16 de Enero del 2020.

**Reforma.*
*Liberó PGR de Peña 83 mdd a Collado*
En Andorra, Juan Collado era sospechoso de lavado y millonarias operaciones con dinero de origen desconocido realizadas entre el 2006 y 2015, pero en México fue exonerado por autoridades y jueces. En el sexenio de Enrique Peña, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exculparon al abogado y resolvieron que no había indicios de lavado, ni delitos financieros en sus millonarias cuentas que llegaron a Andorra.

**El Universal.*
*Gasolina subió en 2019 por encima de inflación*
Los precios de la gasolina se incrementaron por encima de la inflación el año pasado, pese a que uno de los compromisos de este gobierno fue que si subían sólo iba a ser en términos reales, es decir, al ritmo del indicador económico. Datos de la Comisión Reguladora de Energía muestran que la Magna, la más consumida en el país, pasó de un promedio de 18.32 pesos por litro en 2018 a 19.35 en 2019, un aumento de 5.6% equivalente a 1.03 pesos.

**Excélsior.*
*Permitirán espionaje fiscal y electoral*
La propuesta de reforma al sistema judicial abre la puerta a que el gobierno intervenga teléfonos para combatir delitos fiscales y electorales. “La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”, señalan los borradores. El cambio consiste en que se quitan los conceptos “fiscal” y “electoral” del listado que detalla en qué no pueden autorizarse escuchas.

*Milenio Diario.*
*Por “falta de consenso”, Senado frena proyecto de superfiscalía*
El Senado se negó a recibir el proyecto de reforma en administración y procuración de justicia destinado a crear una superfiscalía por “falta de consenso” entre los mandos de las instituciones involucradas, como FGR, Seguridad y Suprema Corte. Ricardo Monreal recibió ayer al jurídico de Presidencia, Julio Scherer; a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal Alejandro Gertz, quien anunció que será el 1 de febrero cuando intente someter de nuevo el paquete al Legislativo.

**La Jornada.*
*Ofensiva oficial para acabar con el outsourcing ilegal*
El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propósito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de prisión.

**El Sol de México.*
*Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing*
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal. De esos caso, 31 están ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, precisó Santiago Nieto, el titular de esa unidad.

**El Financiero.*
*Demanda IP certidumbre para invertir*
Las grandes empresas globales que operan en México enfrentan dificultades para atraer inversión desde sus matrices en otros países debido al discurso hostil que predomina en el gobierno federal y la falta de certidumbre sobre el cumplimiento de reglas. “Vemos con profunda preocupación cómo se ha incrementado la percepción de incertidumbre y hostilidad a la inversión privada. Nos está costando mucho trabajo convencer a nuestras casas matrices de invertir en México”, advirtió Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

**El Heraldo de México.*
*Igualan outsourcing a crimen organizado*
El gobierno federal, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, irá tras el outsourcing ilegal y los delitos por evasión fiscal serán equiparables a delincuencia organizada y de seguridad nacional. El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que las personas que presten ese servicio ilegal pueden ser sancionadas con prisión preventiva y oficiosa, con lo cual pueden llegar a recibir hasta 20 años de cárcel.