Una violación daña el cuerpo y reverbera en la memoria, expone a la víctima a un embarazo o contagio. Sus devastadores efectos permanecen y afectan también a familiares, amistades y parejas.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo Ngcuka, explica que el principal riesgo de violencia sexual para las adolescentes procede de sus novios o exnovios. Incluso, advierte, estas agresiones se dan en casas de familiares.
El hecho de que la mayoría de los casos no se denuncia y los agresores quedan impunes es una realidad casi universal. Para que las mujeres revelen se necesita, en primer lugar, una enorme fuerza para revivir la agresión, saber a qué instancia recurrir y a un determinado nivel de confianza en la respuesta de los servicios de ayuda, si es que existen.
La especialista expone que, en muchos países, las mujeres saben que, si denuncian una agresión sexual, es más probable que las culpen a que les crean. Además, tienen que lidiar con un injustificado sentimiento de vergüenza.
Los estudios demuestran que sólo un pequeño porcentaje de las adolescentes obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas busca ayuda profesional. Y menos del 10 por ciento de las mujeres que pidieron apoyo lo hicieron acudiendo a la policía.
La ejecutiva de la ONU señala que un paso positivo para aumentar la rendición de cuentas es conseguir que la violación sea ilegal en todo el mundo. “En la actualidad, más de la mitad de los países del planeta carece de leyes que tipifiquen explícitamente como delito la violación conyugal o que se basen en el principio del consentimiento”.
“Además de considerar la violación como un delito, debemos hacer más, mucho más, para que la víctima sea lo más importante de la respuesta y para que los agresores rindan cuentas”, expresa.
Esto implica reforzar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar estos delitos y apoyar a las sobrevivientes mediante procesos jurídicos penales, dándoles acceso a los servicios de justicia, policiales y de asesoramiento legal, además de los servicios sociales y sanitarios, especialmente en el caso de mujeres marginadas.
Contar con más féminas en las fuerzas policiales e impartirles capacitación adecuada es fundamental para que las víctimas vuelvan a confiar en la justicia y sientan que su denuncia se toma en serio en todas las fases de lo que puede ser un proceso complejo.
Para progresar también debemos derribar las muchas barreras institucionales y estructurales, los sistemas patriarcales y los estereotipos negativos sobre el género que perviven en los estamentos judiciales, policiales y de seguridad, al igual que en otras instituciones.
