Ciudad de México, 24 de septiembre de 2019.
Movimiento Ciudadano votará a favor de eliminar la condonación de impuestos y el perdón fiscal, para garantizar que el estado reciba los recursos a los que tiene derecho e incrementar así, la recaudación de ingresos públicos para impulsar su inversión en sectores prioritarios.
De acuerdo a la SHCP, la condonación consiste en el perdón total o parcial de créditos fiscales y constituye una renuncia por parte del Estado a los recursos que tiene derecho a recibir.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que mediante la condonación el Estado puede conseguir que 1) se incremente el bienestar material de los gobernados cuya capacidad contributiva es baja o 2) puede impulsar medidas para optimizar la recaudación.
Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestro país, las atribuciones constitucionales han permitido al presidente en turno de convertirse en el principal depredador de los ingresos públicos a través de injustificables condonaciones de impuestos.
De acuerdo a la SHCP, en total, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2007 a 2018) se condonaron 400,902 millones de pesos, de los cuales, el 54% se concentró en 108 contribuyentes del sector privado, 58 de ellos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Este monto representa 4 veces el presupuesto asignado al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. En ambos periodos fueron beneficiados 48 contribuyentes. De acuerdo al diario Reforma, entre las compañías beneficiadas por esa condonación de impuestos se encuentran televisoras, farmacéuticas, automotrices, mineras, grupos financieros y hasta equipos de fútbol.
Sin embargo, de acuerdo a Fundar, esta cifra asciende a 629 millones de pesos. Además, la organización confirmó que de 2015 a 2018, el SAT canceló créditos fiscales con valor de 317,593 millones de pesos, de los cuales, solo a 43 empresas se les cancelaron 100 mil millones de pesos.
También es importante considerar que, de acuerdo a datos de la SHCP, durante 2018 el 95% de las condonaciones se efectuaron al centil más alto. En la gráfica 1 se puede apreciar que 2013 ha sido el año con registro con mayor cantidad de condonaciones de impuestos con 219,612 millones de pesos.
De acuerdo a la ASF, en su auditoría financiera 16-5-06E00-02-0076, durante el periodo 2013 – 2016, del total de condonaciones durante 2016, el 70% corresponden a grandes contribuyentes. En el mismo sentido, en la auditoría 13-0-06E00-02-0035 la ASF comprobó que el SAT otorgó condonaciones de multas y recargos al 100% para cinco contribuyentes que omitieron el pago de retenciones de ISR e IVA de 2007 a 2011 y que de acuerdo al programa no eran susceptibles de condonarse.
La ASF concluye que, a cambio de beneficios económicos inmediatos, se están incrementando algunos riesgos fiscales como lo son la disminución en la percepción del contribuyente sobre el pago de contribuciones en tiempo y forma, lo que puede incrementar la cultura del no pago, aumento de evasión fiscal y disminución de recaudación.
Tradicionalmente, se ha echado mano de las condonaciones para apoyar a aquellos contribuyentes que hayan sido víctimas de desastres naturales o coyunturas sociales.
Condonación de accesorios a contribuyentes de diversas zonas de Baja California Sur afectadas por el huracán Odile (2014).
Condonación de accesorios para los contribuyentes de diversas zonas de Campeche y Tabasco afectados por el declive de la producción petrolera (2016).
Dado que estos descuentos fiscales dejarían de existir, se debe notar la necesidad de que a los afectados por este tipo circunstancias se les apoye a través del gasto público.
Los programas de amnistía fiscal tienen una larga historia y siguen siendo tan populares como siempre. La experiencia internacional muestra que la amnistía puede generar ganancias inesperadas de ingresos, que son particularmente deseables en tiempos de recesión o crisis financiera cuando los ingresos están bajo presión y los gastos están creciendo rápidamente.
Sin embargo, como asegura Transparencia Internacional, los programas exitosos de las amnistías fiscales son la excepción y no la norma, ya que, con el tiempo, la recaudación de ingresos netos y el cumplimiento pueden verse afectados negativamente.
La experiencia internacional demuestra que las amnistías fiscales pueden convertirse en paliativos a corto plazo a expensas de ingresos a largo plazo mucho más grandes, y dañan gravemente la democracia, creando la sensación de que hay una regla para los ricos y poderosos, y otra regla para todos los demás.
Según una investigación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es poco probable que los programas de amnistía tributaria brinden beneficios que excedan sus costos reales. De hecho, el FMI sugiere que las amnistías independientes repetidas pueden conducir a una erosión de los ingresos brutos recaudados de cada amnistía sucesiva, y puede afectar negativamente el cumplimiento general de impuestos.
De acuerdo a la OCDE, los datos sobre los activos recuperados de los programas de amnistía fiscal parecen indicar que estas iniciativas han sido beneficiosas para los ingresos públicos en distintos países. Por ejemplo, Argentina supuestamente recuperó casi USD 100 mil millones, Brasil casi USD 16 mil millones e Indonesia USD 321 mil millones durante sus programas en 2016. Sin embargo, estos programas también han sido criticados por diversos motivos, y sus implicaciones a largo plazo aún no se han analizado.
En el caso de Brasil, la amnistía tributaria durante el año 2017 estuvo entre los casos más discutidos probablemente debido a sus implicaciones políticas y al contexto general de escándalos de corrupción continuos en los últimos años.
Para el caso de nuestro país, como asegura Fundar, las amnistías fiscales en México garantizan al gobierno recibir una parte de lo que las personas no han pagado, sin embargo, dichas políticas no han sido efectivas y han servido para beneficiar a grandes contribuyentes, lo que, de acuerdo a la ASF, incentiva la evasión fiscal y afecta negativamente la confianza en las autoridades.
Texto y Foto: Cámara de Diputados
