paquete presupuestal 2020 (la noche del 27 de enero pasado), los alcaldes solicitaron de diversas maneras a los diputados que les devolvieran el 5 por ciento que a partir de 2013 les descontaron los integrantes de la 52 Legislatura a petición del entonces gobernador Graco Ramírez, con el argumento de que formaría en ese tiempo el Mando Único policiaco.
A partir de las 9 de la mañana los manifestantes comenzaron a abarrotar la plaza Emiliano Zapata, donde realizaron un mitin y desmintieron a los diputados de que los 32 alcaldes pretendían aumentar el cobro de derechos municipales para compensar los recursos económicosrasurados
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Los alcaldes Adrián Cázares Gónzalez, de Zacualpan de Amilpas; Sergio Livera Chavarría, de Totolapan; Jasmín Solano, de Temixco; Agustín Alonso, de Yautepec; Juan Ángel Flores, de Jojutla, y Antonio Villalobos, de Cuernavaca, coincidieron en negar que pretendieran aumentar el cobro de derechos o crear nuevos impuestos municipales como mañosamente
han difundido, principalmente los diputados Rosalina Mazari (PRI), Marco Zapotitla (PES) y Dalila Morales (PAN).
Cázares Gónzalez, también presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal dijo que su única intención es que les den un presupuesto mayor a los 5 mil 420 millones 742 pesos que les asignaron este año a los 36 ayuntamientos, pues es insuficiente para atender las necesidades y obligaciones de sus municipios, entre otras el pago de los servicios públicos y la amortización de las deudas que heredaron de los ayuntamientos pasados.
Los alcaldes aseguraron que la misma demanda se la hicieron al gobernador Blanco Bravo desde enero de 2019, cuando iniciaron sus funciones, pero hasta hoy ni él ni los diputados les han restituido esos recursos que, según los inconformes, asciende a mil 100 millones de pesos.
En el mitin, los alcaldes llamaron traidores
a los diputados porque, aseguraron, a un año de que están en funciones no han sido capaces de reformar siquiera las disposiciones legales en las que Graco se basó para consumar esta quita; mucho menos para llamar a cuentas a los ex funcionarios acusados de robar parte del presupuesto morelense en la pasada administración (2012-2018).
Cada diputado le cuesta al erario 20 mdp al año
A los que más les gritaron que eran unos traidores del pueblo de Morelos fueron a Rosalina Mazari (del PRI), Marco Zapotitla (ganó por Morena y ahora es del PES) y la panista Dalila Morales. También traían mantas con las imágenes de los 20 diputados y de los 20 millones de pesos anuales que le cuesta al erario a cada uno de ellos.
Criticaron la incongruencia de los legisladores, pues prometieron ser austeros, porque la mayoría llegaron por Morena, el PES y el PT en la elección de 2018, pero resulta que se adjudicaron un presupuesto de 433 millones 500 mil pesos para este año.
Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lejos de intervenir a su favor, ordenó a la 54 Legislatura eliminar el impuesto adicional de las leyes de ingresos municipales a partir de 2020 por considerarlo ilegal
(según los ediles representa 25 por ciento de sus ingresos).
Livera Chavarría, alcalde de Totolapan, aclaró que los 32 ediles no están molestos porque el Congreso local no les aprobó sus leyes de ingresos de este año, ya que aseguró que podrán trabajar con las leyes de 2019 sin cobrar el impuesto adicional como lo mandató la SCJN.
E insistió en que los 32 alcaldes no presentaron aumentos de cobros de derechos o nuevos impuestos en las leyes de ingresos municipales, sino que algunos municipios propusieron ajustar la tabla de valores de cobros como el predial.
Los inconformes confían en que su reclamo sea atendido y resuelto por el gobernador Blanco Bravo el 4 de febrero, cuando el ex futbolista citó a los 32 alcaldes que se manifestaron ayer.
